Convención colorada termina por romper Concordia y Alliana amenaza a Abdo Benítez
La Convención prevista para el 14 de noviembre próximo, donde la cúpula del Partido Colorado pretende extender los mandatos partidarios hasta 2022, con la excusa de la pandemia de coronavirus, desató una verdadera tormenta interna, resquebrajando la publicitada unidad que se concretó con el abrazo republicano de Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes y la constitución del movimiento Concordia Colorada.
Y precisamente como fruto del primer desprendimiento de Concordia, 6 senadores (ex cartistas e independientes) se reunieron este viernes con miembros de la Junta de Gobierno con el objetivo de evitar la prórroga de mandato de autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR), previsto para la Convención Nacional virtual.
La parlamentaria Lilian Samaniego se destacó en el liderazgo de este nuevo frente de oposición denunciando que “la ANR es un partido ausente y con espíritu de persecución”.
“La herramienta es el diálogo. Debemos respetar todas las diferencias entendiendo que todos nos necesitamos. No hay colorado de primera o segunda. Se viene un gran desafío por primera vez, se va a llevar un nuevo sistema de voto en las municipales con la Ley de Financiamiento Político, va a ser complejo”, indicó Samaniego, que fuera presidenta de la ANR.
Destacó la necesidad de hablar y escuchar a todos a fin de conseguir que el Partido Colorado sea la herramienta que la ciudadanía espera. “Para que a través del partido se mantengan los principios que la gente quiere, como una vida digna”, dijo.
"Nos duele tener un partido ausente, un partido a puertas cerradas", afirmó Samaniego, al tiempo de denunciar que el Tribunal Electoral Partidario (TEP) no ofrece garantías para la participación de los colorados. “Lastimosamente este tribunal no tiene autoridad moral porque se convocó a elecciones a los jóvenes y mujeres, y ellos se burlaron eso no puede ser. Se debe renovar a estas autoridades”, acotó.
Denunció además el espíritu de persecución que caracteriza la administración del diputado Pedro Alliana, argumentando que “se están reeditando los errores pasados negando la participación de todos". "Quiero diálogo y respeto” concluyó.
De la reunión, además de Samaniego, participaron los senadores Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Enrique Riera y Juan Afara, como así también ex miembros del TEP, como Blas Chamorro, Carlos Romero Pereira, y dirigentes de movimientos internos.
Amenazas a Marito
Entretanto, el titular partidario, el diputado cartista Pedro Alliana, acusó a los parlamentarios que se oponen a la prórroga de mandatos de buscar cargos en el gobierno extorsionando al presidente Mario Abdo Benítez.
"Ojalá esto no llegue a una extorsión política para sacar beneficios propios para algunos que supuestamente están en contra de esta convención, hay muchos que están acostumbrados a eso, a descomponer un poco a los convencionales, a la dirigencia y luego te traen supuestamente la solución, pero vienen a pedir más cargos o negocios al presidente de la República o algún ente del Estado”, argumentó en declaraciones a una televisora del Grupo Cartes.
De paso, Alliana virtualmente amenazó a Abdo Benítez con quitarle la “gobernabilidad” en Diputados si éste acompaña al bloque disidente. “Ojalá el Presidente se ponga firme, porque tiene un bloque colorado en la Cámara de Diputados que le dará gobernabilidad”, afirmó.
“Acá no habrá fuera de lugar, vamos a mostrar a los convencionales lo que se quiere hacer, no es inconstitucional como ellos dicen”, sentenció el titular colorado a la disidencia que se opone a prorrogar los mandatos partidarios y amenaza con llevar el caso a la Justicia.
Alliana insistió en lo de la “extorsión política” y acusó a sus opositores de “aborrecer la unidad del Partido tratando de llegar a un lugar o espacio, que con sus estructuras no pueden alcanzar, y entonces esperan que se les ubique en algún lugar o lista”.
“Te vas a hablar con ellos, no sólo 24, sino 25 horas y no les llegarás a convencer porque tienen su hoja de ruta marcada y su forma de hacer política”, dijo.
Sin concordia
Lo cierto es que la intención de la cúpula colorada de extender los mandatos partidarios mediante la Convención en ciernes, está siendo sumamente cuestionada desde su anuncio.
Ya en la celebración de los 133 años de la ANR, en septiembre pasado, podía adivinarse la tensión en un acto, donde si bien no hubo el distanciamiento físico obligado por la pandemia de Covid-19, que casualmente es el argumento de Alliana para la prórroga de mandatos, el clima no fue claramente de “concordia”.
Para el oficialismo, el pacto con su principal y poderoso adversario, el expresidente Horacio Cartes, responde más a la lógica extorsiva de sostener la gobernabilidad de Abdo Benítez a cambio de, entre otras cosas, el blanqueamiento de miembros del cartismo investigados por corrupción.
Por otra parte, tampoco la plataforma digital elegida para la realización de la Convención virtual de este año goza de respaldo de buena parte de la dirigencia, que incluso llegó a plantear la presentación de un amparo judicial que detenga el evento asambleario del 14 próximo.
Otro que en su momento amenazó con recurrir a la Corte Suprema de Justicia para detener la prórroga de mandatos, es el senador Enrique Riera, que aparece cada vez más desmarcado del cartismo. “El partido no está funcionando como institución y entra en la ilegalidad”, había señalado Riera a El Nacional.
“Si insisten con llevar adelante vamos a seguir nuestro camino jurídico; vamos a ir a la Justicia Electoral y luego a la Corte; vamos a hacer todo lo necesario para que el pueblo colorado pueda ser escuchado”, había dicho el parlamentario, aunque las cosas siguieron su curso y hasta ahora no hizo efectiva su intención de judicializar la Convención.
El mismo secretario de la Comisión Ejecutiva de la ANR Fernando Ayala, admitió a medios radiales que la Constitución Nacional no fue analizada “en profundidad” a la hora de decidir prorrogar el mandato de las autoridades partidarias hasta 2022.
En la misma línea que Alliana, Ayala argumentó en la ocasión que la emergencia sanitaria constituye una “situación muy especial”, pero reconoció que “desde el punto de vista constitucional no hubo un análisis profundo de la situación”.