Diputado propone sanciones por ingreso de celulares en cárceles

En un intento por combatir las actividades delictivas organizadas desde las cárceles, el diputado José Rodríguez (ANR), presentó un proyecto de ley, que busca prohibir la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos y cualquier medio de comunicación, ya sea electrónico o no, en los centros penitenciarios y educativos del país.

El documento, ingresado para su estudio en varias comisiones legislativas, subraya la necesidad de fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario nacional y reducir la influencia del crimen organizado.

Según la exposición de motivos, la introducción de dispositivos electrónicos en las cárceles facilita actividades delictivas como extorsiones, tráfico de drogas, estafas, homicidios y, hasta riesgo de planificación de fugas.

El proyecto de ley propone penas privativas de libertad que oscilan entre dos y siete años para quienes introduzcan estos dispositivos, dependiendo de las circunstancias y el rol del infractor.

Los castigos más severos se aplicarán a funcionarios públicos o proveedores autorizados en los centros penitenciarios que violen las normas, con penas de hasta siete años de prisión. Además, se contempla la penalización de la tentativa.

La exposición de motivos resalta que, pese a los esfuerzos de las autoridades por controlar el ingreso de estos dispositivos, la problemática persiste debido a vulnerabilidades tecnológicas y la falta de sanciones contundentes.

“El sistema de inhibición de señales de comunicación celulares actualmente posee puntos vulnerables, los cuales pueden ser aprovechados para anular el bloqueo y así utilizar los dispositivos celulares por un tiempo o bien de manera indefinida”, dice una parte del texto.

Datos oficiales revelan que hasta agosto del presente año se incautaron más de 500 celulares en las cárceles, evidenciando la gravedad del problema.

La propuesta fue derivada a las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Ciencia y Tecnología; y Reestructuración y Modernización del Estado. En estas instancias, se analizarán sus implicancias legales y prácticas antes de su posible debate en el pleno.

El diputado Rodríguez enfatizó que esta iniciativa no solo busca proteger a la sociedad del impacto de actividades criminales organizadas desde las prisiones, sino también disuadir a posibles infractores mediante la implementación de sanciones más severas.