Senado: controversia por multas más duras por no usar tapabocas, origina insólito debate

El Senado sancionó este miércoles la nueva ley sobre uso obligatorio de tapabocas, medidas de higiene y distanciamiento social, un proyecto del Poder Ejecutivo, y con media sanción de Diputados, que amplía los alcances de la Ley N° 6655, sobre la obligatoriedad de las mascarillas, pero no contemplaba la aplicación de sanciones y multas para los infractores.

El proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, pero su discusión en la plenaria no estuvo exenta de controversia. La polémica se suscitó, precisamente, en lo relacionado con el aspecto punitivo de la ley, detallado en el artículo 6, que por lo menos tres de los parlamentarios presentes, el liberal Eusebio Ramón Ayala, la patriaqueridista Giorgia Arrúa, y el colorado cartista Sergio Godoy, lo tacharon de inconstitucional, al quebrantar garantías constitucionales y el debido proceso.

La nueva ley establece multas de hasta 200 jornales mínimos para los conductores de buses que lleven pasajeros sin tapaboca, o la suspensión del servicio; y el cierre temporal de los locales comerciales donde alguien fuera descubierto sin su mascarilla, o definitivo en caso de reincidencia. Para el resto de la ciudadanía, a partir de los 10 años, las multas van de cinco a 20 jornales mínimos, o 30 días de trabajo comunitario; quienes reincidan pagan el doble: multas de 20 a 40 jornales, más 15 días de trabajo comunitario.

La vacuna

La senadora del PDP Desirée Masi lo presentó con mucho entusiasmo. Como médica, puso el foco en la urgencia de la hora, con la pandemia en su mayor apogeo, y la necesidad de aplicar una profilaxis de elementos y conductas sencillas, cuya eficacia está además perfectamente demostrada. “El proyecto hace interesantes conceptualizaciones sobre lo que es la mascarilla higiénica, y sobre los espacios considerados cerrados y abiertos; el efecto aerosol, que es la vía más común de trasmisión y contagio del virus; alguna vez la OMS (Organización Mundial de la Salud) va a tener que pedir perdón por no reconocer a tiempo esta principal vía de contagio”, señaló.

Definió al uso de mascarillas, el protocolo de higiene y la distancia física, como la única vacuna disponible por el momento en el país, y pidió al resto de sus colegas acompañar la iniciativa. “Esta es la única vacuna que tenemos”, afirmó Masi.

En todo momento la parlamentaria aclaró que el proyecto venía del Ejecutivo, como desmarcándose; aludió a su parte punitiva, hizo un repaso de las penas aplicables, y de los procedimientos y las instituciones competentes; celebró que se dé autoridad a las municipalidades, juzgados de faltas y juzgados de la adolescencia; y a la DINATRAN, que rige el transporte público. Pero en ningún momento cuestionó la constitucionalidad, o no, del único punto del proyecto que se puso en discusión.

El liberal Enrique Salyn Buzarquis incluso pidió que se agregue al menú de puniciones la renuncia al usufructo de las camas de Terapia Intensiva para “los negacionistas de la pandemia, del uso de mascarillas (como el diputado altoparanaense Jorge Brítez), de las vacunas”, que hubieren contraído el SARS-COV2 y necesiten una UTI.

A partir de ahí, el debate intercambió opiniones en medio de una lluvia de críticas al ministro de Salud Pública Julio Mazzoleni, y al gobierno de Mario Abdo Benítez en su conjunto. Abundaron los calificativos de “ineptos”, “inútiles”, “ineficaz”.

Las críticas

“No puede ser más inútil este Ministerio de Salud”, dijo la senadora luguista Esperanza Martínez. Se refería a que la Ley N° 6655, que está en vigencia, encarga ya a la cartera sanitaria la realización de campañas de concienciación sobre el uso de mascarillas y las medidas de prevención contra el Covid-19, por todos los medios y plataformas. “No he visto nada hasta ahora, después de ocho o nueve meses de pandemia, estando ya con problemas críticos”, afirmó.

Georgia Arrúa y Sergio Godoy cargaron contra el “espíritu represivo” de la nueva ley. “Esta ley es de tinte penal”, definió Godoy. “Estamos criminalizando a un niño de 10 años porque no usa mascarilla”, señaló. “No coincido con los colegas que dicen que tenemos que aprobar hoy, podemos hacer después y tratar un texto mejor”, agregó.

El parlamentario consideró que el tema “merece más debate”, y pidió la postergación para discutir, especialmente, el controvertido artículo 6.  “No es poca cosa, con el perdón de aquellos que han perdido familiares, pero tenemos que buscar un texto mejor; tomémonos el tiempo, intercambiemos criterios”, pidió. Su moción no llegó al mínimo de 23 votos.

El liberal Eusebio ramón Ayala cargó duramente contra el gobierno y en particular contra el ministro Mazzoleni, por los señalamientos que ya había hecho Esperanza Martínez cuando habló sobre el incumplimiento del Ministerio de Salud Pública de lo establecido en la Ley 6655, de realizar campañas de concienciación para la población sobre la pandemia, sus riesgos, y su prevención.

“No se cumplió justamente esta obligación de Salud Pública, mencionado en el artículo 10, qué sanción le corresponde al ministro; incurrió en mal desempeño de sus funciones, por este hecho y por otros; pero cuando tuvo que aplicar restricciones, por resolución, inconstitucionales en muchos casos, lo hizo sin ningún problema”, argumentó. “Cuando el Poder Ejecutivo está manejado por gente ineficaz e inepta, acá falta que la autoridad de aplicación haga su tarea”, acusó Ayala.

Vale recordar que la gestión del ministro Mazzoleni viene siendo cuestionada desde hace meses. La baja ejecución presupuestaria de los fondos Covid, que apenas pasa el 24% de U$S 514 millones, y las irregularidades detectadas en las compras de medicamentos, insumos y equipos para la emergencia, especialmente el caso de los insumos chinos, que descubrió una especie de cártel de políticos y empresarios armado para la ocasión.

En las últimas semanas, el caso de la pequeña Bianca, lo expuso de nuevo, en un momento en que arreciaban las críticas y en el Parlamento se hablaba con frecuencia de una Interpelación.

Estado policial

“Estamos en un estado policíaco, que se está engolosinando con seguir restringiendo derechos constitucionales; dicen ahora vamos a redoblar la apuesta, vamos a entrar en la casa de los ciudadanos; ya está la obligatoriedad de una serie de cosas; pero ahora, el Ejecutivo, frente a su ineptitud para aplicar esta ley (N°6655), propone una ley más restrictiva aún; la imputabilidad ahora se inicia a los 10 años, violando convenios internacionales de derechos humanos, de los derechos del niño y la niña; no sé quien hizo este proyecto, me apena; es alguien que nunca leyó la Constitución, nunca leyó convenios internacionales, no leyó la ley de niñez y adolescencia”, afirmó.

Según el parlamentario liberal la ley sancionada hoy por el Senado, “hace que las personas tengan más restricciones, con la invasión del reciento privado”. “¿Cómo voy a votar para que la policía pueda detener con arbitrariedad un vehículo particular, de uso privado, donde se encuentren dos o más personas, que incluso no sean del mismo grupo familiar, donde la policía va a preguntar a cada uno si son o no familiares; ciudadanos indefensos padeciendo un proceso kafkiano?”, preguntó Ayala. El parlamentario denunció que con esta ley, el Estado se “introduce en la intimidad familiar protegida por la Constitución”. “Y todo con un llamado al 911”, ilustró.

Ayala, agregó que la ley “lesiona el derecho a la defensa, se hace todo sumariamente”. “Y ahora, por la ineptitud del Ejecutivo, le vamos a dejar en indefensión absoluta a la gente; este Senado no puede aprobar esto”, afirmó, argumentando que “hay una serie de circunstancias que lo hacen inconstitucional; este proyecto merece el rechazo, no estamos en un Estado policial”.

Finalmente, la nueva ley sobre el uso obligatorio de tapabocas, que verdaderamente faculta a la policía y otras instituciones a intervenir en caso de flagrancia, de modo sumario como se planteó en la plenaria, fue aprobado en general y en particular por la mayoría de los parlamentarios conectados a la sesión virtual.