El Grupo de Trabajo Internacional para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI) realizó una visita de emergencia a Paraguay del 19 al 25 de febrero para evaluar la situación crítica que enfrentan los ayoreo en aislamiento, concluyendo que existe un alto riesgo de genocidio para esta población.
La misión, conformada por más de 15 representantes de organizaciones y líderes indígenas de la Amazonía y del Gran Chaco, visitó las comunidades ayoreo de Chaidí, ubicada a 521 kilómetros de Asunción, e Ijnapui, a 551 kilómetros de la capital paraguaya. Al finalizar su recorrido, ofrecieron una conferencia de prensa y mantuvieron reuniones con autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena y la Defensoría del Pueblo.
La comitiva expresó profunda preocupación por la violación del derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas ayoreo del Chaco paraguayo y boliviano. Constataron la alarmante pérdida de bosque chaqueño debido a la deforestación asociada al modelo de desarrollo actual, lo que ha reducido los territorios indígenas titulados a espacios insignificantes en comparación con su territorio ancestral de más de 11.000 kilómetros cuadrados en Paraguay.
En la zona de Tamucode, parte del territorio ancestral ayoreo en el departamento de Boquerón, la intensa deforestación provocada por la estancia Faro Moro ha incrementado en los últimos dos años los avistamientos de indígenas en aislamiento cerca de comunidades ya contactadas. Según la misión, esta extrema deforestación e invasión territorial reduce los bosques de los cuales dependen para vivir, generando un riesgo inminente de contacto forzado. A pesar de numerosas acciones jurídicas interpuestas contra el proyecto agroindustrial, el sistema de justicia ha favorecido a los deforestadores, violando múltiples derechos de los pueblos originarios.
La misión también manifestó preocupación por el ingreso de plantaciones de soja transgénica en territorios transitados por pueblos indígenas en aislamiento y sedentarios, particularmente en zonas cercanas a la comunidad de Ijnapui. Los especialistas destacaron los riesgos a la salud generados por el uso de pesticidas, fertilizantes y herbicidas aguas arriba y a escasos metros de asentamientos indígenas, en áreas de comprobada presencia de grupos en aislamiento.
Otro punto crítico señalado fue el proyecto de la carretera Roboré - Agua Dulce entre Paraguay y Bolivia, que pretende dividir la región del Ñembi Guasu, atravesando el área intangible para los ayoreo en aislamiento. La delegación advirtió que esta obra provocaría cambios profundos en el entorno, alterando completamente los espacios de vida de estos grupos, la fauna y la flora, autóctonas del Gran Chaco.
La prospección minera, particularmente la búsqueda de litio y otros minerales de transición energética, representa otra amenaza significativa. Actualmente, existen concesiones para exploración en diferentes partes del Chaco paraguayo, sin que se hayan realizado consultas previas, libres ni informadas a los pueblos indígenas afectados. Propiedades indígenas enteras, incluso dentro del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, están siendo afectadas por estas actividades sin conocimiento de sus dueños.
La comunidad indígena ayoreo de Chaidí, en contacto inicial y asentada sobre el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, solicitó en 2016 medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La misión internacional hizo un llamado urgente a este organismo para que emita su informe de fondo sobre el caso.
El GTI PIACI, compuesto por organizaciones indígenas y aliadas de ocho países comprometidas con la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, concluyó su visita elevando la alarma ante la magnitud de la pérdida de los bosques del Chaco y sus culturas, instando a tomar acciones urgentes para salvaguardar los derechos de la población indígena y recuperar los ecosistemas perdidos.
