Diputados aprobó doble cerrojo para perder investidura

La Cámara de Diputados aprobó, este miércoles, el proyecto de Ley que reglamenta la pérdida de investidura parlamentaria. Los diputados establecieron que para presentarse un pedido de expulsión a un miembro del Congreso se necesitará un tercio (27) de los miembros de la Cámara y para aprobar la destitución se tendrá que tener una mayoría de dos tercios (54).

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, el pleno constituido de forma virtual decidió por aprobar el proyecto de Ley que exige mayores números tanto para la presentación de un pedido de pérdida de investidura como para su aprobación. Al respecto, las Comisiones Asesoras de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación habían aconsejado por el rechazo del proyecto.

Ahora el proyecto de ley retornó a su cámara de origen, el Senado, pero con leves modificaciones, por lo que su sanción podría ser prácticamente un hecho.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) lamentó la decisión tomada por sus colegas y manifestó que esto muestra lo alejado que están de la realidad como cuerpo colegiado.

“Nuevamente hoy la Cámara de Diputados va pasar vergüenza. Esto es una locura y es una demostración que actuamos en actitud corporativa y que bajo ningún punto de vista queremos cambiar las cosas. Para más, ni siquiera tuvieron el coraje de dictaminar a favor de la aprobación. Vinieron a escondidas a aprobar. Es señal de cobardía en la posición que tienen”, fustigó el parlamentario, en plena sesión.

Más tarde,  a través de un contacto con la radio 1020 AM, el congresista coincidió que el proyecto es prácticamente una ley porque solo se modificó una línea. En ese sentido, mencionó que solo queda esperar a ver cómo actúa el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el día en que se sancione plenamente en el Congreso Nacional.

Este es un proyecto de ley que nació en la Cámara de Senadores tras la imputación y pedido de pérdida de investidura realizada en contra del senador Rodolfo Friedmann durante el 2020, quien fue imputado por el Ministerio Público por el supuesto esquema de negociados en la entrega de merienda escolar durante su gobernación del departamento del Guairá. Los senadores alegaron en su momento que la actual reglamentación del artículo 201 de la Carta Magna tenía una cobertura muy baja para que un legislador sea destituido y que estarían sacando a sus colegas por cualquier acusación.