Política
Califican de “garrote político” al JEM y anuncian proyecto de reforma

La oposición en la Cámara Alta busca consenso para impulsar una profunda reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ante las crecientes denuncias de corrupción y manipulación de la justicia. La filtración de chats del fallecido diputado Lalo Gomes, que reveló oscuros manejos dentro del sistema judicial, ha intensificado la presión para cambiar la estructura y el funcionamiento del órgano extrapoder.
El senador liberal Éver Villalba reconoció que existen múltiples proyectos de reforma en el Congreso y afirmó que la oposición trabajará en un consenso para presentar una propuesta unificada. “Lo cierto y concreto es que se necesita una gran reforma en el JEM. El problema principal es su oficiosidad, ya que opera con un método inquisitivo en el que puede iniciar investigaciones, juzgar y condenar de oficio”, expresó, durante una entrevista que mantuvo con El Nacional.
Villalba advirtió que este mecanismo convierte al JEM en un “garrote político” que se usa para blanquear aliados y perseguir opositores. Respaldó la propuesta del senador José Oviedo, quien plantea que los miembros del JEM sean electos por voto popular, aunque reconoció que la idea necesita un mayor debate.
El legislador también alertó sobre el riesgo de que el JEM siga operando con la misma estructura que ha facilitado la impunidad de actores políticos y judiciales. “Hoy vemos cómo el JEM ha sido utilizado como un arma para proteger a ciertos sectores y castigar a otros. No puede ser que los magistrados y fiscales dependan de los intereses de un grupo político en lugar de la justicia y la Constitución”, señaló.
Para Villalba, una de las claves de la reforma es asegurar que el órgano extrapoder deje de ser un espacio de negociaciones políticas y pase a ser una institución transparente y verdaderamente autónoma. “La gente está cansada de ver cómo el JEM se ha convertido en un club de favores. Si no cambiamos la forma en que se elige a sus integrantes y no establecemos reglas claras, vamos a seguir viendo la misma historia de siempre”, agregó.
Asimismo, destacó la importancia de crear mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que el JEM continúe operando en la sombra. “Necesitamos que sus miembros rindan cuentas ante el Congreso y ante la ciudadanía. No podemos permitir que las decisiones sobre jueces y fiscales se sigan tomando en reuniones secretas o con base en intereses políticos”, enfatizó.
Chats filtrados sacuden el poder
La crisis en el JEM se desató tras la divulgación de conversaciones entre Lalo Gomes y el diputado Orlando Arévalo, quien hasta hace poco era vicepresidente primero del JEM. El escándalo forzó la salida de Arévalo del órgano extrapoder y su renuncia a la banda legislativa, presionado por su propio movimiento, Honor Colorado.
Los chats también involucraron a las fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, así como a la exjueza Sadi López, lo que dejó en evidencia un presunto esquema de favores y tráfico de influencias en la justicia.
El diputado opositor Raúl Benítez fue aún más contundente y denunció que el JEM funciona como una “máquina de blanqueamiento”. Según el legislador, la llegada de Arévalo al JEM no fue casualidad, sino parte de un plan para proteger a aliados políticos y presionar a adversarios.
“No aterrizó allí en una nave espacial, fue colocado para hacer funcionar toda la maquinaria de blanqueamiento y apriete. Muchas personas cambiaron de carpa política y pasaron a Honor Colorado para hacer negocios, y Lalo Gomes fue un claro ejemplo de eso”, afirmó Benítez.
El legislador advirtió que si Honor Colorado mantiene el control del JEM, el esquema de manipulación judicial continuará con nuevos actores. “Este movimiento llegó al poder para hacer negocios y para eso necesita una justicia sometida. Si el siguiente representante de Diputados ante el JEM lo elige Honor Colorado, seguirá el mismo esquema con otras personas y no va a cambiar nada”, sentenció.
El debate sobre la reforma del JEM promete intensificarse en las próximas semanas, mientras la ciudadanía sigue atenta a un sistema judicial en crisis y salpicado por la corrupción.
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