Crece lista de expresidentes “significativamente corruptos”

La reciente inclusión de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en la lista de personas significativamente corruptas del Departamento de Estado de los Estados Unidos la suma a un grupo de exmandatarios latinoamericanos señalados por actos de corrupción. Esta designación implica la prohibición de ingresar a territorio estadounidense y busca resaltar la lucha contra la corrupción en la región.

Cristina Fernández de Kirchner (Argentina)

El 21 de marzo de 2025, Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país de la exmandataria argentina y de su exministro de Planificación, Julio Miguel De Vido, debido a su participación en esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas. Estas prácticas resultaron en el desvío de millones de dólares del gobierno argentino. Cristina Fernández, quien ocupó la presidencia entre 2007 y 2015 y la vicepresidencia de 2019 a 2023, fue condenada recientemente a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por adjudicar contratos estatales a un empresario cercano. Aunque ha negado las acusaciones y planea apelar la sentencia ante la Corte Suprema de Argentina, su popularidad ha disminuido considerablemente en los últimos años.

Gobierno de Trump sancionó a Cristina Fernández por corrupción y le prohíbe entrar a EE. UU.

Horacio Cartes (Paraguay)

En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) como significativamente corrupto, prohibiéndole la entrada al país. Se le acusó de obstruir una investigación internacional sobre crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a sus socios, socavando la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay. Cartes, un empresario multimillonario con intereses en diversos sectores, ha sido investigado por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones terroristas. Aunque ha negado las acusaciones, en enero de 2023, Estados Unidos amplió las sanciones en su contra, congelando sus activos financieros y los de sus empresas en territorio estadounidense.

Hugo Velázquez (Paraguay)

El ex vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, también fue sancionado por Estados Unidos en enero de 2023 por su implicación en prácticas corruptas, incluyendo tráfico de influencias y sobornos. Según el Departamento de Estado, Velázquez trabajó para interferir en procedimientos judiciales con el objetivo de protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de cualquier investigación, amenazando a aquellos que podrían exponer sus actividades ilícitas. Aunque inicialmente anunció su intención de renunciar tras las acusaciones, posteriormente decidió continuar en su cargo, negando las imputaciones en su contra.

Estas designaciones reflejan el compromiso de Estados Unidos en combatir la corrupción en América Latina y promover la rendición de cuentas, afectando tanto a los individuos señalados como a sus entornos políticos y familiares.

Juan Orlando Hernández (Honduras)

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue designado como significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2022. La acusación señala su participación en actos de narcotráfico y corrupción a gran escala durante su mandato, vinculándolo con el uso de recursos estatales para proteger a carteles de drogas y recibir sobornos a cambio de garantizar el tráfico ilícito.

En febrero de 2022, Hernández fue arrestado en Honduras tras la solicitud de extradición de Estados Unidos, donde enfrenta cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y uso de armas. Según fiscales estadounidenses, Hernández utilizó su posición de poder para facilitar la entrada de toneladas de drogas a EE. UU., lo que ha sido calificado como una amenaza para la seguridad regional. Actualmente, enfrenta un proceso judicial en Nueva York, que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.

Esta designación destaca el uso sistemático de las instituciones gubernamentales hondureñas para beneficio personal, socavando la democracia y el Estado de derecho en el país.