El hangar de Areguá en el tablero de la “narcopolítica”

El caso del hangar del aeródromo de Arrayán, ubicado entre las ciudades de Areguá y Luque en una zona bastante despoblada, describe una parte del esquema de funcionamiento del crimen organizado y sus vínculos con el sistema político.

El lugar fue allanado el jueves 8 de octubre por la Unidad Especializada del crimen organizado del Ministerio Público. Los fiscales Alicia Sapriza y Marcelo Pecci encontraron allí varias avionetas con matrícula paraguaya y un helicóptero Robinson 44, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que tiene también una historia aparte.

Según la Fiscalía, el hangar estuvo involucrado en la fuga del narco Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, líder del grupo criminal Comando Vermelho, rescatado el 12 de septiembre de 2019, mientras era trasladado al penal de Emboscada, en una balacera en la Costanera Norte, donde murió el comisario Felix Ferrari.

Los fiscales creen que tras el sangriento rescate, Samura escapó a bordo de una de las aeronaves halladas en el hangar, propiedad de Gustavo Enrique Bogado Brítez, un hombre que figura como proveedor del Estado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), procesado y detenido en el marco de la investigación.

A todo esto, la aparición de un cuaderno con los nombres de los 45 senadores discriminados por bancadas, y el juicio político al Presidente y Vicepresidente de la República, que resultó pertenecer al ex senador Alberto Grillón, quien se excusó diciendo que lo había olvidado ahí y que él siempre toma notas, resulta por lo menos suspicaz y no menos sospechoso que la reaparición de un ex ministro de Justicia en un nuevo y asombroso papel.

Reaparece ex ministro

Desde un comienzo, se sospechó que el rescate de Samura fue en realidad una entrega negociada. Lo dijo en los días siguientes a los hechos de Costanera Norte el fiscal Hugo Volpe, pero la investigación siempre apuntó a la posible complicidad de los agentes penitenciarios y nunca escaló hacia arriba en la cadena de mando.

El hecho que Julio Javier Ríos, ministro de Justicia en la época de la fuga de Samura, se presente como abogado defensor del dueño del hangar de donde el criminal voló a la Estancia “Cristo Rey”, en el Chaco, resulta por lo menos llamativo en ese sentido. Ríos tuvo que renunciar poco después y nadie había oído hablar de él hasta ahora.

Sin embargo, ninguno de los fiscales a cargo del caso quiso contestar a El Nacional si el Ministerio Público piensa abrir una investigación del ex ministro, y su relación –o no- con la fuga de Samura, y el rol que jugó el aeródromo de su cliente, allanado hace unos días.

El Róbinson argentino

El helicóptero Róbinson 44, matrícula LV-GWK, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ingresó a Paraguay el 30 de marzo de 2019, autorizado por la DINAC para una permanencia de ocho días.

Afirma el periodista argentino Raúl Kollmann, quien siguió la pista de la aeronave en Buenos Aires, que el helicóptero fue parte de un contrato para mantenimiento por $102 millones, de quien era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con la empresa Beech Flyng, de Leonardo Spokojni, un amigo del entonces presidente Mauricio Macri, quien ya le había encargado la logística de su campaña electoral.

Como parte de la suspicacia habría que recordar el todavía misterioso viaje relámpago del ex presidente Macri a Asunción para visitar a su colega Horacio Cartes, en medio de la estricta cuarentena por la pandemia de Covid-19 y con un salvoconducto sanitario hecho a la medida del visitante y su anfitrión. Mucho se dijo de ese viaje, pero poco se supo de los motivos reales. Que el nombre de Macri suene ahora relacionado con un helicóptero aparecido en un hangar vinculado al narcotráfico podría no ser casualidad.

La Fiscalía todavía no dilucidó los verdaderos motivos de la presencia del helicóptero argentino en Arrayán, pese a que Pecci y Sapriza sospechan que es parte de la flota a disposición del narcotráfico en el país. Dice Kollmann que la empresa Beech Flying sostiene que envió la máquina a Paraguay para mantenimiento por cuestiones de costo, un argumento que acaso podría ser refutado por el tiempo de permanencia de la nave aquí, mucho más de lo permitido y necesario. Es casi obvio que Bogado Brítez la estaba ocultando.

Otra pregunta que se hace el periodista argentino es ¿por qué el Róbinson mantenía el ploteo del Ministerio de Seguridad bonaerense? Kollmann cree que es por razones de camuflaje. “Es como huir en un patrullero”, ironizó.

El “puente aéreo”

Otro que relaciona el ploteado con el camuflaje es Esteban Gaselli, funcionario especializado de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quien confirmó a El Nacional que efectivamente la técnica de cubrir el fuselaje de las aeronaves con falsas insignias y matrículas hechas de plástico es una práctica común entre los grupos del crimen organizado que operan en el país.

Según el agente antidrogas, la actividad aeronáutica ilegal aumentó a la par del florecimiento de aeródromos privados y pistas clandestinas localizadas en puntos desiertos del Chaco y el noreste de la Región Oriental. Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, Vallemí, Concepción, Amambay y la reserva de Mbaracaju, se ubican en el polígono del tráfico aéreo clandestino.

La SENAD estima en 170 las pistas clandestinas en el país. Foto: Gentileza.

De hecho, la estancia “Cristo Rey” a la que voló Samura desde Areguá en septiembre del año pasado, contaba con una larga pista en perfecto estado operativo. Su propietario, el empresario brasileño Evando Cabral Da Rosa está preso desde el 30 de julio pasado.

Del mismo aeródromo de Areguá había despegado la avioneta ZP-BOK, que con un falso plan de vuelo aterrizó en la estancia “Divino Niño Jesús”, también en el Chaco, donde en octubre de 2019, un mes después de la fuga de Samura a “Cristo Rey”, fue hallada incendiada y destruida, y su piloto muerto y enterrado a pocos metros. Entre una y otra estancia hay solo 11 kilómetros.

Estimaciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) contabilizan en 2.500 las pistas registradas por la institución, pero sólo 1 de cada 4 están autorizadas a mantenerse operativas. En febrero, en ocasión de un operativo en el Parque Nacional de Paso Bravo, donde la SENAD destruyó otra pista ilegal, el ministro Arnaldo Giuzzio había hablado de la existencia de 170 aeródromos clandestinos en el país.

A la par que habla del crecimiento del “puente aéreo”, tal como llama la agencia antidrogas al tráfico de estupefacientes en avionetas ligeras, Gaselli sostiene que la mayor dificultad de los organismos de control y combate de esta actividad ilegal es la falta de recursos, presupuestarios y tecnológicos.

Por esta razón –dijo- la estrategia se volvió interinstitucional; la SENAD ya no actúa como solitario Quijote, sino que articula acciones de inteligencia con otros organismos e instituciones, como el Ministerio Público, CODI, DINAC y la Fuerza Aérea Paraguaya.

“El Estado está generando acciones interinstitucionales; las aeronaves con que cuenta la Fuerza Aérea, los Tucano, son aeronaves viejas pero efectivas para el trabajo”, afirmó. Agregó que “sería bueno fortalecer esto desde los aspectos técnicos y de recursos, porque hacer sobrevuelos tiene su costo”.