Acuerdo con campesinos sería a cambio de votos para más préstamos

La firma del presidente del Congreso, el senador colorado Óscar Salomón, en el acuerdo del viernes pasado del gobierno con las organizaciones campesinas que estaban movilizadas en Asunción, volvió a encender la polémica en el Senado sobre la propiedad de la tierra, las ocupaciones y los desalojos, y puso en entredicho su potestad en el cargo para comprometer al Poder Legislativo, sin una consulta previa.

Los liberales Fernando Silva Facetti y Zulma Gómez fueron categóricos al señalar que Salomón “puede ser presidente, pero entre sus atribuciones no está firmar un acuerdo por las dos cámaras del Congreso”, tal lo expresado por Silva Facetti.

“Miles de acuerdos se firmaron, el presidente en nombre del Senado; desde añares, desde la época de Filizzola, Llano, Beto Ovelar, todos han firmado”, retrucó Salomón. Agregó que el tema de fondo no es si él puede o no, como presidente del Congreso, firmar acuerdos, sino “la eterna lucha, los gremios de la producción contra los campesinos”.

“Yo no voy a entrar en eso, voy a hacer el trabajo que me corresponde, y voy a hacer gestiones en favor de los campesinos; es una cuestión de justicia”, argumentó.

El parlamentario sostuvo que los detractores del acuerdo “creen que el artículo 6 (del documento) alienta las invasiones; nosotros creemos que no”. Contó que cuando se reunieron con los campesinos, él y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, “le hemos aclarado (a los dirigentes campesinos) que no íbamos a alentar ni permitir ninguna invasión de tierras”.

El artículo 6

En rigor, el artículo 6 parece ser como afirma Salomón. Dispone que los poderes Legislativo y Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y el Instituto Nacional del Indígena (INDI) instalen una mesa de trabajo para evitar la ejecución de desalojos hasta tanto “se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma (tierra) en una acción civil y estudiando caso por caso”. No habla de nuevas ocupaciones, sino de las que existen y están en litigio.

Silva Facetti cree que este punto “pone una barrera a la defensa de los derechos de los particulares, garantizada por la única institución que tiene la potestad de resolver cuestiones controversiales, que es el Poder Judicial”. “Pone en duda la decisión de la Justicia para garantizar un derecho constitucional y procesal; la Justicia es la única que puede frenar un desalojo”, señaló.

Agregó que “lo más grave es que este atropello al Poder Judicial lo firma el ministro del Interior y el presidente del órgano constitucional que hace las leyes, en una representación que nunca lo autorizó, y lo hace en nombre de ambas cámaras”.

El acuerdo, básicamente, traza una hoja de ruta para un programa de asistencia y acompañamiento a las familias campesinas e indígenas. El documento reasignar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) los U$S 25 millones de la recuperación económica del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), y destina otros U$S 5 millones del del MAG a planes de producción con la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular.

A cambio de votos

“Ahora mirando el orden del día entiendo que fue lo que pasó fue parte de la exigencia probablemente del Frente Guasú, metieron para el jueves todos los préstamos (del Poder Ejecutivo), y si metieron es porque tienen los votos”, señaló Silva Facetti a El Nacional.

El parlamentario liberal es de la idea que la bandada del expresidente Fernando Lugo negoció con el gobierno de Mario Abdo Benítez sus seis votos para el paquete de renegociación de la deuda pública que quiere el titular de Hacienda Benigno López, a cambio del acuerdo con los campesinos movilizados en la capital.

“Quiero ver cómo vota el Frente Guasú el jueves”, señaló también ayer la liberal Zulma Gómez.

Como era de esperar  desde la izquierda se negó cualquier negociación con el Ejecutivo, y muchos menos en lo relacionado a nuevo endeudamiento o medidas que hagan crecer la deuda pública acumulada.

“Son dos temas diferentes, una cosa es el acuerdo firmado por el Ejecutivo, apoyado por el Congreso y las organizaciones movilizadas; los préstamos son otro tema”, señaló el senador luguista Sixto Pereira.

Afirmó que de “lo único que sí hablamos es de reorientar lo aprobado para MOPC para un programa de emergencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero nos comprometimos con Congreso, porque es una tarea del Congreso lo concerniente al Presupuesto”.

El parlamentario de izquierda defendió el acuerdo firmado por Salomón, señalando “el presidente (Salomón) tiene la potestad de escuchar (a los campesinos) y si le parece pertinente dentro de su rol lo hace (firma)”. “Si ellos están en desacuerdo como dijo ya (Stephan) Rasmussen, bueno están en desacuerdo; nosotros jugamos a destrabar”, agregó.

“Estos guantes blancos, conservadores, lo único que ven es que los invasores son los campesinos, pero nosotros lo estamos demostrando con evidencia, con testimonios, con documentos, que ellos la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) con sus parlamentarios apoyan las invasión de las tierras de Loma, de los indígenas, con Muñoz y lo menonitas; la familia de (Fidel) Zavala y Plinio Pereira también la misma cosa están quebrantando y ocupando las tierras de los indígenas de Makutinga, en San Rafael del Paraná, Itapúa; ellos son los grandes invasores”, afirmó.

Más de lo mismo

Sobre estos paquetes que el Ejecutivo busca aprobar en el Senado, Silva Facetti señaló que “se dice que es para reactivación económica, pero la reactivación económica no puede ser más de lo mismo”.

“Hay cosas en las que es imposible no estar de acuerdo, como los programas sociales, pero darle otros U$S 45 millones al Ministerio de Vivienda cuando acaba de salir un informe de 250 páginas de la Contraloría General de la República hablando de sobrefacturación, mala gestión, que solo ejecutaron el 45% de los G. 100.000 millones que se le asignaron, me parece poco reflexivo por no decir otra cosa”, argumentó.

Acusó a la cartera de Dani Durand de “beneficiar solo a empresas cercanas, discresionalmente”. Opinó que las partidas asignadas en el marco de la pandemia era “para beneficiar a muchas empresas medianas y pequeñas, que generan muchos puestos de trabajo; pero todo se quedó entre pocas empresas”. Dijo que “mientras no haya un informe final de Contraloría no puede darse dinero a una administración cuestionada”.

“Lo mismo en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, agregó, argumentando que “no se necesitan grandes obras, porque las ejecutan grandes empresas que son las que tienen la tecnología, mientras las pequeñas y medianas se quedan paradas”. “Acá necesitamos que estás empresas trabajen, necesitamos impulsar obras de mediana envergadura”, afirmó.

Patear pago de la deuda externa

El único proyecto que Silva Facetti rescató del paquete que figura en el orden del día del jueves en Senado, es el proyecto de ley para la refinanciación de la deuda pública, pero opinó que no es una iniciativa por la buena voluntad del Ejecutivo, sino “una exigencia de la banca internacional”.

“Este proyecto de ley de administración de pasivos es interesante, pero es una exigencia de la banca internacional para darle la otra mitad de los U$S 150 millones que quedan, y exigen la ley”, afirmó.

“Le da potestad al Poder Ejecutivo para ir reprogramando vencimientos, sin consultarle a nadie, sin consultarle al Congreso, que tiene atribución constitucional”, agregó.

“Vos le preguntás a Benigno (López, ministro de Hacienda):  decime Benigno cuando vos decís que vas a refinanciar es porque cambias los papeles viejos por uno nuevo; te dice que sí; le preguntas si volver a pagar comisión por la gestión de la deuda, y te dice que sí, es que estamos hablando de un préstamo nuevo; no de un préstamo viejo, y eso es atribución del Congreso”, señaló Silva Facetti.