Sonia Bareiro es abogada, especialista en políticas públicas, directora ejecutiva de la organización Líderes para el Desarrollo, que en estos momentos está poniendo a punto tres proyectos de leyes que pretenden cambiar la matriz de la seguridad del Estado frente al desafío que significa el combate al crimen organizado y la insurgencia armada.
Bareiro opina que las instituciones del Estado paraguayo “están muy degradadas”. Señala que esto es así, porque “no hicimos la tarea” después de la dictadura. Dice que a diferencia de los demás países del continente que también vivieron dictaduras, en el caso paraguayo, “el mismo sistema que venía consolidándose durante los 35 años, se desprendió de un poco de lastre para continuar; no hubo un corte, y esa es la característica de nuestra transición, que es lo que hace que parezca que no tiene fin”. “La transición es una etiqueta que nos sirvió para no hacer las cosas; no construimos instituciones sólidas, no resolvimos los problemas”, afirma.
La abogada sostiene que la construcción de institucionalidad es un trabajo de doble vía, porque trae consigo el cambio cultural que supone la construcción de ciudadanía, ya que “no se pueden tener instituciones funcionando, impactar en la cultura, sin una ciudadanía activa, y que esa ciudadanía derive en actitudes personales, como construirse uno mismo como ciudadano y tomar su papel”. Esto último, señala la abogada es lo que saca al concepto del campo de la abstracción.
Instituciones degradadas
“La cuestión del Estado me preocupa desde hace mucho tiempo”, sostiene Bareiro. El hecho de haber vivido varios años en Alemania le permitió conocer el funcionamiento institucional de los países europeos, en los que también ve fallas, pero que la hicieron interpelarse sobre las razones que llevan a que las cosas no funcionen aquí, y que la ciudadanía aparezca siempre librada a su suerte, o esquilmada por un Estado paquidérmico que no ofrece ninguna contraprestación de calidad.
“La administración pública no está devolviendo con servicios lo que estamos depositando en concepto de impuestos”, señala Bareiro. Afirma que “si el Estado es una sociedad, con una Constitución, está obligado a honrar los pactos”.
“Por ejemplo -dice- nosotros pagamos impuestos a cambio de seguridad, que es la política pública más importante; te tiene que asegurar la cuestión vital, que puedas hacer cosas tan simples como ir al trabajo, mandar tus hijos a la escuela”. “La seguridad es que uno pueda hacer uso de su derecho constitucional, buscar su felicidad, prosperidad, hacer su propia vida, y que no tenga que correr riesgos por eso”, define.
Afirma que “la seguridad es un concepto multidimensional”, que incluye tanto la llamada “seguridad jurídica”, que “uno pueda hacer previsiones, firmar contratos con la certeza que se van a cumplir, o que hay una instancia que va a resolver el conflicto”, explica Bareiro; y también aspectos como la educación, la salud, trabajo y acceso a la vivienda.
“Construir institucionalidad significa que yo como ciudadano aporto y lo que aporte se me devuelve como servicio público; esa es la principal falla, nuestras instituciones no tienen niveles aceptables”, sostiene la abogada.
“Las instituciones se han venido degradando; tenemos por un lado toda una población económicamente activa, aportando, trabajando, muchos en condiciones muy precarias, y nuestra administración pública no está orientada al ciudadano, no presta buen servicio”, señala. Argumenta que “en términos de educación se nota claramente el fracaso; y en términos de salud estamos viendo que la pandemia nos pone contra las cuerdas, y podría haber sido mucho peor”.Bareiro opina que la pandemia de Covid-19, que posiciona a Paraguay con cifras innegablemente positivas en comparación con otros países de la región, mostró de manera cruda la fragilidad institucional del país.
“Otra vez la acción descansa en el ciudadano, la responsabilidad, las ollas populares; el gasto lo estamos haciendo otra vez los ciudadanos; estamos comprando, tomando distancias; nos encerramos; incluso las privaciones en los niveles más bajos también se han resuelto en una cultura de solidaridad, que sí tenemos, y que nos ha servido en la guerra, en las inundaciones, en las sequías; una cultura de solidaridad, fruto de la adversidad y también de la ausencia del Estado a lo largo de la historia”, sostiene Bareiro.
Sus años en Europa le mostraron, en este sentido, países que institucionalmente “funcionan como relojitos, pero donde no hay solidaridad directa, más de la vecindad, que es lo que nosotros sí tenemos”.
Corrupción generalizada
“Y como el resto de nuestras fuerzas públicas, la Policía y las Fuerzas Armadas, están muy descuidadas; necesitan de intervención desde los más altos niveles de conducción; ocuparse de que estén en condiciones, que cumplan el fin para el que se han sido constituidas, que se manejen dentro del marco de la ley, y sobre todo que ofrezcan resultados”, afirma Bareiro.
Su organización trabaja varias iniciativas, que han sido socializadas incluso con estamentos del gobierno al más alto nivel, tendientes a modernizar las fuerzas policiales y militares, garantizar su financiamiento y controlar sus resultados.
Pero, aquí también la problemática tiene múltiples dimensiones. Dice Bareiro que “la criminalidad en Paraguay no está tan mal; a la gente no le gusta escuchar esto, pero si sacamos a Amambay de las estadísticas, la tasa de homicidios muestra números bastante aceptables comparativamente con otros países”. “Claro que esto no tiene un desarrollo lineal -explica-, porque si tenés corrupción generalizada, si tenés amenazas de grupos armados que no manejamos ni controlamos; si tenés en estado calamitoso las cárceles, una administración de justicia que lleva a la impunidad, el escenario se complejiza”.
“Nuestras fuerzas públicas no están en condiciones de brindar seguridad, de hacer frente a las amenazas que son crecientes; si uno mira todo el sistema comprueba que tenemos problemas en los tres poderes del Estado”, sostiene.
Dice que para aproximarse a esta realidad es necesario “ampliar la visión y no mirar sólo a los uniformados, sino mirar la Fiscalía, el Poder Judicial, todo eso impacta en los niveles de seguridad o inseguridad que tenemos”. “No existe criminalidad sin protección en los más altos niveles”.
La corrupción en este sentido es una pesada carga que impide al país un salto hacia adelante. Afirma Bareiro que mientras “no avancemos en una lucha seria, responsable, contra la corrupción no vamos a poder resolver nuestros problemas institucionales”.
Bareiro se pregunta “¿por qué no habría corrupción en la Policía o las Fuerzas Armadas si estamos en un estado de corrupción generalizada?”. Dice, por ejemplo, que no cree que la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC), que combate al EPP en el norte, “tenga niveles de corrupción más altos que la media”.
“Tenemos que ocuparnos urgentemente, el grado de corrupción que hay depende mucho de la construcción institucional y el desarrollo de mecanismos para controlar que haya transparencia”, sostiene.
Invertir en las fuerzas públicas
“Lideres para el Desarrollo” trabajó en un diagnóstico de la situación de la seguridad en el país con expertos en el diseño de instituciones y de operaciones.
Bareiro considera que en razón de los límites presupuestarios de que dispone el Estado paraguayo, la FTC es una solución bastante racional y realista para hacer frente a grupos armados como el EPP y otros del crimen organizado que operan en el norte del país.
“La policía además es una institución civil, tiene su ámbito de acción delimitado; pero estas nuevas amenazas son distintas; tienen armas de guerra, entrenamiento militar, doctrina militar; si pusiéramos a la policía nos quedaríamos cortos o tendríamos que militarizar la policía”, explica la especialista.
Dice que por esto es que se hace necesaria una reformulación de las fuerzas policiales y militares. La Policía necesita profesionalizarse, formarse académica y vocacionalmente; sus miembros deben seguir con orgullo la carrera policial, con asignaciones suficientes para disuadirlos de la corrupción.
En cuanto a las Fuerzas Militares, Bareiro las considera “napoleónicas, sirvieron en la Guerra del Chaco, tuvieron éxito; son gloriosas por su historia, pero están desactualizadas, con un gran problema de diseño institucional”.
Opina que uno, y acaso el mayor de esos problemas, descansa en el papel que cumple el Ministerio de Defensa, con un ministro que no forma parte de la cadena de mando como en la mayoría de los países del mundo, lo que de alguna manera siembra desconcierto hacia el interior de las fuerzas militares, huérfanas de conducción política.
“Hay que incluir al Ministro de Defensa en la cadena de mando, darle autoridad real; para esto ni siquiera hace falta una enmienda constitucional, es perfectamente realizable a través de una ley”, señala.
Bareiro agrega que el trabajo de su organización concluyó que las fuerzas armadas paraguayas deben actualizarse con la creación de “unidades altamente operativas, que estén en condiciones de operaciones conjuntas con otras instancias”. Dice que el hecho que las FTC, por ejemplo, no tengan posibilidades de operaciones nocturnas por la falta de equipamiento adecuado es una clara muestra de la desinversión en el área.
“Tenemos que invertir en seguridad”, afirma Bareiro, argumentando que “sí, es un servicio caro, costoso, pero tiene que funcionar y ofrece resultados. Dice que aunque parezca un cliché, “sin seguridad no hay desarrollo, uno puede crecer al 6% anual, pero si tu casa tiene cupi´i igual se va a caer; le pasó a México, y no está pudiendo resolverlo, y tenemos hoy un estado arrodillado”.
