Sojero sigue sin pagar la multa ambiental más grande impuesta en el Paraguay

La conocida organización ambiental estadounidense Inquire First, a través de su proyecto Bajo La Lupa, reveló que la multa por delito ambiental más grande jamás impuesta en Paraguay, sigue sin pagarse. Se trata de los USD 216.700 que debe cumplir el empresario brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira, productor del rubro de la soja en nuestro país, quien -según se comprobó- deforestó 20.000 hectáreas del Bosque Atlántico entre los años 2011 y 2020.

La investigación periodística, realizada por colaboradores paraguayos pero propiciada por la ONG extranjera, recuerda que en el 2015 el empresario en cuestión ya fue acusado por la Fiscalía por desmonte y destrucción de formaciones vegetales, específicamente en zona de la Estancia Paso Kurusu, departamento de Canindeyú.

Fuente: investigación de la organización estadounidense Inquire First, proyecto Bajo La Lupa.

Según el reporte, 20.000 hectáreas de tierra fueron totalmente despojadas de árboles nativos del Bosque Atlántico, uno de los últimos grandes remanentes de espacios verdes de Sudamérica. Estas hectáreas están protegidas por una ley nacional desde el 2004. Sin embargo, al sojero brasileño poco le importó la normativa vigente.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), siempre según el informe, emitió la multa más grande jamás impuesta en el país, por la deforestación de doce propiedades al señor Teixeira, en el 2017. Se trata de una multa de USD 216.700 (unos G. 1.400 millones), monto que no saldó hasta la fecha.

En nuestro país, el empresario en cuestión es uno de los mayores productores de soja y fue denunciado en reiteradas ocasiones por la tala indiscriminada de árboles.

Pero el delito ambiental no solo se limitaría a la destrucción de los bosques nativos, y que tendrían que estar protegidos, sino que también se habría apropiado de fincas pertenecientes a comunidades indígenas. Según el reporte, se trataría de 123 hectáreas, en un primer término.

Fuente: investigación de la organización estadounidense Inquire First, proyecto Bajo La Lupa.

En otra parte, la investigación señala que ex autoridades de la cartera ambiental paraguaya afirmaron que Teixeira nunca fue cumplidor de los requisitos ambientales y que ya lleva más de 20 años acumulando denuncias al respecto.

Asimismo, se menciona que no sería el único en incurrir en esta clase de delitos, señalando que habría otros empresarios dedicados al mismo rubro que estarían dañando grave e impunemente las reservas forestales.

En la parte final del informe, se reclama que la Justicia de nuestro país no cuenta en su haber una sola condena por delitos ambientales, específicamente deforestación, en este caso. Además, se destaca que el ministerio del ambiente no posee la capacidad operativa suficiente para realizar los controles correspondientes así como exige la normativa.