Gobierno de Peña: discurso de inversión frente a señales de retroceso institucional

El gobierno de Santiago Peña ha tomado decisiones que han generado una mezcla de polémica y preocupación, especialmente en el ámbito de la transparencia y la lucha contra el crimen organizado. Una de las medidas más discutidas ha sido la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que había sido un símbolo, aunque imperfecto, del compromiso con la integridad pública. Este desmantelamiento envía un mensaje ambiguo respecto a las prioridades del gobierno en términos de buen gobierno y combate a la corrupción.

En paralelo, el redireccionamiento de la cooperación de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) con la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) ha encendido alarmas. Mientras las autoridades han intentado justificar esta decisión como un ajuste técnico, para muchos analistas y sectores de la sociedad civil, representa un debilitamiento en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en un país donde el crimen organizado tiene profundas raíces.

Por otro lado, la creación de una comisión contra el lavado de dinero, en apariencia una acción positiva, ha despertado críticas por su enfoque. En lugar de centrarse en sectores tradicionalmente asociados al narcotráfico y la corrupción política, esta iniciativa parece dirigida principalmente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta estrategia es vista por algunos como una forma de perseguir a actores críticos o independientes, desviando la atención de los verdaderos responsables de flujos ilícitos.

El caso de Erico Galeano, senador acusado de vínculos con el crimen organizado, es otra pieza clave que ilustra las contradicciones de esta administración. A pesar de las serias acusaciones en su contra, Galeano ha sido protegido por el Congreso, que se ha negado a levantar sus fueros. Esta protección refuerza la percepción de que la impunidad sigue siendo un pilar en la dinámica política del país.

A pesar de estos retrocesos, el gobierno de Peña ha intensificado su discurso de promoción del “clima de inversiones”. Desde los primeros días de su gestión, el mandatario ha presentado al Paraguay como un destino ideal para la inversión extranjera, destacando la estabilidad macroeconómica y el potencial productivo del país. Sin embargo, este mensaje choca con la realidad de las señales de deterioro institucional, que preocupan tanto a actores internos como a aliados internacionales.

El gobierno de Santiago Peña parece caminar por una cuerda floja: mientras busca consolidar su imagen como impulsor del desarrollo económico, las decisiones en el plano político y la lucha contra la corrupción amenazan con socavar la confianza en su liderazgo. El desafío radica en equilibrar estas tensiones y demostrar que el crecimiento económico no será a costa de la fortaleza institucional y la justicia.