Siguen desmontes en Región Oriental pese a Ley de Deforestación Cero

La Ley de Deforestación Cero, aprobada en diciembre por el Congreso, en el límite de la vigencia de la anterior legislación y en medio del reclamo de las organizaciones ambientalistas que veían fenecer la norma por la inacción política, no parece detener los desmontes en la Región Oriental del país.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES) constató este viernes el desmonte de unas 536 hectáreas de bosques nativos en propiedad del establecimiento ganadero Sociedad Civil Río Verde, conocido como Estancia “La Yeya”, propiedad del empresario Cornelio Peters, en el distrito de Nueva Germania, Departamento de San Pedro.

Según informó  el mismo MADES, la institución se enteró de la situación mediante una denuncia de la organización ambientalista WWF, y tras obtener una orden de allanamiento ingresaron a la propiedad con una comitiva del Ministerio Público, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y efectivos de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC).

Durante el recorrido, la comitiva constató dos áreas de desmonte, una de 276 hectáreas y otra de unas 260 hectáreas. Según el MADES, la tala se hizo con maquinaria pesada utilizando la quema como método de eliminación de los restos vegetales. En el momento de la intervención, la firma ganadera no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental, ni con el Plan de Gestión Ambiental.

El área Jurídica de la cartera ambiental informó que se labró el acta de intervención por infracción a la Ley N° 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental, y la Ley N° 96/92, de Vida Silvestre.

Tema sensible

El tema es particularmente sensible, a partir de las mismas estadísticas oficiales que registran un ritmo de deforestación de 336.000 hectáreas anuales hasta la entrada en vigor de la Ley, cuya vigencia fue extendida por 10 años en diciembre pasado, además de la aparente permeabilidad en el otorgamiento de licencias ambientales en el MADES, según denunció hace poco un documental inglés que recogió el testimonio de la bióloga Karen Colmán, exfuncionaria de la vieja Secretaría del Ambiente (SEAM).

Según el mismo INFONA, Paraguay conserva menos de la mitad de la superficie boscosa que tenía en tiempos de la colonización. De 27 millones, hoy dispone de 12,9 millones de hectáreas de bosques. De 9 millones de hectáreas de bosques en la Región Oriental, actualmente quedan 1.900.000 hectáreas. En el Chaco, las estadísticas dicen que en los últimos 10 años la región ha perdido cerca de un millón de hectáreas.

El sistema satelital Global Forest Watch (GFW) reveló que entre 2001 y 2019 se deforestaron en Paraguay unas 6 millones de hectáreas, lo que ubica a nuestro país entre los que perdieron mayor cobertura boscosa en el continente, incluso después de Brasil. Y en los últimos años, pese a la Ley de Deforestación Cero, que rige para la Región Oriental.

“Nosotros buscamos que esta ley en la Región Oriental sea indefinida hasta que las condiciones de restauración y el cumplimiento de las demás leyes en materia de bosques se cumplan, como la aplicación de la ley de pagos por servicios ambientales”, señalaba a El Nacional el director de Proyectos, de la organización A Todo Pulmón, Paraguay Respira, cuando el Congreso dilataba el tratamiento de la legislación destinada a impedir los desmontes.

La llamada Ley de Deforestación Cero prohíbe la realización de cualquier actividad, ya sea agropecuaria, industrial o que involucre territorio boscoso; el otorgamiento de licencias, permisos, declaraciones de impacto ambiental, o cualquier otro documento jurídico de naturaleza similar, y deja a los bosques afuera de la explotación forestal y de las tierras destinadas a la reforma agraria.

Sin embargo, resulta llamativo que en este nuevo desmonte descubierto, los organismos ambientales y forestales intervinientes no hayan invocado la letra de esta ley, que establece penas de prisión de tres a ocho años y multas para los infractores, y hayan reparado solamente en la falta de cumplimiento de lo relacionado con la legislación de impacto ambiental y de vida silvestre.

Vale recordar que en ocasión del tratamiento de la legislación en el Congreso en diciembre, fueron varios los parlamentarios que criticaron al MADES y el INFONA por su accionar indulgente que hace caso omiso de las denuncias, y solo actúan frente a los hechos consumados, con intervenciones que mueren en el aparato burocrático.

El impacto de la deforestación en la vida silvestre es también drástico. Según la bióloga Karen Colmán “las aves que tenemos dependen mucho del bosque; casi el 90% de las especies de aves que tenemos en Paraguay están hoy amenazadas por culpa de la deforestación, por la pérdida de sus hábitat”. Agregó que “en cinco años se duplicó el número de especies en peligro”.

El mismo MADES clasificó en la Resolución N° 254/19 unas 66 especies de aves nativas amenazadas y 99 en peligro de extinción, unas 50 más que en el último informe de 2013. Según la organización Guyra Paraguay, hay dos especies de aves ya declaradas extintas, el Guacamayo glauco, que habitó el sur del bosque atlántico, y el Numenius borealis o Playero polar, un ave migratoria que tuvo a Paraguay en su ruta anual.

La deforestación es también un problema en lo relacionado con la firma del esperado Acuerdo comercial MERCOSUR-Unión Europea, que viene enfrentando el cambio de humor de varios países de Europa, como Francia y Alemania, por las políticas ambientales de países sudamericanos como el nuestro, libradas históricamente al arbitrio de contubernios y pactos políticos.