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Política

Marta Ferrara: “Gobierno debe considerar informe de EE. UU. sobre corrupción desenfrenada”

Marta Ferrara, de Semilla para la Democracia. Gentileza.

Marta Ferrara, de Semilla para la Democracia. Gentileza.

Martha Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia, manifestó en una entrevista exclusiva para el diario El Nacional que el informe de los Estados Unidos, que sostiene que la corrupción desenfrenada obstaculiza el crecimiento de la economía en Paraguay, debe ser tomado en cuenta, especialmente por las autoridades, no como una crítica destructiva, sino como una constructiva.

Para Ferrara, la postura que adopte el país resulta crucial, especialmente ahora, debido a que Paraguay cuenta con un candidato a secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA): el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

“Si nuestro canciller realmente aspira seriamente a ser el secretario general de la OEA, debe demostrar la capacidad de escuchar las voces de la sociedad civil. Esto es especialmente relevante en este momento, ya que contamos con una ley que busca restringir la participación y ejercer un control excesivo sobre la sociedad civil, siguiendo modelos similares a los de países con gobiernos totalitarios como Nicaragua y Venezuela”, señaló Ferrara.

Asimismo, destacó que se trata de un “serio llamado de atención”, considerando que este tipo de informes incluyen tanto la perspectiva de la sociedad civil como datos proporcionados por representantes de las instituciones del Estado, tales como la Contraloría, el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros.

Las declaraciones de la directora ejecutiva se enmarcan en el informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión 2024 en Paraguay. El documento señala que la impunidad y la corrupción desenfrenada continúan obstaculizando el desarrollo económico del país, que se posiciona en la mitad o por debajo de la media en la mayoría de los indicadores de competitividad.

“Claramente, debemos reconocer que enfrentamos ciertas debilidades que son de público conocimiento, como el déficit en nuestro sistema de justicia, la falta de calidad en nuestra democracia y su progresivo deterioro”, añadió.

Ferrara destacó que, a su juicio, la mayor debilidad se evidencia en los órganos de justicia, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM), señalando que ambos están completamente copados por el oficialismo.

“Por primera vez en la historia, todos los miembros pertenecen exclusivamente a un partido y un sector político, algo que no ocurría desde la dictadura. Creo que estas señales deben ser tomadas en cuenta en el contexto internacional, y estos informes deberían servir precisamente para eso”, opinó.

El informe del Departamento de Estado subraya que la inseguridad judicial afecta negativamente el clima de inversión, además de señalar que la infracción de marcas y la falsificación son prácticas comunes. También resalta cómo la corrupción rampante y la impunidad de los funcionarios públicos erosionan la confianza en el Estado de derecho.

“Cualquiera que considere invertir en Paraguay buscará, antes que nada, seguridad jurídica. Eso es indiscutible. Es absolutamente necesario realizar una autocrítica y revisar el contenido del informe”, sostuvo Ferrara.

Asimismo, instó al presidente de la República, Santiago Peña, a trabajar junto con su Gabinete y el Congreso para cambiar esta situación, argumentando que Paraguay tiene potencial para atraer inversiones y alcanzar el ansiado grado de inversión, siempre que se implementen reformas que fortalezcan la confianza en el sistema.

Es importante recordar que el informe, además de señalar que la corrupción desenfrenada obstaculiza el crecimiento de la economía paraguaya, destaca que, aunque la legislación contempla sanciones penales contra la corrupción de funcionarios públicos, “la impunidad impide su aplicación efectiva”.

“Históricamente y en la actualidad, funcionarios de todas las ramas y niveles del gobierno incurren en prácticas de corrupción. Además, la Contraloría General de la República estima que el 90% de las instituciones públicas presentan deficiencias en sus sistemas de supervisión”, señala el documento.

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