El dilema de las pérdidas de investidura: “todos contra todos” en el Senado

La pérdida de investidura se volvió una suerte de “todos contra todos” en el Senado, un juego peligroso que puede desvirtuar el verdadero propósito de una figura constitucional, que a la vez resulta en la herramienta por excelencia del Congreso para auto depurarse.

En la sesión extraordinaria de mañana, el orden del día contempla el tratamiento de la pérdida de investidura de los senadores colorados Javier Zacarías Irún y Rodolfo Friedmann Alfaro. A última hora de anoche, se especulaba que podría agregarse también la pérdida de investidura de Sixto Pereira, parlamentario del Frente Guasú. Con la requisitoria contra el ganadero Javier Zavala, de Patria Querida, que hicieron el Partido Comunista y el P-mas, podría decirse que los pedidos de pérdida de investidura barren todo el arco político, de derecha a izquierda.

“Hay conductas y motivos que han merecido por incompatibilidades y uso indebido de influencias del (artículo) 201 (de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura), pero hay que hacer un balance; hay personas que sí, que debieron haber sido cuestionadas en el momento mismo en que presentaron sus candidaturas; pero hay que tener cuidado con estos hechos”, recomendó el constitucionalista Mario Paz Castaing.

El jurista y ex senador señaló a El Nacional que sin caer en consideraciones sobre los casos puntuales de destitución de parlamentarios en danza, “puede haber otros que buscan la revanchas política, y eso no conviene a las instituciones en este frágil sistema democrático que estamos sosteniendo con mucho esfuerzo todos los sectores”. “Hay que tener cuidado, sin caer tampoco en la impunidad”, afirmó.

Castaing también se declaró contrario a la reglamentación del artículo 201 que sancionó el Senado la semana pasada, en un nuevo ensayo por establecer un protocolo para el tratamiento de la pérdida de investidura en el Congreso, y un proyecto que se trae su polémica, porque todavía no quedó del todo claro si los parlamentarios tienen o no la potestad de hacer interpretaciones del texto constitucional.

“Yo tengo mis dudas sobre la reglamentación también, porque la Constitución no habla de una ley reglamentará, no dice nada; y en el derecho público sólo está permitido lo que está expresamente permitido, lo demás está prohibido”, explicó.

El tobogán enjabonado

Y precisamente es este proyecto de reglamentación del 201, que todavía necesita la media sanción de Diputados, lo que podría dejar sobre tablas el tratamiento de la destitución del cartista Zacarías Irún y el oficialista Friedmann, un duelo de la interna colorada trasladada al Senado.

“Lo que pueda suceder en el Senado es un misterio”, decía ayer el colorado Enrique Riera, que impulsa la destitución de su correligionario Friedmann, y que dice acompañar también los otros dos pedidos, contra su otro correligionario Zacarías Irún, y del izquierdista Pereira, impulsado por el cartismo con el respaldo de Patria Querida.

Según Riera, la expulsión de ambos podría bien ser decidida por la oposición, con prescindencia de los votos colorados de uno y otro sector. “Los colorados somos diecisiete nomás, si la oposición actuará unida ni siquiera necesitarían nuestros votos”, argumentó.

Riera sabe que es más probable que mañana destituyan a Zacarías, que a Friedmann y Pereira. El exministro de Agricultura, hombre clave del oficialismo en el Senado, ya salvó su banca el mes pasado, en una sesión extraordinaria donde con un argumento jurídico, abdistas, liberales y luguistas postergaron el tratamiento de su destitución ad referéndum de un pronunciamiento judicial que puede no llegar nunca.

Desde la izquierda, cuyos votos Riera considera clave y por lo que acusa a la bancada del expresidente Fernando Lugo de un “extraño acuerdo” con el gobierno, se contestó en la ocasión que el parlamentario colorado no pudo probar que Friedmann es propietario de la empresa proveedora de la merienda escolar en Guairá. “Cuando el señor Riera pueda probar que esa empresa es del señor Friedmann, vamos a apoyar la pérdida de investidura”, había dicho el senador luguista Hugo Richer.

De aquella sesión pasó un mes, y nada hace suponer que la situación de Friedmann haya sufrido algún cambio, y aparentemente tampoco hubo cambios en la coyuntura que posibilitaron al gobierno de Mario Abdo Benítez mantener a su hombre más cercano en el Senado.

Entretanto, el repentino apoyo de Riera a la destitución del cartista Zacarías Irún sorprende por lo satélite que siempre se demostró en la Cámara con la bancada del expresidente Horacio Cartes, a menos que de cara a la convención y las internas partidarias, el parlamentario se haya dispuesto a fortalecerse en un espacio independiente.

De hecho, Riera sostuvo que si mañana el Senado salva de la expulsión a Zacarías y a Friedmann, dos parlamentarios contra los que asegura hay pruebas suficientes, será porque “se hizo funcionar la operación cicatriz, que terminará por consumar la impunidad, lo que sería lamentable, porque si no cambiamos los jugadores, recuperamos la ética, la doctrina y nuestras banderas sociales, los colorados nos vamos a la llanura por un tobogán enjabonado”.

Sixto Pereira

El tercer pedido de pérdida de investidura, que el cartismo oficializó hoy contra el senador luguista Sixto Pereira, a quien acusan de haber hecho uso indebido de influencias en un caso que vincula a la empresa agro ganadera “Arroyo Pozuelo”, de Canindeyú, completa el mapa de las iniciativas destituyentes ingresadas oficialmente en el Senado.

El pedido se da luego que los gremios industriales y agroganaderos encaminaran hace dos semanas una acción similar contra Pereira, Hugo Richer, y Pedro Santacruz, del PDP, que se esperaba sea apadrinada por la bancada del ganadero Fidel Zavala, lo que finalmente no ocurrió.

A cambio, Antonio Barrios fue quien promovió la expulsión de Pereira, pero no por los motivos de los gremios empresariales, que lo señalaban junto a los otros dos parlamentarios por instigar a las invasiones de tierras privadas en una reunión de la Comisión de Reforma Agraria del Senado en Pindó, sino con base en una conversación telefónica filtrada a los medios, de Pereira con la abogada Marilene Sguarizi, donde teóricamente el senador de izquierda actúa como mediador en un conflicto de tierras judicializado.

Según el parlamentario del Frente Guasú, en la conversación de marras con la abogada sólo estaban buscando concretar una reunión entre la representación de la empresa y el abogado Antonio Parodi, quien sería propietario de una parcela dentro de la propiedad en disputa de Arroyo Pozuelo, y que el letrado estaba intentando vender al INDERT para destrabar un conflicto de tierras con organizaciones campesinas del distrito de Nueva Esperanza, donde se ubica “Arroyo Pozuelo”.

“El supuesto papel de mediador de un senador en un problema que ya está judicializado donde claramente se hace uso indebido de influencias fehacientemente comprobado, con actuaciones, testimonios, reuniones, grabaciones, capturas de chat, que están demostrando que se intervino en un conflicto de tierra a través un tercero; que está probado, que tiene vínculos con él, y también a través de una amenaza de invasión de tierras, o de recurrir a mensuras instrumentando al INDERT, que se cumplió porque intervino esta institución”, argumentó Riera, que firmó el pedido junto a Barrios, Sergio Godoy, y la bancada de Patria Querida.

El pedido de pérdida de investidura de Pereira surge luego que el abogado de la empresa agro ganadera, Oscar Tuma, pidiera por nota al presidente del Senado Oscar Salomón que encaminara un proceso en el marco del artículo 201 contra el parlamentario luguista, aportando de paso los elementos probatorios que le valieron al cartismo para su proyecto.

Pereira, por el contrario, sostiene que su papel en el conflicto con “Arroyo Pozuelo” se enmarca en sus atribuciones como parlamentario y, especialmente, como miembro de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, que preside su colega del PDP Pedro Santacruz, e integra también el ganadero Zavala, con quien la izquierda mantiene una polémica abierta sobre el origen de la propiedad de los grandes latifundios, y el hecho que la familia del senador de Patria Querida figura entre quienes fueron adjudicadas con grandes extensiones durante la dictadura, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley del Congreso. Es más, una auditoria del Ministerio del Ambiente (MADES), conocida hace poco, ubicó una propiedad de Zavala dentro de los límites del área silvestre protegida del Parque Nacional Ybycuí.

Matemáticamente, es improbable que el Senado expulse a Pereira. De ser ciertas las afirmaciones que hablan del acercamiento del luguismo con el oficialismo, y descontando el rechazo de las bancadas del PDP, el efrainismo, las abstenciones, ausencias, e incluso de algunos votos llanistas, el proyecto cartista no reuniría el apoyo necesario.

Hay quienes sostenían ayer que la destitución de Pereira se tratará también en la sesión extraordinaria de mañana. Es muy probable que no, que el tema más bien ocupe una próxima reunión del pleno, aunque –como dijo Riera- “lo que pueda suceder en el Senado es un misterio”.