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Documental inglés desnuda corrupción endémica en licencias ambientales

Ilustración: Guyra.com

Ilustración: Guyra.com

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES) se volvió tendencia este miércoles en tuiter por un documental de la organización ambientalista inglesa Earthsight sobre la deforestación en el país, donde aparece la bióloga Karen Colmán, exfuncionaria de la entonces Secretaría del Ambiente (SEAM), quien denuncia que el procedimiento para el otorgamiento de permisos para desmonte “está viciado” y trabaja sobre los hechos consumados; es decir, otorga “permisos” posteriores a los desmontes.

La viralización del filme, rodado hace dos años y estrenado ahora, puso de nuevo a Colmán en escena, con tal grado de repercusión que para el mediodía el MADES ya había emitido un comunicado, deslindando responsabilidades y asegurando que, ahora, con la informatización de todos los procesos, prácticamente, no hay margen para el error.

Colmán dice que no, que el otorgamiento de los permisos ambientales sigue el mismo procedimiento de cuando ella integraba el plantel técnico de la Dirección de Control, entre 2013 y 2014, y que más allá de las nuevas tecnologías, en la práctica se sigue el mismo protocolo de “regularizar” desmontes ya efectuados. “Esto es así hasta ahora, sé que todo sigue igual que en 2015”, señaló la bióloga a El Nacional.

El relato

En enero de 2019, Colmán había relatado en su muro de Facebook su experiencia en la vieja SEAM, a cargo por entonces del ingeniero Heriberto Osnaghi, durante el gobierno del liberal Federico Franco. “El procedimiento es bastante simple, se admite la carpeta, con una declaración jurada donde se jura que todo es verdadero, pero no se corrobora nada, ni siquiera si cumple con lo que dice la ley, de dejar el 25% para reserva”, explicaba.

“En el año 2013-2014 le tocaba a la Dirección de Vida Silvestre dar los dictámenes técnicos para los desmontes; usábamos una web llamada CartoChaco que nos mostraba en tiempo real si los puntos evaluados en los proyectos eran correctos y se correspondían con las imágenes que aparecían en las carpetas; el 90% eran mentira, todo ya estaba desmontado, y lo que hacían los ganaderos era ´regularizar´ la situación”, relataba la bióloga.

Decía que su “procedimiento era sencillo”, que “remitía la carpeta a la Dirección de Geomática para que me diera una fotointerpretación oficial, y luego mandaba a la Asesoría Jurídica con las pruebas del desmonte irregular, pero grande fue mi sorpresa al enterarme que todo moría ahí, que mi denuncia jamás era tomada en cuenta”.

Al enterarse de esto, Colmán contó que fue más lejos, y sin saber que ese paso la expondría a situaciones tan desagradables, como la intimidación, intentos de soborno e inclusive de acoso sexual, se resolvió a denunciar los hechos en la Fiscalía General del Estado.

“Y ahí empezó mi calvario”, dijo. “Los consultores solicitaban verme, metían billetes de 100 mil en las carpetas y me las querían pasar; yo tenía 26 años y la verdad que no soy una persona con mucha habilidad social; una vez llegué a casa llorando porque me metieron dinero en el bolsillo de mi camisa, aprovechando y manoseándome el pecho”, contó.

Pero, la joven bióloga no se dejó amilanar. No aceptó nunca una coima, que según dijo le ofrecieron más de dos docenas de veces, y continúo con su trabajo de detectar los desmontes ilegales y remitir los casos por los canales institucionales correspondientes, hasta que su superior la interpeló junto a otro técnico y le dijo que sus denuncias, sencillamente, “no aplicaban”.

“Me dijo que la ley daba margen a hacer muchísimas cosas, incluso a contar la barrera rompeviento como zona de reserva (dentro del 25% obligatorio), que los prestanombres y los subarriendos son legales y que dejara denunciar”.

Colmán siguió, y entonces fue desafectada de sus tareas “y me enviaron a atrapar monos en los vecindarios, sin protección ni conocimiento del tema”, según relató. Presentó su renuncia en mayo de 2015.

Hoy, se dedica a la investigación y publicación de bibliografía ambiental del Paraguay. Sigue pensando que las cosas deberían hacerse de manera diferente, y rediscutir conceptos como ambiente y sustentabilidad.

“No sé si es realmente sustentable conservar sólo el 25% de la masa boscosa como dice la ley; no se bajo qué sustento se basa eso; nunca tampoco se cumplió, en la mayoría de los casos no se llegaba ni al 15%, pero se compensaba agregando las barreras rompeviento, que son de ficus o eucaliptos, y que no son bosque nativo ni masa crítica”, explicó.

Sobre el SIAM, que el MADES presenta como su herramienta estrella, Colmán afirmó a este diario que el protocolo sigue sin dar participación a la Dirección de Vida Silvestre, cuya responsabilidad en la evaluación de las licencias ambientales está claramente establecida en la Ley N° 96/92.

“Ellos informaron hace unos meses haber tramitado con el SIAM más de 700 carpetas en un mes, lo que es humanamente imposible”, dijo la bióloga, argumentando que “cada carpeta es un bibliorato enorme, que en general es copipasteo, y que aunque hoy sea digital es mucha información para analizar en 30 días”.

Habla el MADES

La repercusión del documental de los ambientalistas ingleses hizo que el MADES hiciera público un comunicado donde se desmarca de las denuncias, porque “corresponden a supuestos hechos ocurridos en administraciones anteriores”, señalando que aguarda una “denuncia formal” en el Ministerio Público o en la cartera ambiental, de parte del técnico que presta funciones en la institución, y que EarthSight cita como fuente anónima, para “iniciar una investigación interna y tomar las medidas que corresponden en el marco del derecho”.

Seguidamente, el comunicado afirma que la actual gestión “se enfocó en la implementación de una política de control y transparencia”, y ofrece como garantía al SIAM puesto en entredicho por la bióloga Colmán y el técnico cuya identidad los ambientalistas británicos mantienen en reserva.

“Las iniciativas (trámites de licencia ambiental) entran al SIAM en un orden que no puede ser alterado por la Dirección de Control y mucho menos por los evaluadores”, señala el comunicado del MADES. “Los únicos proyectos que pueden tener prioridad de análisis con el SIAM son los proyectos de alta inversión (PAI), que según expresa la resolución N° 281/2019 ´unicamente serán convertidos a proyectos PAI aquellos que presenten por escrito a la máxima autoridad del MADES una nota remitida por el Ministerio correspondiente (MIC, MOPC, MEC, etc.), que declara el PAI de interés para dicha cartera de Estado”, detalla.

Y reitera que “la actual gestión del MADES no se hace responsable de hechos ocurridos en administraciones anteriores y desde un principio se propuso hacer frente a la corrupción, utilizando toda la tecnología disponible para ejercer un fuerte control cruzado y lograr transparencia en los procesos ambientales”.

Menos aves

Pero más allá de las carpetas fraguadas y los sobornos que el documental de la organización ambientalista inglesa le adjudica al trámite de permisos ambientales en el MADES, cada desmonte ilegal suma a una catástrofe ambiental de proporciones escandalosas y consecuencias terribles, que ya se están sintiendo.

Según el sistema satelital Global Forest Watch (GFW), entre 2001 y 2019 se deforestaron en Paraguay unas 6 millones de hectáreas, lo que ubica a nuestro país entre los que perdieron mayor cobertura boscosa en el continente, incluso después de Brasil. Y en los últimos años, pese a la Ley de Deforestación Cero, que rige para la Región Oriental.

“Los incendios mismos que estuvimos viviendo son causa de la deforestación; impacta muchísimo en todo el ecosistema”, señaló la bióloga Colmán. “Ahora casi no hay más bosques, y esto impacta en la permeabilidad del suelo; el suelo ya no es permeable como hace 10 años, y esto hace que haya más dengue, por ejemplo; la deforestación nos afecta mucho en múltiples ámbitos”, explicó.

Guacamayo glauco, o azul, especie oficialmente extinguida. Foto: Archivo.

El impacto en la vida silvestre es mucho más drástico. “Las aves que tenemos dependen mucho del bosque; el año pasado clasificamos especies amenazadas, que antes no estaban; casi el 90% de las especies de aves que tenemos en Paraguay están hoy amenazadas por culpa de la deforestación, por la pérdida de sus hábitat; muchas de ellas ni siquiera sabíamos que existían y hoy se están extinguiendo”, indicó Colmán.

Agregó que “en cinco años se duplicó el número de especies en peligro”. El mismo MADES clasificó en la Resolución N° 254/19 unas 66 especies de aves nativas amenazadas y 99 en peligro de extinción, unas 50 más que en el último informe de 2013.

Según la organización Guyra Paraguay, hay dos especies de aves ya declaradas extintas, el Guacamayo glauco, que habitó el sur del bosque atlántico, y el Numenius borealis o Playero polar, un ave migratoria que tuvo a Paraguay en su ruta anual.

Más calor

“La mayoría de la gente cree que el calentamiento del planeta obedece a la combustión de petróleo y gas, pero en realidad la deforestación emite del 25 al 30% de los gases que crean el efecto invernadero -unos1.600 millones de toneladas-, liberados a la atmósfera todos los años”, señala en su web la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El ingeniero Ulises Lovera, director de Cambio Climático del MADES, coincide en que lo que se conoce como “cambio de uso de suelo”, un eufemismo que hace más digerible términos como “desmonte” o “deforestación”, tiene su correlación con el calentamiento global, con cuya causa mundial nuestro país se ha comprometido mediante convenios internacionales.

Paraguay es uno de los países que menos contaminan, asegura Lovera, y eso está por verse. En el mundo, China y Estados Unidos siguen siendo una amenaza en cuanto a emisiones de gases de invernadero; más este último que siempre se ha mostrado reticente a suscribir herramientas internacionales en la materia. Entre ambos, concentran el 49% del total de CO2 liberado a la atmósfera todos los años.

Según Lovera, Paraguay está en la cola, con el 0,1% del total del planeta desde diciembre de 2018. Figura en el Inventario de Gases de Invernadero del MADES, de octubre del año pasado. Pero, según observa el sitio DatosMacro, esta cifra representa un aumento del 3,45% con relación a 2017. “Las emisiones totales de dióxido de carbono también han aumentado en los últimos cinco años, al igual que las emisiones per cápita, luego la situación continúa empeorando”, señala Datos.

Según el informe “Política Climática en Paraguay”, de Guillermo Achucarro, publicado por la organización BaseIS, nuestro país pasó de emitir menos de 200 kilotones (Kt) de CO2 en 1960, a casi 6.000 en 2014. Dice Achucarro que esto se corresponde con la transformación del sistema productivo paraguayo a partir de los años 70s, y que continúa hasta hoy con la expansión de la frontera agrícola.

El trabajo, que se vale de datos de la plataforma Climate Watch, del World Resources Institute, que cuenta con el apoyo de la iniciativa del Cambio Climático de Naciones Unidas, el Banco Mundial y gobiernos como el de Alemania y Gran Bretaña, revela que entre 1850 y 1894 Paraguay registraba emisión 0 de CO2. Y resulta sumamente ilustrativo, cuando señala que las emisiones de gases de invernadero coincidieron con las políticas de tierras públicas a partir de 1895.

Otro estudio similar, de la Universidad Concordia de Montreal, en Canadá, indica que si se tiene en cuenta el tamaño, Paraguay contribuye más que Brasil al calentamiento global, y lo mismo si se lo juzga por cantidad de población. Y hete aquí la paradoja: Dice el informe que “la contribución per cápita de Paraguay en 2014 supera a los mayores emisores de gases de efecto invernadero por habitante: Estados Unidos y China”.

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