Caso Óscar Denis: Aceptar intermediación de la Cruz Roja hubiera “proyectado imagen de debilidad”

Días atrás, el Gobierno oficializaba su postura de rechazo a la intermediación  del Comité Internacional de la Cruz Roja en los casos de secuestros de Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

Durante una conferencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, fue contundente al alegar que dicho pedido “no reúne los presupuestos jurídicos” y que Paraguay no está en situación de guerra, ni existe un conflicto interno.

En ese contexto mencionó que de aceptar la intermediación, se le estaría otorgando el status de “beligerante” al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En una entrevista para El Nacional, el general (SR) Alfredo Machuca, explica, -entre otras cuestiones relacionadas al caso-, porqué el EPP no puede ser considerado fuerza beligerante.

En primer lugar, para que el EPP reciba dicho status “se requieren ajustar sus operaciones, acciones y procedimientos a las leyes y costumbres de la guerra, conforme lo establece el Derecho Internacional humanitario”.

“En el caso que nos ocupa, ese grupo está integrado por delincuentes, que reivindican el uso de la fuerza para el logro de sus objetivos políticos ideológicos, levantándose en armas contra el orden jurídico constitucional vigente, atentando, con esa actitud, contra la existencia misma del Estado, las autoridades legítimamente constituidas, la integridad territorial y todas las reglas de convivencia pacífica, establecidas en una sociedad libre y democrática. Esto es fácil de demostrar”, relata el ex comandante del Ejército.

Al ser consultado sobre cuál es el objeto de ese estatus, Machuca indicó que “el Derecho Internacional establece el Estado de beligerantes para los componentes de las partes en conflicto, a fin de que a los mismos se les garanticen una buena atención, particularmente, a los heridos y enfermos, con un trato digno, humanitario, a aquellos que fueran hechos prisioneros de guerra”, pero que este no es el caso del escenario que se da en el norte del país.

“De haberlo permitido, proyectaría una imagen de debilidad muy preocupante”

En cuanto a la negativa del Estado en permitir la mediación de la Cruz Roja, el general mencionó que fue una decisión correcta la tomada por el Gobierno, “pues, no se dan los presupuestos establecidos por el Derecho Internacional para solicitar y/o autorizar esa mediación, y mucho menos de negociar con un grupo de insurgentes. De haberlo permitido, proyectaría una imagen de debilidad muy preocupante, ya que sólo beneficiaría con ello a la mencionada organización delictiva, como también, les permitiría una clara oportunidad de preparar y contar con suficiente material propagandístico para la causa que enarbolan”, sentenció.

El militar retirado agregó que “fue más que evidente que algunos sectores políticos y religiosos estuvieron muy interesados de que el gobierno entre en el juego, autorice una negociación y, consecuentemente, una intermediación del citado organismo internacional a sabiendas de que esa situación permitiría la elaboración de dichos materiales en provecho del grupo sedicioso, era muy obvio, pero cuando se les pidió un poco de piedad por las fiestas pasadas para con la familia peticionante, ni siquiera se dignaron en contestar, ni una mínima prueba de vida han enviado, incluyendo aquí, el de los otros dos (Edelio Morínigo y Félix Urbieta, esa es la realidad”, aseveró.

Situación del Norte ‘no corresponde’ 

Por otra parte, mencionó que la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, como así también, otras organizaciones de carácter esencialmente humanitario e imparcial, saben que deben ajustarse a los requisitos establecidos por el Derecho Internacional, para luego pretender participar, mediar o constituirse en una zona de conflicto entre dos partes. “No es el caso nuestro. Habrá casos en que un Estado miembro lo podrá solicitar, por una cuestión eminentemente humanitaria y/o necesaria, pero, en la situación del Norte, esto no corresponde”, reiteró.

Asimismo, manifestó que “de acuerdo a las características del escenario que estamos reflexionando, no hay ninguna alternativa que podría visualizarse para la participación de esos organismos internacionales en nuestro país. Ninguna”.

Finalmente, tras consultarle sobre un punto tan polémico y cuestionado por la ciudadanía misma, que corresponde a que si realmente considera que el EPP es financiado por alguna fuerza política, el ex comandante sostuvo que “las fuentes de financiación de estos grupos son muy variadas y diversificadas. Lo tienen a nivel nacional e internacional. También, ellos mismos realizan operaciones con el fin de recaudar recursos económicos para sus propósitos y requerimientos, como ser, secuestros, extorsiones, sabotajes, “impuestos revolucionarios”, asaltos, entre otros.

Considera que para neutralizar esas operaciones y evitar que les lleguen esos recursos foráneos, se realizan varias operaciones militares y policiales en el área, por citar dos, el cerco y la interdicción, que niega justamente todo contacto entre los que están dentro del área con los que están fuera del área, ya que de éstos salen los patrocinadores y/o, como se los conoce más, los responsables de la logística para el sostenimiento de sus acciones y supervivencia como grupo armado, además del silencio, por complicidad o por miedo, de un sector importante de la población.

“La detección, identificación, detención y difusión de los responsables, deberían ser realizadas por las instituciones del Estado, creadas para el efecto”, concluyo.

Tras casi cinco meses del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis Sánchez por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el gobierno de Mario Abdo Benítez rechazó la mediación de la Cruz Roja Internacional que era gestionada por la familia del ganadero y político liberal.

El Comité Internacional de la Cruz Roja se había mostrado dispuesto a mediar entre la familia Denis y el EPP, a los efectos de intentar un rescate exitoso del exvicepresidente.

Óscar Denis fue secuestrado el 9 de septiembre del año pasado en su estancia “Tranquerita” en Yby Yaú, y pese a que su familia cumplió con las exigencias del grupo armado, y que el gobierno de Abdo Benítez desplegó una importante cantidad de efectivos y equipos en la zona, todavía no se conoce su paradero y si aún continúa con vida.