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Grupo Cartes se expone a cancelación de compra de Farmacenter
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No todo está dicho en cuanto a la compra de la segunda mayor cadena de farmacias- detrás de PuntoFarma- del país. Es que a más de 3 meses del anuncio de celebración del acuerdo entre la exmayoritaria accionista (la ministra del Deporte, Fátima Morales) y el pool de empresas del expresidente de la República, no se notificó a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) la operación cuando que la ley señala que debe hacerse en un plazo de 10 días.
Esta falla administrativa, que no fue zanjada hasta el cierre de esta edición, derivó en llamadas de atención por parte del ente regulador y podría desembocar en amonestación formal e incluso cancelación de la operación entorno a la empresa que hoy es dirigida por Ramón Jiménez Gaona y Juan Carlos López Moreira, piezas clave del anterior Gobierno y que permanecen cerca del hombre más poderoso del país junto Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos, Gustavo Leite y otros.
Se trata de una novela empresarial con un polémico pasado pues los fundadores del imperio farmacéutico quedaron prácticamente en la calle tras un convulsionado historial de intrigas y traiciones, en jugada mediante la cual l heredero legítimo fue despojado de sus derechos y terminó falleciendo en las filas de un hospital público, de acuerdo a allegados de la propia familia.
Cuando ya casi el negocio estaba cerrado, la exdirectiva de Farmacenter seguía negando que estaban en venta ya que tenían inconvenientes en la desmaterialización de unas acciones de una capitalización previa, que finalmente- en ese entonces- retrasó el negocio y tuvieron que dejar al margen del acuerdo.
De acuerdo a fuentes internas de Farmacenter, el retraso en el reporte ante el ente regulador podía haber sido fruto de estas acciones que fueron encontradas por si acaso en un allanamiento hecho por la Fiscalía a la residencia Almada-Turrini en un sonado caso de investigación por tráfico de cocaína; es que Jennifer Almada, era esposa de uno de los hijos de Fátima Morales.
Este “imprevisto” los dejó mal parados ante el Grupo Cartes y siempre, según nuestras fuentes internas de Farmacenter, fue una de las cartas que los negociadores de HC tiraron sobre la mesa en el acuerdo y lograr así un mejor precio por las más de 100 bocas de atención y las existencias. Se habla extraoficialmente de USD 30 millones.
¿Por qué apeligra la operación?
La operación está en riesgo porque no notificaron la concentración económica dentro del plazo de 10 días de la celebración del acuerdo (notificación posterior, la mayoría de países tienen notificación previa), ya que de conformidad con el Artículo 13 De la ley 4956/2013 “Defensa de la Competencia”; “Evaluación de las operaciones de concentración” y el Artículo 35 del Decreto N° 1490 “Por el cual se reglamenta la Ley 4956/2013 “Defensa de la Competencia”; “Nulidad de la Operacion de Concentración”, este último establece que la autoridad paraguaya de competencia tiene que ordenar la desconcentración de aquellas operaciones económicas, como la del presente caso, que no le fueron notificadas.
A más de eso, la CONACOM tiene que abrir un expediente administrativo sancionador y aplicar una multa. Por haberse omitido la notificación de concentración OBLIGATORIA por la adquisición de la cadena Farmacenter. Los dos expedientes referidos son autónomos e independientes y al haber sido un hecho público y notorio en el que se superó uno de los requisitos para la notificación de la operación de concentración de cien mil salarios mínimos mensuales de la facturación bruta global en la República del Paraguay, del conjunto de los sujetos participantes, incluído aquí el conglomerado del grupo Cartes, no hay duda de la obligación de notificación.
Por tanto, los servidores públicos de la CONACOM no pueden alegar la falta de conocimiento de esta compra-venta al haber sido un hecho mediático importante de público conocimiento y al cumplirse el día 11 debieron haber notificado al grupo la falta de notificación, como lo hicieron en el caso del contrato de arrendamiento de Frigonorte S.A y Frigomerc S.A.
Débil
La CONACOM desde su existencia, en el 2015 nunca ha sancionado por esta conducta ni por ninguna otra (cárteles, abuso de posición dominante, otros), aparte de ello tampoco ha sancionado por la falta de entrega de información por parte de otras instituciones del Estado (como ser en el caso de Imedic), aun cuando la ley establece mecanismos y sanciones para estos y otros temas del deber de colaboración con la Institución.
Mientras la CONACOM siga incumpliendo su mandato de cumplir y hacer cumplir la Ley 4956/2013 “Defensa de la Competencia”, algunos empresarios y grupos económicos continuarán realizando actos que pueden perjudicar el bolsillo de los consumidores, es decir, el bienestar económico y social de los ciudadanos y el desarrollo económico del país y tampoco acatarán la norma si no hay sanciones ejemplares para los que infrinjan la normativa de defensa de la competencia.
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