Amenaza radioactiva sobre Paraguay

La noticia sobre la inminente finalización del montaje de la planta argentina para la fabricación de dióxido de uranio en las afueras de la ciudad de Formosa, muy próxima al río Paraguay y a su vecina paraguaya de Alberdi, reavivó la discusión sobre los riesgos de tener tan cerca una industria cuya materia prima, producción y residuos son radioactivos.

El debate se instaló con fuerza en las redes a partir de publicaciones periodísticas, donde  compartió tendencia con los hechos de corrupción que son parte del menú diario de noticias, y donde tampoco faltaron los memes de Homero Simpson llevándose a casa aquella cápsula radiactiva, verde fosforescente, que terminó provocando el desastre ambiental en Springfield.

Dioxitek S.A. es una sociedad anónima estatal argentina, cuyas acciones corresponden el 99% a la Comisión  Nacional de Energía Atómica y el 1% a la Provincia de Mendoza. Fue creada por el gobierno para garantizar el suministro de dióxido de uranio utilizado en la fabricación de combustibles para las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse.

Y este primer dato, resulta primordial a los fines de determinar la naturaleza de la planta que está instalándose a poco más de 100 kilómetros de Asunción. Dioxitek SA insiste en presentarse como una “planta química”, cuando en realidad es una industria nuclear, integrante del circuito nuclear argentino creado en 1950, que incluye las tres centrales a las que Dioxitek abastece de combustible de uranio, y una red de laboratorios e industrias afines. Lo reafirmaron en la audiencia pública del 15 de julio de 2014 en Formosa, la entonces presidenta de la CNEA, licenciada Norma Boero, y el ingeniero Ricardo Ángel Chiaraviglio, gerente de la planta formoseña, quien incluso explicó detalladamente el proceso de producción del dióxido de uranio, y lo relacionó con los “usos pacíficos de la energía nuclear”.

La planta de Dioxitek ocupa un área de 102 hectáreas en el parque tecnológico formoseño a 16 kilómetros de la capital provincial. Foto: AM990

Establecer fehacientemente la naturaleza nuclear de la planta de combustible de uranio formoseña, pone además al descubierto la inviabilidad jurídica del proyecto en la provincia, por cuanto tanto su Constitución y su legislación ambiental prohíben la utilización de sustancias radioactivas; sin mencionar la Convención de Seguridad Nuclear, de Viena, de la que Paraguay y Argentina son signatarios, que en su artículo 2 define las instalaciones nucleares, incluyendo dentro de tal categoría a las instalaciones de almacenamiento, manipulación y tratamiento de    materiales radioactivos, y en su artículo 17, Inciso 4°, obliga a los países firmantes a consultar a sus vecinos para el desarrollo de un proyecto nuclear cercano. Según las organizaciones ambientalistas paraguayas y argentinas, y miembros de la comitiva de nuestro país que participó de la audiencia pública de julio de 2014, nada de esto se tuvo en cuenta a la hora de autorizar la instalación de Dioxitek en la provincia.

El mismo senador Fernando Silva Facetti participó de aquella audiencia, junto a miembros de la Cancillería paraguaya, y en la ocasión reclamó la aparente política de “teléfono cortado” de las autoridades argentinas que no atendieron ninguno de los pedidos de información del Ejecutivo paraguayo y el Parlamento. “Esperemos que este no sea un caso de hecho consumado”, dijo el parlamentario en la ocasión, y aparentemente resultó así.

La planta

El ingeniero Julio Araoz, secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno provincial, y vicepresidente de la planta, confirmó a El Nacional que las instalaciones están en la última etapa, con el montaje y prueba de los equipos, aunque todavía no hay una fecha de inicio de las operaciones.

En su página web, la empresa se presenta como una industria “con la tecnología más avanzada que existe actualmente para este tipo de instalaciones a nivel mundial”, y un sistema de seguridad basado en el concepto de “Defensa en Profundidad, que garantiza que ningún fallo técnico, humano o de la organización pueda por sí mismo dar lugar a efectos perjudiciales”, todo ajustado a la normativa ambiental “provincial, nacional e internacional”.

De hecho, el sitio web de la cartera gubernamental del ingeniero Araoz reseña toda la información oficial relacionada al desarrollo del polémico proyecto: estudios de impacto ambiental, la versión taquigráfica de la audiencia pública de 2014, convocada mediante la Resolución  N° 620/14 del Ministerio de la Producción y Ambiente de la  Provincia; fichas internacionales de seguridad química, monitoreo de calidad del agua, aire y suelo; detalle de efluentes gaseosos, Manual de Gestión Ambiental, etc.

La página web de Dioxitek SA muestra el avance de sus instalaciones en Formosa. Foto: Dioxitek

Dioxitek produce polvo de dióxido de uranio de pureza nuclear grado cerámico, empleado en la fabricación de los combustibles que usan las centrales nucleares, también para la fabricación de Cobalto-60, utilizado en la preservación de alimentos, la esterilización de insumos quirúrgicos, el tratamiento de residuos hospitalarios patógenos y el tratamiento de enfermedades tumorales, entre otros. En Formosa, dijo el ingeniero Chiaraviglio, gerente del proyecto, se concentrará en la fabricación del dióxido de uranio a partir de materia prima importada de Cánada.

“La materia prima que utilizaremos en Formosa tiene un grado de pureza de alrededor del 86% o 90%”, afirmó Chiaraviglio, que incluso mostró en la audiencia pública el uranio canadiense (un kilogramo, con el que dijo es posible atender la demanda eléctrica de 900 mil usuarios), y el producto final de la planta, el dióxido. “Es un polvo de color  negro muy fino y muy seco que va a ser transportado en tambores”, ilustró.

La planta de Dioxitek SA se levanta sobre la Ruta Nacional N° 81, a 16 kilómetros de la ciudad de Formosa, y ocupa una superficie cubierta de aproximadamente 16.600 m2, en un total de 102 hectáreas ubicadas dentro del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, inaugurado por el gobierno formoseño, curiosamente, un par de meses antes de la audiencia pública de julio de 2014. Inclusive, el estudio de Impacto Ambiental del Polo Científico todavía no había sido aprobado al momento de la audiencia pública por Dioxitek.

Formosa

El periplo de la empresa hasta su desembarco en Formosa es, sin embargo, más largo y está regado de denuncias. Instalada en la ciudad de Córdoba desde 1982, Dioxitek intentó varias veces, aunque sin éxito, reubicarse dentro del territorio argentino. Llegó a Formosa en marzo de 2014 detrás de las siglas NPU (Nueva Planta de Uranio), luego de ser rechazada en La Rioja, Mendoza y las localidades cordobesas de Embalse de Río Tercero y Despeñaderos.

En 2006, organizaciones ambientalistas argentinas denunciaron que con la complicidad de las autoridades de control, la empresa trasladaba cargamentos de uranio en forma inconstitucional a través de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones que prohíben el transporte nuclear por su territorio. En septiembre de 2012 la Municipalidad de Córdoba clausuró sus instalaciones por violar la ordenanza de uso de suelo, no contar con habilitación y operar “violando normas de higiene y seguridad”.

Según la organización ambientalista Los Verdes, en el predio de Dioxitek en plena capital cordobesa, se almacenaban cerca de 35 mil metros cúbicos de residuos radioactivos, equivalentes a 56 mil toneladas, entre uranio, radio 226, radón 222 y plomo 210, y también metales pesados como vanadio, cobre, zinc y cromo.

Diversas protestas se sucedieron en Formosa y Paraguay, desde aquella de PIlar en 2011. Foto: Archivo

El arribo a Formosa tampoco estuvo exento de complicaciones. Son varias las organizaciones ecologistas y activistas ambientales locales que objetan la instalación de una industria a la que ven como una amenaza real. La audiencia pública de 2014 no discurrió tranquilamente como una sucesión de ponencias; la discusión fue álgida por momentos y quedó claro que el tema no iba a prosperar sin una batalla judicial. Al final, la llegada de Mauricio Macri al gobierno en 2015 supuso un paréntesis de varios años, solo explicable en sus negocios vinculados con los parques eólicos, en los que el proyecto pareció paralizado.

Víctor Cuye, del Movimiento Ecologista Vida y Salud, cree que el proyecto no estuvo parado todos estos años, sino que avanzó en silencio hasta ahora, en que las organizaciones y el gran público se desayunaron con la noticia de que la planta está casi lista.

La organización de Cuye, junto a la seccional Formosa de la Asociación de Médicos de la República Argentina, el Foro Médico Ciudadano, y la Fundación para la Defensa del Ambiente, ha seguido de cerca el proyecto y lo ha rechazado desde un comienzo.

“El estudio de Impacto Ambiental que presentaron es pésimo. No menciona en ninguna parte la legislación formoseña que prohíbe la instalación de empresas como Dioxitek. Tampoco se menciona que en las rutas de la   provincia  del Chaco por donde necesariamente deberán pasar los camiones de ida y vuelta, se prohíbe la circulación de material contaminante ya desde el año 1993, con la Ley Provincial N° 3902 que declaró al Chaco Provincia No Nuclear”, apuntó Cuye.

“El  temor no es infundado porque primero tenemos que hablar que hay verdades científicas, cuando hablamos de uranio, el uranio es un material naturalmente radioactivo y no hay nadie que pueda decir que no es radioactivo, porque hace más de 100 años que se sabe que es radioactivo”, agregó.

Uranio caazapeño

Los temores con relación a la planta, se originan a partir de las denuncias acumuladas por la empresa en su época de Córdoba, y porque el trabajo con material radioactivo y el proceso químico del uranio supone residuos industriales altamente contaminantes y que representan una verdadera amenaza a la salud pública y al medio ambiente.

La empresa asegura que dispone de una capacidad instalada de vanguardia para el tratamiento de sus residuos sólidos, líquidos y gaseosos, radioactivos y no radioactivos, y que ninguna partícula contaminante se liberará al exterior. Las organizaciones ambientalistas formoseñas y paraguayas sostienen que no hay ningún método a prueba de fallas, y que el historial de Dioxitek no constituye tampoco ninguna garantía.

El hidrólogo Elías Díaz Peña, de la organización Sobrevivencia, señaló a El Nacional que la instalación de la planta formoseña constituye una “verdadera calamidad” que puede causar daños irreparables a los recursos hídricos de ambas márgenes del río Paraguay, tanto en sus afluentes entre arroyos y el vasto sistema de humedales que compartimos con la provincia vecina, además de las aguas subterráneas, con riesgo potencial de afectar el Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua del mundo.

“Tenemos que estar alertas, no podemos permitir como país que una industria de estas características, con una actividad tan contaminante como la manipulación del uranio, se instale tan cerca”, dijo Díaz Peña, advirtiendo que la puesta en funcionamiento de Dioxitek puede estimular la minería de uranio en nuestro país, lo que “sería realmente muy peligroso y podría significar una catástrofe ambiental”.

De hecho, la búsqueda de uranio en Paraguay se remonta a 1972, con las primeras prospecciones realizadas por la Corporación Anschutz, que hasta entrados los años ´80 realizo variados trabajos geológicos de exploración, como radiometría,  mapeo geológico y muestreo geoquímico, seguidos por la perforación de diversos pozos en Caazapá, en la zona de Yuty, donde se encontró una reserva estimada en unos 20 millones de libras (1 libra equivale a medio kilogramo) de uranio.

Autoridades el Viceministerio de Minas y Energía del MOPC fiscalizan muestras de uranio obtenidas en Caazapá en 2010. Foto: Archivo

Desde entonces, las actividades relacionadas con la exploración del material en Caazapá continuaron a cargo de varias empresas que fueron traspasándose la concesión del Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Uranium Energy es la última de estas empresas que trabajaron en Caazapá.

Según explicó la geóloga Mónica Urbieta, directora de Minas, del Viceministerio de Minas y Energía del MOPC, Uranium Energy había culminado sus tareas de prospección y estaba disponiéndose al diseño de un plan de extracción minera del uranio, pero “la administración anterior le quitó la concesión y demandaron al Estado”. “Ahora está en una etapa de conciliación, pero igual les falta mucho para llegar al período de operación de la actividad minera”, afirmó.

Urbieta explicó que “el uranio si bien es radioactivo, aquí no va a tener el procesamiento que necesita en una planta nuclear”. Sobre el método de extracción, dijo que “aún no se puede hablar”, que eso “lo tiene que determinar la empresa”, y que “hay varias formas de extracción”.

Esto último es lo que preocupa a organizaciones como Sobrevivencia, porque si bien es cierto que las formas de extracción de uranio son múltiples, la más extendida es la minería a cielo abierto, cuyas experiencias en diversos países del mundo no han estado para nada exentas de consecuencias sanitarias y ambientales.