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Desafuero en suspenso

El exmandatario Mario Abdo Benítez puso fecha de vencimiento a su silencio, dijo el diputado colorado disidente Roberto González, en entrevista con El Nacional. Foto: Gentileza.

El exmandatario Mario Abdo Benítez puso fecha de vencimiento a su silencio, dijo el diputado colorado disidente Roberto González, en entrevista con El Nacional. Foto: Gentileza.

El oficialismo colorado en el Senado decidió dar marcha atrás en su intención inicial de conceder el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. En un giro estratégico, los legisladores del movimiento Honor Colorado (HC) optaron por convocarlo a una audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde podrá ejercer su defensa antes de que se tome cualquier determinación sobre su inmunidad parlamentaria.

Esta movida política responde a una clara intención de evitar un efecto dominó que podría comprometer a otros senadores oficialistas con cuentas pendientes en la justicia. Si Abdo Benítez era desaforado sin mayor trámite, quedaba abierta la puerta para que el mismo criterio se aplique a otros legisladores del mismo movimiento que enfrentan procesos judiciales. Ante ese escenario, la bancada colorada decidió ralentizar el procedimiento y postergar cualquier resolución definitiva, garantizando así una mayor protección a sus propios integrantes.

¿Si cae uno, caen todos?: desafuero de Abdo pone en jaque a Cartes y otros

Un cambio de postura en el oficialismo

En un principio, desde la bancada de Honor Colorado se mostraban favorables a avanzar con el desafuero del exmandatario. Sin embargo, tras una reunión interna, los legisladores decidieron replegarse y modificar su estrategia. El senador Natalicio Chase, líder del bloque oficialista, comunicó que la Comisión de Asuntos Constitucionales ahora convocará a Abdo Benítez para el martes 1 de abril a las 13:00, a fin de escuchar su versión de los hechos antes de emitir un dictamen.

El propio Chase aclaró que la comparecencia de Abdo no será una “convocatoria” en términos formales, sino más bien una invitación. Esto refuerza la idea de que el oficialismo está manejando los tiempos de manera calculada, evitando una decisión apresurada que pueda generar un precedente peligroso dentro de la Cámara Alta.

El trasfondo de la maniobra política

El cambio de postura de los senadores colorados no es casual. Desde el entorno de Abdo Benítez se sostiene que su desafuero responde a una persecución política impulsada por su antecesor y principal adversario dentro del Partido Colorado, Horacio Cartes. El exmandatario fue denunciado por Cartes tras la filtración de documentos que lo vincularon con operaciones financieras irregulares, lo que posteriormente derivó en la designación de Cartes como “significativamente corrupto” por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, en el oficialismo temen que, si se avanza con la pérdida de fueros de Abdo, no habrá argumentos para evitar que otros legisladores del mismo movimiento que enfrentan procesos judiciales corran la misma suerte. En otras palabras, el desenlace del caso Abdo podría abrir la puerta a una serie de desafueros que pondrían en riesgo la estabilidad de la bancada oficialista dentro del Senado.

Por esta razón, los colorados decidieron enfriar el proceso y otorgar a Abdo la posibilidad de defenderse antes de tomar cualquier determinación. Esto les permite ganar tiempo y evaluar el impacto político que tendría una eventual destitución de su inmunidad parlamentaria.

Desafuero o impunidad

Cartes también será citado

En paralelo a la convocatoria de Abdo Benítez, la Comisión de Asuntos Constitucionales también tiene previsto escuchar la versión de Horacio Cartes, líder de Honor Colorado y actual presidente del Partido Colorado. El ex jefe de Estado será citado el mismo martes 1 de abril, pero en un horario distinto, con el fin de exponer su postura como denunciante en este caso.

Según el presidente de la Comisión, el senador Javier Zacarías Irún, la intención es “tener la versión de ambas partes del expediente” antes de tomar una decisión. No obstante, la falta de una convocatoria formal y la ausencia de plazos concretos para la resolución del caso alimentan las sospechas de que el oficialismo está dilatando la cuestión para evitar consecuencias indeseadas dentro de su propio movimiento político.

Una comisión que ya se había pronunciado en contra del desafuero

Cabe recordar que la misma Comisión de Asuntos Constitucionales ya había dictaminado el 2 de abril de 2024 en contra del desafuero de Abdo Benítez. En aquella ocasión, la mayoría de sus integrantes votó por rechazar la medida, lo que dejaba prácticamente cerrada la discusión sobre su inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, el resurgimiento del caso y la insistencia de sectores de la oposición y la disidencia colorada forzaron a la bancada oficialista a reabrir el debate. No obstante, en lugar de acelerar el proceso, los senadores colorados decidieron replegarse y manejar el caso con cautela, evitando una resolución que pueda terminar afectando a otros miembros del oficialismo con situaciones judiciales pendientes.

El futuro del caso: ¿real voluntad de esclarecer o solo una jugada dilatoria?

Con la convocatoria de Abdo Benítez a la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo logró ganar tiempo y evitar que su desafuero se concrete de manera inmediata. La gran incógnita ahora es si realmente permitirán que el proceso avance con transparencia o si simplemente se trata de una maniobra para dilatar la discusión hasta que el tema pierda fuerza en la agenda política.

El dictamen que emita la Comisión tras la audiencia del 1 de abril será clave para definir el futuro del caso. Sin embargo, con un oficialismo que ya ha demostrado su intención de frenar el desafuero y proteger a sus propios legisladores, todo indica que la estrategia de dilación continuará por tiempo indefinido.

Mientras tanto, la oposición y la disidencia colorada seguirán presionando para que el Senado actúe con celeridad y resuelva la situación de Mario Abdo Benítez sin más demoras. Pero en un escenario donde los cálculos políticos priman sobre la transparencia institucional, la resolución final aún está lejos de definirse.

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