La tensión continúa en la comunidad indígena de Loma Piro´y, en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, donde el jueves pasado una banda de unos 30 hombres armados, desalojó con armas de fuego y picanas eléctricas a las 40 familias mby´a guaraní de las tierras que habitaban y que reivindican como territorio ancestral.
Según las denuncias que están haciéndose públicas, el grupo de atacantes actuó a sueldo de dos productores sojeros que se adjudican la propiedad de la tierra, a quienes la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) identificó como Marcos Drichs y Evandro Hildebrand; éste último, curiosamente, tiene el mismo apellido que el intendente de Raúl Arsenio Oviedo, Eddy Neufeld Hildebrand, del Partido Patria Querida, a quien varios testigos ubican en el lugar en el momento del ataque. “El acompañó a los matones”, dijo Mario Rivarola, de la ONAI.
El Nacional intentó comunicarse en varias oportunidades con el intendente Neufeld, pero éste jamás respondió a las requisitorias sobre una acusación que en los próximos días seguramente estará siendo oficializada en el Ministerio Público, tal como adelantaron los líderes indígenas, que este martes recibieron la visita de una comitiva de las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, del Senado, encabezada por el senador Jorge Querey, del Frente Guasú.
El parlamentario documentó de primera mano el relato de los hechos y la situación en que están viviendo las familias mby´a expulsadas, que se asentaron en un campamento cercano a la finca en disputa y son permanentemente amedrentadas con disparos al aire por los atacantes, quienes montaron un retén a muy corta distancia.
Querey informó que entre las víctimas del violento ataque del jueves, hay varios niños, niñas, mujeres y ancianos con fracturas y golpes, sin que hasta ahora el gobierno, a través de sus organismos como el INDI, y el Ministerio Público hayan tomado nota de los hechos y la situación.El parlamentario hizo notar la grave irregularidad de situaciones que suelen repetirse en el país, en que “bandas armadas al servicio de agroexportadores ejercen la fuerza”, responsabilizando a la Fiscalía de la zona por no actuar. “Creo que es una grave irresponsabilidad de la Fiscalía el no haber intervenido antes y esperemos no tener que lamentar una situación de violencia, en la cual hago directamente responsable a la Fiscalía de la zona por cuanto que ya tienen denuncias con respecto a esta situación”, manifestó.
Agregó que ya existen dos denuncias, de las que nunca se tuvo ninguna respuesta. Aseguró que él mismo presentará una tercera denuncia, dejando constancia de lo que pudo testimoniar en su visita a la zona, incluido el retén de unos 15 hombres armados en medio de un camino público.
El parlamentario recordó que “legalmente los únicos organismos con la facultad para el ejercicio de la fuerza son las fuerzas policiales o militares”. Adelantó que realizará un relatorio detallado y lo elevará tanto al Poder Legislativo como a otros organismos encargados de documentar “los atropellos que sufren los pueblos indígenas en nuestro país”.
Las tierras
En relación con las tierras que reivindica la comunidad mby´a de Loma Piro´y, desde el INDI se señala que efectivamente hay en trámite un expediente sobre unas 140 hectáreas, que la Asesoría Jurídica de la institución parece haber desempolvado ahora, al haber tomado estado público el ataque de la semana pasada.
“Están en una propiedad privada, pero en la Constitución paraguaya es muy claro que los derechos de los pueblos originarios es anterior al Estado y la misma Constitución”, afirmó el abogado Basilio Franco, asesor jurídico del INDI. Franco prometió que la INDI “encaminará gestiones” para que las familias mby´a puedan regresar a sus tierras, y también "acompañará las acciones judiciales en el Ministerio Público".
La situación de la comunidad mby´a de Loma Piro´y, que habitaban en precarias chozas que fueron quemadas por los atacantes del jueves, ubicadas en medio de un mar de soja que, según la comitiva del Senado, había incluso cubierto el cementerio de la comunidad, es una escena que se repite en el mapa de los pueblos indígenas en el país, como también los episodios de violencia y los desalojos forzosos a mano de civiles armados.Según la organización BASE-IS, al menos el 30% de las 700 comunidades indígenas que existen en el país tienen algún tipo de inconveniente con la posesión de las tierras que ocupan; conflictos que mayormente están relacionados con el avance de la frontera agrícola.
Lea Schvartzman y Sofía Espíndola, del Grupo Sunú de Acción Cultural, autoras del libro “Con la soja al cuello”, publicado en 2017, señalan que los sucesivos gobiernos no han buscado fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas, ni garantizar el acceso de las comunidades a sus territorios, sino que por el contrario han facilitado por omisión las estrategias de expansión del agronegocio, que en la gran mayoría de los casos se ejecutan mediante la fuerza, tal como se vio en estos días en Loma Piro´y, y ya se observó el 28 de octubre de 2018 en la comunidad Ava Guaraní Chiripá, de Tacuara´i, en Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, a menos de un kilómetro de la frontera con Brasil.
