Senado aprueba regulación de inhibidores de señal

El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de Ley que regula la importación, uso y comercialización de inhibidores de señales de frecuencia y comunicación. La propuesta, presentada inicialmente por el diputado Guillermo Rodríguez Duré, ahora deberá volver a la Cámara de Diputados para su consideración final.

El debate en la Cámara Alta, presidido por el senador Basilio Núñez, giró en torno a la necesidad de limitar estrictamente el uso de estos dispositivos a instituciones del Estado encargadas del orden público, la seguridad interna y las penitenciarías. Según explicó el senador Patrick Kemper, titular de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, cualquier instalación o uso de inhibidores deberá contar con la aprobación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

La implementación de esta ley implicará un control riguroso por parte del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la CONATEL, que se encargarán de la regulación técnica, distribución y supervisión de estos equipos. Además, se establecen sanciones tanto económicas como penales para quienes adquieran, utilicen o comercialicen estos dispositivos sin autorización.

El senador Luis Petengill, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, destacó que la comercialización de los inhibidores será restringida, permitiendo que solo quienes demuestren una necesidad legítima puedan obtener una licencia especial del Ministerio del Interior. Asimismo, advirtió que las sanciones por el uso indebido de estos equipos podrían alcanzar los 2.000 jornales mínimos.

La regulación de los inhibidores de señal ha sido un tema de preocupación, especialmente en el ámbito de la seguridad penitenciaria y la lucha contra el crimen organizado. Estos dispositivos han sido utilizados en cárceles para bloquear las comunicaciones de internos con redes delictivas fuera de los penales. No obstante, la falta de un marco legal claro ha generado un mercado irregular en el que estos equipos han caído en manos de actores privados, lo que representa un riesgo tanto para la seguridad como para el normal funcionamiento de las telecomunicaciones.

Con la nueva normativa, el Estado busca cerrar cualquier vacío legal y garantizar que estos equipos solo sean utilizados para fines legítimos. Ahora, la Cámara de Diputados tendrá la última palabra sobre la versión final del proyecto antes de su promulgación.