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Vía nota, legisladores solicitarán a Peña vetar ley de conflicto de intereses

El diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González. Foto: Gentileza.

El diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González. Foto: Gentileza.

Los legisladores del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, senadora, y Raúl Benítez, diputado, anunciaron este jueves que presentarán al presidente de la República, Santiago Peña, un pedido para que vete el proyecto de ley que modifica artículos de la ley de conflictos de intereses. Sostienen que, con esto, Peña demostrará quién en realidad gobierna el país.

“Hoy vamos a presentar una nota al presidente y solicitar de manera oficial el veto de las modificaciones y derogaciones a la ley de conflicto de intereses”, expresó primeramente González.

Según alegan, dichas modificaciones y derogaciones desvirtúan absolutamente la esencia de esta ley e incluso mutila y cercena obligaciones y abstenciones de autoridades.

“Esta ley se mutiló para fortalecer el negocio privado del que gobierna a Santiago y para eso se utilizó el Estado”, acusó por su parte Benítez.

Asimismo, el diputado indicó que esta será una prueba para Peña. “Va a demostrar si gobierna él o una persona fuera del Gobierno”, acotó.

Modificaciones

Se eliminó y modificó una gran cantidad de artículos de la Ley 7.089, que establece el Régimen de Prevención, corrección y Sanción de Conflictos de Intereses en la Función Pública. Un total de 18 artículos de la presente ley fueron modificados y cuatro derogados, con estas modificaciones la normativa no obliga a declarar vínculos.

Se eliminó la sanción de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de hasta 5 años para los exfuncionarios que incumplieran las prohibiciones previstas en el artículo 24, que también fue eliminado, además del 25 y 26.

Entre los artículos modificados se encuentran el 3, inciso g, que consisten en limitar el grupo familiar hasta cónyuge o conviviente e hijos mayores de edad. En la actual ley, alcanza a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutelas.

La normativa también fue conocida como ley de puertas giratorias y buscaba evitar que funcionarios de alto rango se pasen al sector privado con información delicada o sensible del manejo público.

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