Paraguay en pie: un grito contra la corrupción

En distintos puntos de Paraguay, miles de ciudadanos tomaron las calles para expresar su descontento con el gobierno de Santiago Peña y exigir respuestas a una serie de demandas que, según los manifestantes, han sido desatendidas. La movilización, que también incluyó una gran concentración en la plaza de Armas frente al Congreso Nacional en Asunción, se desarrolló bajo una persistente llovizna y en un ambiente de tensión pacífica.

Los reclamos fueron variados y reflejan el amplio espectro de insatisfacción social. Entre los participantes destacaron adultos mayores, trabajadores jubilados y representantes de organizaciones civiles y sindicales. Equipados con banderas paraguayas y pilotines para resguardarse de la lluvia, los manifestantes avanzaron por las calles céntricas de la capital hasta llegar al Congreso, donde continúan las concentraciones.

Exigen respeto y cumplimiento de derechos

Uno de los reclamos más destacados vino de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad, que denunció la falta de implementación de una ley que establece una pensión del 25% para personas con discapacidad. “Llevamos años esperando y estamos decididos a que el presidente apruebe esta ayuda para toda la población discapacitada”, manifestó Lucas Aguilar, uno de sus voceros.

El malestar no se limita a este sector. Trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se pronunciaron a favor de una política energética soberana, mientras que otros manifestantes recordaron episodios de represión histórica, como el caso de un adulto mayor de Arroyos y Esteros que rememoró las violentas acciones de la dictadura stronista. “Desde aquellos años de gases lacrimógenos, sigo luchando por las causas del pueblo”, relató.

Acusaciones de corrupción e impunidad

Esther Roa, abogada y representante de la organización anticorrupción Sapycoapy, sumó su voz a las críticas contra el fiscal general Emiliano Rolón, señalándolo como símbolo de la impunidad reinante en el país. “El nivel de corrupción es insostenible, y demandamos su destitución inmediata”, expresó en medio de la marcha.

Al ritmo de “Patria Querida”, los manifestantes avanzaron en medio de un amplio dispositivo policial, sin que se registraran incidentes.

Campesinos e indígenas se movilizan masivamente

El miércoles 26 de marzo será clave para la movilización social en Paraguay. Se espera que unos 1.500 campesinos e indígenas lleguen a Asunción desde diversas zonas rurales, incluyendo los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú. Según Adrián Vázquez, referente de la Federación Nacional Campesina (FNC), los manifestantes comenzarán su travesía en las zonas más alejadas de Yhú, Vaquería y San Joaquín, deteniéndose en Caaguazú para pasar la noche. Desde allí, avanzarán en caravana hacia la capital para exigir reformas agrarias y condenar la corrupción gubernamental.

El punto de encuentro será en Coronel Oviedo a las 4:00, donde las columnas de manifestantes se unirán para dar mayor fuerza a su protesta. Vázquez denunció lo que considera una “actitud autoritaria” por parte del Gobierno frente a las demandas campesinas.

Ayolas se suma con fuerza

En el sur del país, adultos mayores y trabajadores del distrito de Ayolas también alzaron su voz. Frente a las instalaciones de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), integrantes de la Coordinadora de Adultos Mayores y representantes de organizaciones campesinas y de pescadores reclamaron una pensión de G. 1.500.000 para los abuelos y la regularización de los pagos atrasados. “Es indignante que muchos todavía no hayan recibido lo que por derecho les corresponde”, denunció Bernardino Melgarejo, vicepresidente de la Coordinadora.

Por su parte, los docentes representados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE) señalaron el deterioro de las condiciones laborales en el país y calificaron al actual gobierno como “entreguista y vendepatria”.

Un grito nacional contra el olvido

Estas manifestaciones evidencian un creciente malestar ciudadano hacia el gobierno de Santiago Peña, cuya administración es señalada por una amplia gama de sectores como insensible y corrupta. Las calles del país han comenzado a convertirse en el escenario de una lucha que une a campesinos, jubilados, indígenas y trabajadores en un llamado colectivo por justicia social y reformas estructurales. El eco de sus demandas resuena con fuerza, y el Gobierno enfrenta el reto de responder a una sociedad que se siente abandonada.