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El cartismo busca aprobar un permiso para sacar de escena al senador Hernán Rivas sin despojarlo de su banca, mientras la oposición y parte de la disidencia colorada sostienen que no corresponde ningún salvataje, que el pedido es inconstitucional y que la única salida compatible con la gravedad del caso es la pérdida de investidura. La pulseada expone no solo el costo político del escándalo por el presunto título falso de abogado, sino también el uso de la mayoría oficialista para convertir una crisis institucional en una maniobra de contención.
La sesión de este miércoles aparece así como un punto de quiebre. El oficialismo pretende habilitar el tratamiento del pedido de permiso de Rivas y aprobarlo por mayoría simple, pero la jugada depende de alcanzar el quórum legal de 23 senadores. En ese tablero, la oposición y los colorados disidentes pasan a ser decisivos, porque pueden definir si el tema siquiera se trata o si el plan cartista queda trabado antes de empezar.
El trasfondo del caso
Rivas llega a esta instancia acorralado por un escándalo que ya dejó de ser solo mediático para volver a instalarse con fuerza en el terreno judicial y político. En los últimos días, la Fiscalía abrió otra causa penal por presunta producción de documento público falso, mientras siguieron saliendo a la luz elementos que complican aún más la defensa del senador, entre ellos la declaración del exdecano Óscar Rodríguez Kennedy, quien afirmó que se vio obligado a firmar el título cuestionado y que le entregaron todo "hecho". A eso se suma la denuncia sobre presuntas amenazas a la fiscala Patricia Sánchez, una de las agentes que impulsó recursos para evitar que el caso quedara sepultado.
Con ese escenario, el pedido de permiso aparece menos como una salida institucional y más como una operación política para enfriar la crisis, descomprimir la presión pública y evitar, por ahora, la expulsión. Esa lectura no proviene solo de la oposición. Incluso dentro del cartismo, el senador Derlis Maidana admitió que el caso es "demasiado incómodo" para el oficialismo y que ya no hay "punto de retorno", al reconocer que solo quedan dos caminos en disputa: el permiso o la pérdida de investidura.
La discusión constitucional
El principal argumento contra el permiso está en la propia Constitución. El artículo 199 establece que los senadores y diputados solo pueden pedir permiso para aceptar cargos de ministro o de diplomático. Sobre esa base, legisladores opositores y juristas sostienen que el Senado no puede crear una salida paralela para que Rivas deje temporalmente su banca mientras intenta defenderse de una causa por supuesto título falso. Según esa postura, el reglamento interno no puede estar por encima de la Constitución y, por lo tanto, el permiso que impulsa el cartismo nacería viciado.
La oposición fue todavía más lejos y encuadró el caso dentro del artículo 201, referido a la pérdida de investidura. Para ese sector, el problema ya no es si Rivas necesita tiempo para preparar su defensa, sino si puede seguir ocupando una banca del Senado en medio de evidencias, denuncias y sospechas que comprometen la legitimidad misma con la que ejerció funciones públicas, incluyendo su paso por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Los votos que faltan y los números que condicionan todo
Pero entre lo que la oposición considera correcto y lo que realmente puede lograr en el pleno hay una distancia política decisiva. La pérdida de investidura requiere hoy 30 votos, luego de la modificación del reglamento interno del Senado. Ese número aparece fuera del alcance de los bloques que quieren echar a Rivas. Por eso, varios opositores admiten que, aunque entienden que la expulsión es la salida de fondo, hoy no tienen la fuerza necesaria para concretarla.
En ese marco, el cálculo político cambió. Algunos sectores empezaron a evaluar que votar directamente contra el permiso podría terminar legitimando una maniobra que, igual, el cartismo intentará aprobar si consigue sentar a 23 legisladores. De ahí que cobró fuerza otra estrategia: vaciar la sesión o, al menos, impedir el quórum. Esa posibilidad ganó volumen en las últimas horas, cuando desde la disidencia colorada se anunció que no acompañarán el pedido e incluso se habló de ausencias coordinadas para bloquear el tratamiento.
La bancada colorada disidente B, integrada por Blanca Ovelar, Óscar Salomón y Luis Pettengill, ya adelantó una postura inequívoca: no respaldará el permiso y acompañará la pérdida de investidura. Ovelar fue tajante al señalar que el pedido "no corresponde". Sumados a la llamada bancada democrática, los senadores que ya se alinearon contra el salvataje llegan a 16, una cifra que no alcanza para expulsar a Rivas, pero sí para complicar seriamente la ingeniería del oficialismo.
Las voces contra el salvoconducto
Entre los opositores, la idea dominante es que el Senado no puede rebajarse a servir de refugio para un legislador cuestionado por la autenticidad de su título. Celeste Amarilla insistió en que Rivas debe renunciar y advirtió que el escándalo arrastra a la Cámara a una indignidad inadmisible, al remarcar que el Senado "no es una comisión de barrio". Yolanda Paredes calificó el pedido como inconstitucional y reclamó una postura unificada para rechazar cualquier blindaje. Esperanza Martínez, por su parte, habló abiertamente de "blindaje cartista" y subrayó que lo que se intenta conceder no está previsto ni en la Constitución ni en las leyes.
Eduardo Nakayama expuso otra de las tensiones del momento: sostiene que la pérdida de investidura es lo que corresponde, pero adelantó su abstención frente al permiso porque entiende que votar en contra, sin tener los números para expulsar, puede terminar siendo funcional a la maniobra. Su postura retrata el nudo de la oposición: existe convicción política sobre la gravedad del caso, pero no hay todavía la correlación de fuerzas suficiente para ejecutar la sanción máxima.
El cartismo, entre el costo y la necesidad de cerrar filas
Del otro lado, el oficialismo no oculta que el caso se volvió una carga. Maidana admitió que Rivas ya se despidió de la bancada y que para Honor Colorado el tema es incómodo también frente a sus aliados. Sin embargo, lejos de empujar una ruptura total, el cartismo eligió administrar el daño: sacarlo temporalmente de la escena, preservar su banca y comprar tiempo mientras el caso sigue su curso judicial. Esa decisión deja al descubierto una contradicción política de fondo: el oficialismo ya no logra defender a Rivas sin costo, pero tampoco está dispuesto a entregarlo.
El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, ya había adelantado que, si el permiso se aprueba, se convocará al suplente. Y allí apareció otro dato relevante de último momento: Julio Borba renunció a su posibilidad de asumir, por lo que la línea de reemplazo corre hacia Carlos Liseras, dirigente alineado al cartismo. Es decir, incluso la salida temporal de Rivas podría terminar preservando el mismo control político del oficialismo sobre la banca.
Ese detalle vuelve todavía más sensible la discusión de este miércoles. Lo que se vota ya no es solamente si Hernán Rivas se aparta o no de la banca. También se define si el Senado convalida una fórmula para sostener la representación cartista sin asumir el costo institucional de una expulsión y sin resolver el fondo del problema. En otras palabras, el permiso funciona como una salida transitoria para Rivas, pero también como una cobertura estratégica para el bloque que lo cobija.
Una crisis que ya golpea al Senado
La gravedad política del caso se amplifica porque Rivas no es un senador cualquiera dentro del historial reciente del Congreso. Su nombre ya había quedado asociado al deterioro institucional del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al escándalo por el supuesto título falso que lo acompañó desde que ejerció espacios de poder. Ahora, con una nueva causa abierta, con amenazas denunciadas contra una fiscala y con un exdecano diciendo que firmó bajo presión, la discusión dejó de ser si el legislador merece una pausa para defenderse: la pregunta de fondo es cuánto más está dispuesto a degradarse el Senado para sostenerlo.
La señal política también se volvió más contradictoria después de que Rivas apareciera en un acto oficial junto al presidente Santiago Peña en Itapúa, aun cuando ya estaba instalado públicamente que el cartismo le abriría la puerta a un permiso para apartarlo. Esa imagen reforzó la idea de que, pese al discurso de incomodidad, el poder oficial todavía no termina de soltarle la mano.
