Justicia revoca decretos de Peña y ordena reponer a miembros del Erssan

La Segunda Sala del Tribunal de Cuentas emitió un fallo que marca un precedente en la administración de Santiago Peña al revocar los decretos 609/2024 y 652/2024, que habían dispuesto la remoción de Guido Benítez Segovia y Óscar Silvera Gallinar como miembros del Comité de Administración del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan). La sentencia ordena la reposición de ambos en sus cargos y el pago de los salarios caídos desde la fecha de su destitución hasta el cumplimiento efectivo de la resolución.

La demanda fue impulsada por el abogado Enrique Chiriani, quien argumentó la ilegalidad de las remociones decretadas por el Ejecutivo. Este fallo representa la primera vez que el Poder Judicial anula decretos de designación de autoridades de la actual administración.

Aún queda pendiente la resolución de otros casos similares, como el de Jorge Ojeda Da Rosa, también removido del Erssan bajo circunstancias que considera ilegales, y el de Enrique Kronawetter, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, cuya destitución también está siendo cuestionada.

El antecedente de esta controversia se remonta a 2023, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores analizó la situación y, en un dictamen de minoría firmado por Líder Amarilla, Rafael Filizzola, Eduardo Nakayama y Yolanda Paredes, recomendó no sustituir a Benítez Segovia y Silvera Gallinar. Los legisladores argumentaron que el mandato de ambos seguía vigente y que su remoción no se ajustaba a derecho.

El fallo judicial ratifica este criterio y, en el caso de Óscar Silvera Gallinar, especifica que debe ser restituido como representante de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) dentro del Comité de Administración del Erssan. La sentencia también establece que los afectados deben percibir el pago de sus salarios caídos, conforme a los argumentos expuestos en la resolución.

Este dictamen supone un revés para la administración de Peña y podría influir en futuras disputas sobre la legalidad de otras destituciones y nombramientos realizados por el Ejecutivo.