Lo barato salió caro

Si bien todavía es temprano para proyectar costos definitivos de la pandemia, estos primeros 6 meses ayudaron visibilizar las consecuencias iniciales y establecer las vías por las cuáles los déficits de las políticas públicas incidirán en el desarrollo futuro del país, señala en su investigación la economista Verónica Serafini, del Cadep.

La pandemia le encontró a Paraguay como uno de los países de la región peor posicionados en materia sanitaria debido a la baja inversión pública en salud, lo que a su vez trae aparejado un alto gasto de bolsillo. El 23% de la población está en riesgo de gasto de bolsillo catastrófico2. Es decir, en caso de una enfermedad, deberá recurrir a un alto nivel de gastos con respecto a sus ingresos (30% o más) para enfrentarla, resalta.

Uruguay, Costa Rica y Argentina son tres de los países con mejores condiciones sanitarias si tenemos en cuenta, por ejemplo, los años promedio de vida y las tasas de mortalidad. En paralelo, los niveles de inversión en salud son los más elevados de la región, promediando el 6% del PIB que se estima cómo mínimo para satisfacer las necesidades de salud de la población.

Los países de la OCDE invierten alrededor del 12% del PIB anualmente. Paraguay invierte alrededor del 4,1% del PIB en salud pública y verifica uno de los gastos privados más altos de la región con el 3,9%, solo por debajo del Brasil (5,2%), Honduras (4,3%).

La reducida inversión pública en salud se traduce en baja cobertura y calidad de los servicios públicos. Los dos siguientes gráficos dan cuenta de esta situación. De nuevo, países como Uruguay, Argentina y Costa Rica lideran la región en los indicadores sanitarios, mientras que Paraguay se ubica entre los 6 países de peor dotación de recursos humanos y tecnología.

Ilustración 1: elaboración Cadep en base a datos de la tabla anexa

Ineficiencia

Si bien Paraguay se encuentra entre los países que menos recursos dedican a la salud, algunos organismos internacionales han señalado que el país, con este nivel de gasto podría tener mejores resultados. En primer lugar, la fragmentación del sistema de salud es una de las primeras causas de ineficiencia, con lo cual el objetivo
de implementar la ley 1.032/96 y crear sistema de salud es la primera acción.

En segundo lugar, dada la corrupción observada, cambios sustanciales en el marco jurídico del sistema de compras públicas, de las regulaciones al sector privado para impedir colusión y tráfico de influencia y menores niveles de impunidad ayudarían a reducir las sobrefacturaciones y otras conductas que contribuyen a la ineficiencia del
sector.

Finalmente, hay recursos en el área de salud que encarecen la política por su alto costo como los destinados a financiar los seguros privados de los funcionarios públicos. Esta medida, además de ineficiente en el presente, es insostenible en el futuro, ya que los funcionarios beneficiados, una vez que se jubilen perderán la cobertura y deberán ser atendidos por los establecimientos públicos.

En este caso, el sector privado les atiende en un periodo de relativamente buena salud y en la vejez, cuando la prevalencia de enfermedades y los costos derivados de ella son mayores, pasan a ser usuarios del sistema público cuyos recursos son exiguos.

Desde esta perspectiva, aun cuando pueda mejorarse la eficiencia con un funcionamiento efectivo del sistema de salud y reduciendo la corrupción, todavía quedarán pendientes aumentos de cobertura y en la calidad de la atención que requerirán recursos adicionales. La evidencia empírica existente en los países desarrollados indica que se requiere una inversión en salud equivalente al menos al 6% del PIB para ofrecer un piso mínimo de servicios de salud.

Fuente: Cadep