Cecilia Pérez: “Oficialismo mueve los hilos de la persecución”

La guerra judicial o lawfare ha tomado una nueva dimensión en Paraguay con el caso que enfrenta el expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros. La reciente acusación fiscal presentada contra ellos ha desatado una tormenta política y judicial que evidencia cómo el cartismo ha desplegado un plan meticuloso para eliminar a sus adversarios políticos a través de la manipulación de las instituciones del Estado.

La abogada Cecilia Pérez, exministra de Justicia y defensora de Mauricio Espínola, uno de los implicados del caso, no ahorró críticas contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y lanzó duras advertencias sobre la manera en que la Fiscalía está siendo utilizada como un “garrote político” para perseguir a quienes se enfrentaron al cartismo.

Pérez denunció que en Paraguay se está utilizando la justicia como herramienta de persecución política. Según la profesional, existe una estructura arraigada que permite la presión política sobre las decisiones judiciales y las designaciones de magistrados.

“Claramente es un modelo de instrumentalización de la justicia. Se viola la independencia que debe tener el sistema judicial y se presiona desde el poder político”, afirmó la abogada.

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“La Fiscalía del crimen organizado”

Pérez arremetió contra el Ministerio Público, señalando que, lejos de luchar contra el crimen organizado, se ha convertido en su principal aliado. “La Fiscalía de Emiliano Rolón es la Fiscalía del crimen organizado y no de lucha contra el crimen organizado”, denunció. Para ella, la institución que debería ser garante de la justicia opera con una agenda política, protegiendo a ciertos sectores y persiguiendo a quienes representen una amenaza para el poder de Horacio Cartes.

Según la abogada, la falta de cooperación internacional de la Fiscalía es una prueba de que su lucha contra el crimen es una farsa. “Son funcionales a la criminalidad transnacional. ¿No les llama la atención la poca o casi nula cooperación internacional con la cual trabajan ahora?”, cuestionó.

Pérez aseguró que en Paraguay la Fiscalía ya no busca justicia, sino que se ha convertido en un instrumento del cartismo. “Acá solamente se buscan excusas para blanquear a los amigos, para congelar causas y perseguir a los adversarios políticos de turno”, sentenció.

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La cumbre de poderes y la persecución judicial

La abogada vinculó directamente la ofensiva judicial contra Mario Abdo y su equipo con reuniones entre la cúpula del poder. Según Pérez, tras una cumbre organizada por el presidente Santiago Peña para “hablar de corrupción”, se inició un operativo en la Fiscalía para arremeter contra los exministros de Abdo.

“Esta es la prueba de la famosa cumbre de poderes. Emiliano Rolón era una persona hasta aquella primera cumbre de poderes que organizó Peña para hablar de corrupción supuestamente. Desde esa vez han aumentado los casos y sacaron una ley que sirve más para el ‘plata je’u’ de las capacitaciones y hacer propaganda por ahí, diciendo que tienen un plan anticorrupción”, ironizó.

Pérez insinuó que la cumbre marcó un punto de inflexión, ya que poco después se presentó la imputación contra Mario Abdo y sus exministros. Incluso alertó que este mismo mecanismo se podría repetir contra otros fiscales que no se alineen al cartismo.

“Después de la cumbre, imputaron a Abdo. Luego, tras otra cumbre, salieron a criticar a Osmar Legal. Que no les sorprenda que Osmar Legal sea imputado, pero ojo que no soy fan de Legal, porque él era uno de los grandes cajoneadores de carpetas, justamente de las causas que tenían que ver con el cartismo”, señaló.

La Fiscalía como herramienta de persecución política

Pérez también lanzó críticas contra Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, dos fiscales que estarían alineados con el cartismo y que han sido protegidos por Rolón. Según ella, el fiscal general ha demostrado una “actitud obsecuente y sometida” a los intereses del cartismo.

“¿Qué tiene Aldo Cantero que Emiliano Rolón lo protege tanto? ¿Qué tiene el cartismo en contra de Rolón para que actúe de esta manera? Se volvió defensor de los bandidos, de los lavadores y narcotraficantes”, disparó.

También calificó de lamentable la situación del fiscal Cristian Benítez, a quien describió como un operador político. “Este muchachito, Cristian Benítez, me da mucha pena. Perdió una terna anterior y, según sus propias manifestaciones, esta vez iba a ganar porque ya consiguió el componente político que le faltaba”, afirmó.

La advertencia al “monje negro”

En medio de sus declaraciones, Pérez lanzó una advertencia al “monje negro” del gobierno, en aparente alusión a Víctor Galeano Perrone, un personaje clave dentro del cartismo. “Quiero decirle al monje negro que tuvo razón con relación a la acusación, pero también le digo que no nos van a quebrar”, sentenció.

La exministra insistió en que la Fiscalía está siguiendo un libreto político para destrozar a los adversarios del cartismo. “El origen de esta causa habla del origen del lavado de dinero proveniente del crimen organizado. La Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior en la época de Stroessner ahora está formalmente instalada en la Fiscalía General del Estado y depende de Emiliano”, denunció.

Un caso que desnuda el lawfare en Paraguay

El caso contra Mario Abdo y sus exministros ha dejado en evidencia el uso de la justicia como herramienta de persecución política. La Fiscalía, en lugar de investigar de manera imparcial, ha acelerado una acusación que, según los denunciantes, carece de sustento penal.

El lawfare o guerra judicial, como se ha visto en otros países de la región, se ha convertido en una estrategia para aniquilar políticamente a los adversarios. La manipulación de la justicia por parte del cartismo ha transformado a Paraguay en un escenario donde la política se dirime en los tribunales, con la Fiscalía y el Poder Judicial como piezas clave de una maquinaria de persecución.

Lo que queda claro es que este caso no es solo una disputa judicial, sino una batalla política. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará esta ofensiva judicial y quién será la próxima víctima del lawfare en Paraguay?