Acuerdo de Escazú: ¿De qué se trata este polémico pacto ambiental?

El Acuerdo de Escazú es el tratado regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Este polémico pacto aguarda la ratificación de un país más para comenzar a implementarse. A dos años de su firma en las Naciones Unidas, El Nacional dará al lector, en esta nota, las perspectivas para entender el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.

Antes que nada, es importante saber que el Acuerdo de Escazú es un tratado regional que tiene, principalmente, tres objetivos: garantizar a la sociedad el acceso a la información ambiental; promover la participación de todas las personas en las decisiones que afectan su vida y su entorno; y asegurar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, es decir cuando no se cumplan estos derechos.

¿Por qué Escazú?

El Acuerdo fue firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 por 21 países de la región, entre los cuales se encuentra Paraguay. Sin embargo, para que el tratado entre en vigencia necesita que 11 de los 21 países ratifiquen el tratado. Hasta ahora, 10 lo han hecho, por lo que está, prácticamente, a un paso de hacerse realidad.

El tratado es el primero en el mundo que incluye disposiciones para proteger a los defensores ambientales; para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridades.

Ceremonia en la que se firmó el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica. Foto: Gentileza.

Último país que se ratificó

Hace sólo dos semanas atrás, el décimo país en ratificar el tratado fue Argentina. La Cámara de Diputados de dicho país aprobó el Acuerdo con amplia mayoría, después de un extenso debate y de varias idas y venidas en ambas Cámaras del Legislativo argentino. De esta manera el tratado está cada vez más cerca de entrar en vigencia.

Hasta el momento, solo diez de los 23 países que firmaron el Acuerdo de Escazú lo ratificaron. Se trata de: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Argentina.

¿Cómo está la situación en Paraguay?

El gobierno de nuestro país aún estudia el documento. Sin embargo, la mesa directiva del Senado analizará este lunes, si incluye en el orden del día la declaración planteada por el partido Frente Guasu para que el Poder Ejecutivo remita nuevamente al Congreso el Acuerdo para su ratificación o rechazo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ya se pronunció otorgando su rechazo para el acuerdo.

A finales del 2019, el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, difundió un video en el que relacionaba el Acuerdo de Escazú con el aborto y la ideología de género, e invitaba a todas las iglesias a unirse en contra de su ratificación en el Congreso. En este momento, Paraguay recibió críticas internacionales ya que la Iglesia Católica había relacionado el Acuerdo con el derecho al aborto.

Tras esas críticas por parte de Valenzuela, el Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el proyecto de ley que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En su momento, el canciller Antonio Rivas, dijo que se tomó esa decisión para comprobar si el texto que criticaba el arzobispo de Asunción era el mismo que había firmado su antecesor, el excanciller Luis Alberto Castiglioni, en setiembre de 2018 en Nueva York.

Frente Guasu plantea una declaración para que el Ejecutivo remita el Acuerdo al Congreso. Foto: Archivo.

Detractores y defensores

Como ya lo habíamos mencionado, este es uno de los acuerdos regionales más polémicos que divide a dos sectores claramente definidos; incluso, en algunos países donde ya fue ratificado, creó desavenencias políticas serias. Para algunos, la ratificación del tratado es clave, ya que fortalecerá, dicen, la democracia ambiental y consolidará el desarrollo sostenible para todos. Dará herramientas para apostar a la recuperación económica en un ambiente sano, y sobre la base de un modelo de desarrollo más justo, sostenible e inclusivo.

Sus defensores aseguran, que el Acuerdo de Escazú regula el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, y el aumento de la resiliencia ante los desastres.

Mientras que la otra cara de la moneda, los detractores, rechazan el pacto ambiental ya que consideran que al suscribir este tratado internacional, se entregan derechos legítimos sobre los recursos naturales y del territorio de cada país. “En el tema de acceso a la información ambiental olvidan que existe información estratégica que no puede quedar expuesta al público en general porque eso afectaría directamente programas y planes de los proyectos que se vayan a ejecutar causando un desequilibrio en la competitividad”, señaló Paola Holguín, senadora colombiana que se convirtió en la cara visible de la lucha en contra de este Acuerdo.

Para acceder a todos los términos del Acuerdo puede ingresar aquí.