Alertan sobre “una red de protección política a organizaciones criminales”

En el marco del escándalo sobre la divulgación de los chats del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (+), e investigaciones sobre operaciones sospechosas y corrupción, el exsenador Jorge Querey aseguró que existe una red de protección dentro de los Poderes del Estado que resguarda los intereses de grupos vinculados al crimen organizado. Criticó la falta de avances en casos claves y atribuyó esta inacción a presiones políticas.

“Estoy absolutamente seguro de que hay una red que hoy está asentada en los Poderes del Estado y forma parte de los intereses de las organizaciones criminales. Lo que estamos viendo, con la divulgación de chats y otras evidencias, no hace más que dar prueba fehaciente de esto”, afirmó en una entrevista exclusiva con el diario El Nacional.

Querey, quien formó parte de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso Nacional, que analizó varias operaciones sospechosas como las de Darío Messer, dijo que ya se tenía una investigación en torno a Alexandre Rodrigues Gomes y a Eulalio “Lalo” Gomes, un hecho que le hizo expresar su convicción de que la política está alineada con poderosos sectores económicos y criminales.

Incluso, para el exlegislador jueces, parlamentarios, empresarios y miembros del Poder Ejecutivo han contribuido a consolidar esta estructura de impunidad. “Las políticas de Estado, en la medida de lo necesario, se ajustan y se alinean a los intereses de pequeños grupos económicos tremendamente poderosos”, señaló, advirtiendo que estas influencias obstaculizan cualquier intento serio de investigación y sanción.

Asimismo, recordó que la CBI documentó una serie de casos de corrupción y lavado de dinero, muchos de los cuales fueron remitidos a la Fiscalía sin que se les diera seguimiento. Entre ellos, mencionó las irregularidades en el sector tabacalero, el contrabando en Itá Enramada y Ciudad del Este, y las operaciones financieras sospechosas de Ramón González Daher. Según Querey, la falta de avances en estos procesos es una prueba más del control que ciertos sectores ejercen sobre las instituciones de justicia.

Operaciones sospechosas de “Lalo” Gomes

El exsenador Querey expuso una serie de irregularidades y operaciones sospechosas vinculadas a Alexandre y al extinto Eulalio “Lalo” Gomes, basándose en documentos y declaraciones obtenidas por la CBI.

Mencionó que en declaraciones de Darío Messer, de cuando estaba prófugo, el mismo señalaba su hijo Alexandre Rodrígues Gomes y otras personas vinculadas a Cabeza Branca, un conocido narcotraficante. Estas declaraciones se originaron en Brasil tras la detención de Messer.

También comentó que se tuvo acceso a un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), previamente remitido a la Fiscalía. Este documento señalaba operaciones sospechosas de “Lalo” Gomes, su hijo y sus empresas, entre ellas Paraguay Autopartes.

El informe detallaba movimientos financieros sin contrapartida legítima, es decir, ingresos que no coincidían con los egresos y carecían de justificación.

Asimismo, se mencionaban transacciones ligadas a personas cercanas a Cabeza Branca y al grupo familiar de Motta, en la frontera, lo que generó señales de alerta por posibles delitos financieros.

“Esto básicamente en resumen era eso lo que decía y la remisión correspondía porque llenaban las características de que eso tenía elementos de alarma con respecto al movimiento financiero que podrían configurar los diferentes delitos”, respondió a El Nacional.

Falta de acción de la Fiscalía

El doctor Jorge Querey critica la falta de acción por parte del Ministerio Público, en particular de la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Señala que la CBI recopiló y documentó numerosas irregularidades relacionadas no solo con “Lalo” Gomes y Darío Messer, sino también con otros casos de posible corrupción y crimen organizado.

Explica que la comisión no solo presentó un relato de los hechos, sino que fundamentó sus hallazgos en más de 800 páginas de informes, dentro de las cuales entre 70 y 80 eran exclusivamente de inteligencia financiera. Además, enfatiza que muchos de estos informes ya habían sido remitidos a la Fiscalía antes de que la CBI los analizara, pero no se les dio el seguimiento adecuado.

“Están los órganos jurisdiccionales que deberían de hacer lo suyo”, apuntó.

Dos caminos

En un análisis y reflexión, el exparlamentario plantea posibles caminos para combatir la corrupción y la influencia del crimen organizado en el Estado. Explica que hay dos vías principales: el primero; que las instituciones asumen su rol y actúan contra la corrupción y el segundo; el recambio electoral, que considera muy difícil.

En lo que respecta al primer cambio, Querey refiere que no ocurrirá “si no hay una protesta o una presión ciudadana que presione lo suficiente como para que esto ocurra”, apuntó.

Sobre el segundo, argumenta que el financiamiento proveniente del narcotráfico, el tráfico de influencias, la trata de personas y el comercio ilegal de armas “influyen en la selección de candidatos, permitiendo que las estructuras criminales mantengan su control político”. Además, menciona que la manipulación de la imagen pública a través de los medios de comunicación y redes sociales complica aún más la posibilidad de un cambio genuino.

También destaca la vulnerabilidad del sistema electoral, lo que hace que incluso candidatos honestos tengan dificultades para ser electos sin el respaldo de grandes inversiones. Finalmente, advierte que, si no se generan cambios por presión ciudadana o reformas políticas, existe el riesgo de que la situación derive en una salida violenta.

“Hay una situación que esperemos no llegar que son las salidas violentas a este tipo de cosas, pero veo muy complejo el panorama, lo que si veo es que la gente tendrá que protestar, tendrá que agitar de tal manera que las instituciones cumplan su rol”, concluyó.