Mecanismo que investigó metrobús entierra caso con lapidario informe

El Mecanismo Independiente de Investigación ligado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un comunicado oficial desde Washington, el 27 de mayo pasado, anuncio el cierre de la investigación del préstamo del metrobús, además del desembolso de la totalidad del préstamo el pasado 17 de diciembre.

En un  lapidario informe al que accedió El Nacional señala que se violaron políticas operativas del banco y recomienda que para próximos préstamos no ocurra. Se trata de uno de los pocos casos en la historia de la entidad donde reconocen implícitamente sospechas de fraude.

El Proyecto “Reconversión Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno” (PR-L1044) consiste en una operación de préstamo de inversión específica con garantía soberana por un monto total de USD 125 millones. El prestatario, es la República de Paraguay, y la Agencia Ejecutora es el MOPC.

El objetivo general del Proyecto era contribuir al aumento de la calidad de vida de la población del área de intervención, mediante la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte de Asunción.

El Proyecto consta de dos componentes: Componente 1 “Reconversión Urbana” y Componente 2 “Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público”. El caso se relaciona con el Componente 2 que consiste en la ejecución de obras de infraestructura para la implantación de un corredor de transporte urbano de 15.8 km (Primer Corredor
Metropolitano de Transporte Público, Metrobús).

La construcción de dicho corredor fue dividida en tres tramos. Las obras comenzaron en noviembre de 2016 en el tramo 3.3 (primera sección de las 3 en que fue subdividido el tramo 3), y solo avanzaron hasta el tramo 3.2. En el resto de los tramos no se realizaron obras”

La construcción del tramo 3 se suspendió por parte del ejecutor en octubre de 2018 y posteriormente, en enero de
2019, el Gobierno decidió suspender temporalmente la ejecución del Componente 2.

El 17 de mayo de 2016, el Mecanismo de Investigación recibe una solicitud por parte de un grupo de 10 comerciantes y un residente de la Región Metropolitana de Asunción (los solicitantes), alegando principalmente afectaciones económicas por la construcción y operación del Metrobús.

Los solicitantes indican que impediría el acceso de clientes a sus negocios, con el consecuente impacto a sus medios de subsistencia y las economías familiares, con especial incidencia en los comerciantes en situación de vulnerabilidad.

También afirman no haber sido consultados ni informados sobre la obra, sus impactos y las alternativas para evitarlos o mitigarlos, tales como medidas de relocalización o compensación para aquellos con riesgo a ser desalojados por las obras.

Adicionalmente, los Solicitantes plantean la falta de estudios de impactos ambientales, así como del patrimonio histórico del centro de Asunción.

La Solicitud se declara elegible el 26 de julio de 2016 , y dado que los solicitantes habían pedido la actuación del MICI (mecanismo de investigación)  a través de sus dos fases, se transfiere entonces a la Fase de Consulta para iniciar la etapa de evaluación. En dicha etapa los Solicitantes indicaron que no deseaban participar en un proceso de Fase de Consulta y requirieron que se iniciara la Fase de Verificación de la Observancia.

Irregularidades

En su Informe de Verificación de la Observancia  el MICI concluye que el Banco ha incumplido determinados requerimientos en lo que refiere, entre otros aspectos a:

• La evaluación de impactos ambientales y sociales a la población comerciante de la zona de impacto del Proyecto. En particular aspectos referidos a: i) la necesidad de estudios de línea de base, ii) la elaboración de estudios de impactos completos en tiempos adecuados, y iii) el desarrollo de planes de gestión ambientales y sociales adecuados que contemplen medidas de mitigación específicas para atender los impactos a las diferentes partes afectadas.

• Los procesos de socialización del Proyecto, participación y consulta a las partes afectadas.

• La identificación de impactos a sitios de importancia cultural y medidas de protección de su integridad en la etapa de preparación del Proyecto y en el marco de la evaluación ambiental del Componente.

• La elaboración de un Plan de Reasentamiento previo a la aprobación del Proyecto y  la publicación de todos los documentos de divulgación obligatoria.

Conclusiones

Con el objetivo de fomentar el aprendizaje y en consideración de las particularidades de este Proyecto que han generado la falta de efectividad del proceso MICI, el Mecanismo considera importante cerrar el Caso con las siguientes reflexiones.

El proceso de Verificación de la Observancia permitió identificar diversos incumplimientos del Banco en poder asegurar que los estándares ambientales y sociales que son pilares de la institución se aplicaran correctamente en etapas tempranas del involucramiento de este, y en consideración de las necesidades y el contexto específico de este tipo de proyectos, y de los retos que enfrentan ciertos prestatarios.

Así, la falta de identificación de los diferentes grupos de la población potencialmente afectada, en particular los
comerciantes del área de influencia del Proyecto, limitó desde el inicio el alcance de las evaluaciones de impactos socioeconómicos a la población.

Asimismo, tanto la ausencia de una evaluación integral de riesgos e impactos para todo el Componente del Metrobús,
como la conceptualización de estudios de impactos y planes de gestión parciales realizados casi en paralelo con el inicio de obras, fueron desencadenantes de retrasos en el desarrollo del Proyecto, de ineficiencias y de la incursión en costos y tiempos adicionales necesarios para subsanar las brechas que se iban identificando.

Poco transparente

Adicionalmente, la falta de procesos de participación y consulta con todos los grupos de afectados, generaron dinámicas de desconfianza, rechazo y oposición social al Proyecto.

En este sentido, informar sobre los beneficios del Proyecto es importante, pero aún más importante es asegurar que los posibles afectados conozcan cuáles son los potenciales impactos que van a enfrentar, que se les informe sobre las alternativas para evitarlos, minimizarlos o compensarlos, y que se les dé la oportunidad de ser escuchados y opinar
sobre las acciones que consideran más apropiadas para ellos.

Sin embargo, como en este caso, si no se identifica a la población afectada desde etapas tempranas y no se realizan todos los estudios de impactos esenciales, no es posible realizar un proceso de consulta con todas las garantías que ofrecen las POP del Banco.

Lo anterior sumado a las diferentes circunstancias específicas analizadas en el informe de verificación del MICI, ponen en riesgo el éxito de los proyectos, y generan retrasos y el potencial de incurrir en costos económicos y reputacionales tanto para los prestatarios como para el Banco. Pero más aún, pone en cuestión la efectividad de un proceso de
Verificación de la Observancia e instancias de rendición de cuentas, generando así un doble impacto a las comunidades.

El MICI considera importante que el Banco haga una reflexión sobre lo descrito previamente y genere aprendizajes que permitan mejorar su accionar en futuros proyectos”

El acompañamiento del Banco a los prestatarios es de relevancia para aportar capacidad técnica en garantizar el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y sociales en todas las etapas del ciclo del proyecto, y de manera fundamental en las etapas más tempranas.

Esto es esencial ya que es uno de los núcleos del valor agregado que tiene la institución al financiar operaciones en la región. Por su parte el MICI, como parte de la institución, solo será efectivo si puede garantizar la realización de las medidas correctivas de incumplimientos encontrados y así cumplir con su función de rendición de
cuentas.

El fallido Proyecto Metrobús, de la era del expresidente Horacio Cartes y del exministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, sigue sin resolverse y las denuncias por aclarar esta cuestión que causó pérdidas de entre 30 y 50 millones de dólares al Estado, están cajoneadas desde hace tres años en la fiscalía.