Gobierno elige el peor momento para impulsar Ley de Insolvencia

En medio de la peor crisis económica de por lo menos los últimos 70 años y con un gran porcentaje de empresas  con escaso capital operativo y con el agua hasta cuello por deudas atrasadas,  avanza el proyecto de Ley de Insolvencia, que entre otros puntos polémicos abre la posibilidad de que los acreedores pidan convocatoria, caso no llegar a un acuerdo en un plazo de 150 días (60 días  de mora y 90 días  de plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza o carácter.). Se crea también la figura del acuerdo extrajudicial de reorganización.

Se trata de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, cuyos articulados fueron redactados en un contexto de dinamismo económico -en marzo de 2019- cuando nadie se imaginaba el catastrófico escenario económico que traería consigo la pandemia de Covid-19.

Los gremios empresariales no están del todo en contra, pero piden que se revean algunos artículos y se adecue a la difícil coyuntura que arrastran las empresas por el bajón del consumo interno y las inversiones.

En líneas generales, estipula soluciones en el ámbito administrativo y resta protagonismo a la Sindicatura General de Quiebras. Para el Poder Ejecutivo y los senadores que dieron media sanción, se trata de una ley que el país necesita para adecuarse a estándares internacionales y así mejorar el clima de negocios.

Sin embargo existen muchas dudas sobre el alcance, lo cual generó una gran preocupación y desinformación, principalmente entre las pequeñas y medianas empresas, desde la semana pasada; cuando  se  puso sobre el tapete el proyecto que no estaba en el radar de gran parte de la prensa.

Las falencias comunicacionales por parte del Ministerio de Justicia, impulsor del proyecto, terminaron por generar confusión en el mercado.

Ayer se llevo a cabo una audiencia pública en Diputados de modo a socializar el proyecto y recoger puntos de vista de los agentes. Los diputados del PLRA y Patria Querida se pronunciaron en línea con la preocupación empresarial de que no es un momento propicio para aplicar esta ley, caso sea promulgada.  La Cámara Baja tiene tiempo hasta el 13 de noviembre para modificaciones o rechazo, caso contrario, tendrá sanción ficta.

Mipymes

Iván Airaldi, de la Cámara de Comercio de Alto Paraná, llamó la atención a que los acuerdos de pago están  supeditados al acreedor de modo a iniciar el proceso de quiebra. “Con esto, el Gobierno se lava las manos diciendo: arreglen con los bancos”, señaló el empresario.

Pidió corregir este artículo al tiempo de enfatizar que no es el momento adecuado para este tipo de ley. “Hoy más del 50% de las empresas están con problemas financieros”, subrayó.

También llamó la atención a que el proyecto no se socializó y que en líneas generales presenta herramientas interesantes. Hay que buscar un punto de equilibrio, es una herramienta con propuesta interesante, pero puede generar problemas sociales, de aprobarse como salió del Senado, acotó.

Sobre la  Sindicatura General de Quiebras, dijo que va al otro extremo, porque juegan más a favor del deudor.

Sugerencias

Por su parte, Bruno Defelippe, en representación de  la Asociación de Emprendedores del Paraguay  (Asepy)  coincidió que el proyecto presenta puntos interesantes y positivos, al tiempo de sugerir que el artículo relacionado a la convocatoria de quiebras entre en vigencia dos años después de la promulgación, dada la difícil coyuntura actual y de modo a  resguardar a las empresas que hoy están en dificultades.

La Ley de Insolvencia, que va de la mano de Ley de Empresas de Acciones Simplificadas, hacen parte de un paquete. El lado positivo es que da mayor flexibilidad a las empresas a  la hora renegociar las deudas. Por ejemplo, antes si uno quería renegociar con los acreedores  estaba prohibido a un plazo mayor de 4 años, hoy ya no hay límites, señaló.

Otra de las ventajas, desde su punto de vista,  es que antes la quita máxima llegaba al 50% y hoy ya no hay  límites; son beneficios porque permiten al deudor sentarse en la mesa de negociación con acreedores con mayor flexibilización, agregó.

Hay dos temas delicados, el primero es que estamos en pandemia y empresas débiles, se podría incluir que entre en vigencia una vez que pase el impacto de la pandemia. El segundo tiene que ver con la exigencia de los 90 días para declarar insolvencia; este elemento se podría eliminar en lo que respecta a las mipymes, propuso.