DeportesSuperclásico de la fecha 17
Cerro Porteño formalizó su apelación contra la resolución del Tribunal Disciplinario de la APF que dio por terminado el Superclásico ante Olimpia y adjudicó los puntos al conjunto franjeado.
La institución azulgrana sostiene que la decisión fue errónea y busca que el encuentro se reanude, argumentando que no se cumplieron las condiciones establecidas en el reglamento para darlo por finalizado. En ese sentido, el eje central de la presentación se basa en la supuesta inaplicabilidad del artículo 73.6 del Código Disciplinario, que exige que la imposibilidad de continuar un partido responda a la "culpa exclusiva" de una de las partes, condición que —según Cerro— no se verifica.
Para respaldar su postura, el club de Barrio Obrero detalla una serie de hechos apoyados en informes oficiales del árbitro, el delegado del encuentro y el encargado de seguridad. Uno de los puntos principales apunta a un presunto fallo en el operativo policial, denunciando un uso desmedido de la fuerza, con disparos de balines de goma y la utilización de gases lacrimógenos. Según la apelación, esta situación fue determinante para que espectadores, jugadores y árbitros se vieran obligados a abandonar sus posiciones y buscar resguardo en el campo o vestuarios.
Además, Cerro Porteño señala la participación de la hinchada rival como otro factor clave en los incidentes. El documento sostiene que, de acuerdo con registros audiovisuales e informes oficiales, integrantes de la barra de Olimpia descendieron desde la gradería hacia el campo y se dirigieron a otros sectores para enfrentarse con aficionados cerristas, arrojando objetos.
El documento también incluye más cuestionamientos al fallo de primera instancia. En ese sentido, subraya que la resolución fue adoptada por una ajustada mayoría de cinco contra cuatro, lo que —a criterio del club— refleja la falta de certeza sobre la supuesta responsabilidad exclusiva.
Además, califica de "jurídicamente inaceptable" que se haya encuadrado el accionar de la hinchada rival bajo supuesta "legítima defensa colectiva", señalando que conductas como el avance sobre vallas y la invasión del campo están prohibidas independientemente del argumento.
Por último, cuestionan la participación de uno de los miembros del Tribunal, Jorge Saldívar, ex directivo de Olimpia, quien —según recuerda el escrito— se había comprometido públicamente en 2022 a inhibirse en causas vinculadas al club franjeado, lo que no ocurrió en este caso.
Con este escenario, el expediente pasará ahora al Tribunal de Apelaciones de la APF, que deberá definir si confirma la sanción, la modifica o da lugar al pedido de reanudación del encuentro.
