Patentes: Congreso busca corregir “error” que golpea bolsillos

La reciente implementación de la Ley N.º 7447/2025, que unifica los costos de habilitación vehicular en todos los municipios de Paraguay, ha desatado un fuerte descontento ciudadano debido a su impacto económico y su aparente inequidad. Lo que en principio fue presentado como una solución para homogeneizar los tributos en todo el país, terminó siendo calificado como un “error” por varios legisladores, quienes ahora buscan corregir los problemas generados por esta normativa. Desde el Congreso Nacional se están analizando alternativas legislativas, ya sea a través de una revisión profunda de la ley, modificaciones puntuales o incluso mediante otros mecanismos que puedan mitigar los efectos negativos en la población.

La ley, promulgada recientemente por el presidente Santiago Peña, ha generado un reajuste en los costos de las patentes vehiculares que, según denuncias de ciudadanos y parlamentarios, beneficia desproporcionadamente a los propietarios de vehículos de alta gama mientras que incrementa las cargas tributarias para quienes poseen automóviles más modestos. En respuesta, senadores y diputados de distintas bancadas han manifestado su disposición a revisar la normativa y a proponer cambios que restablezcan la justicia tributaria.

Un “error” legislativo que golpea a los ciudadanos

El senador Ever Villalba (PLRA) ha sido uno de los principales críticos de la nueva normativa, señalando que esta fue tratada de manera “apresurada e inconsulta”, lo que derivó en graves desequilibrios económicos para los contribuyentes. Según explicó Villalba, la unificación de los costos de habilitación no consideró factores clave como la depreciación de los vehículos ni su valor en el mercado. Además, denunció que las categorías creadas para clasificar los costos son ambiguas y terminan favoreciendo a sectores privilegiados.

“Como intención, la ley estaba bien, pero no se tuvo en cuenta las consecuencias. Hoy, con esta unificación, alguien que pagaba G. 1 millón ahora paga G. 400.000, mientras que otro que pagaba G. 90.000 pasó a pagar G. 250.000. Esto genera un desequilibrio tremendo que debemos corregir”, declaró Villalba en conversación con los medios.

El legislador anunció que está trabajando con un equipo técnico para elaborar un borrador de modificaciones que será discutido con los manifestantes. Una vez alcanzado el consenso, se presentará ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que convocaría una sesión extraordinaria del Senado para tratar el tema.

Reclamo de equidad: “Es una ley recaudadora”

Por su parte, el diputado Daniel Centurión (ANR) también cuestionó la normativa, calificándola como una ley “meramente recaudadora” que traiciona su propósito original de unificar criterios tributarios.

“El reclamo principal es que se unifica en un solo costo y eso es injusto. El espíritu de la ley era unificar el criterio, no ajustar los costos al alza y perjudicar al ciudadano. Así como está, esta ley no beneficia a nadie más que al sistema recaudador”, puntualizó, durante una entrevista con El Nacional.

Centurión también criticó la falta de debate en la aprobación de la ley, señalando que fue producto de una “bajada de línea” que presionó al Congreso para aprobarla de forma apresurada. “La mayoría de los colegas te dice: ‘bajaron la línea, la orden ya vino; tenemos que aprobar’. Esto es legislar con errores, y ahora el resultado es que golpea directamente al ciudadano”, lamentó.

El diputado señaló que esta no es la primera vez que ocurre algo similar, mencionando otros casos recientes como el aumento de peajes, donde también se aprobaron normativas sin un análisis adecuado. “Se alzó el peaje, ahora la habilitación, todo esto golpea al ciudadano. Debemos revisar estas decisiones, porque nuestra función es legislar para el beneficio de la gente, no para cumplir órdenes de alguien”, agregó.

Impacto económico y desigualdad social

Una de las principales críticas a la Ley N.º 7447/2025 es que no diferencia entre los distintos tipos de vehículos, aplicando el mismo costo de habilitación tanto a automóviles económicos como a modelos de alta gama. Esto, según los detractores, profundiza las desigualdades económicas y afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

“El reclamo es justo. No se puede equiparar un vehículo promedio con uno de alta gama, que solo podría ser adquirido por una clase privilegiada. La ley, tal como está, no contempla la realidad económica del ciudadano común”, señaló Villalba.

Por otro lado, los manifestantes han expresado su preocupación por el impacto que esta normativa tendrá en su economía familiar, especialmente en un contexto en el que otros costos asociados al transporte, como los peajes, también han sufrido incrementos significativos.

Posibles caminos legislativos

Desde el Congreso, tanto senadores como diputados han coincidido en la necesidad de corregir este “error legislativo”. Entre las alternativas que se barajan están:

1. Revisión integral de la ley: Implica replantear los principios básicos de la normativa para garantizar que el cálculo de los costos sea proporcional y justo.

2. Modificaciones puntuales: Ajustar las categorías y los criterios de valoración para diferenciar entre vehículos de alta gama y automóviles más accesibles.

3. Suspensión temporal de la normativa: Propuesta que permitiría realizar un análisis más detallado sin que los ciudadanos sufran las consecuencias inmediatas de la aplicación de la ley.

Villalba y Centurión han adelantado que buscarán dialogar con todas las partes involucradas, desde los manifestantes hasta los técnicos responsables de la ley, para encontrar una solución consensuada.

Un llamado a la responsabilidad política

La polémica en torno a la Ley N.º 7447/2025 evidencia la necesidad de un mayor debate y análisis en el Congreso antes de aprobar normativas que impactan directamente en la economía de los ciudadanos. Si bien la intención original era promover la equidad tributaria, el resultado ha sido todo lo contrario: una ley que favorece a unos pocos y perjudica a la mayoría.

El desafío ahora radica en corregir este error y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema legislativo. Los próximos pasos, que incluyen la elaboración de propuestas de modificación y su eventual debate en sesiones extraordinarias, serán clave para determinar si el Congreso está verdaderamente comprometido con legislar en beneficio del pueblo.