Senado aprueba polémico aumento salarial de G. 6 millones por legislador

El Senado aprobó un incremento de G. 6 millones en los ingresos de cada legislador, monto que será incluido en los gastos de representación. La medida, propuesta por Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda, redirige fondos inicialmente destinados a combustibles y un seguro médico vip hacia el aumento salarial.

Con esta decisión, los legisladores del Congreso Nacional pasarán a percibir un salario mensual de G. 38 millones, generando una ola de críticas de diversos sectores de la ciudadanía y organismos de la sociedad civil, que califican la medida como insensible en un contexto de necesidades sociales insatisfechas y restricciones presupuestarias.

Posición del Ejecutivo

El presidente Santiago Peña anunció previamente que no vetará el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, que ya fue aprobado en general por el Congreso. Este pronunciamiento refuerza la posibilidad de que el aumento entre en vigor sin mayores contratiempos legales.

Reacciones públicas y políticas

La medida ha desatado un fuerte rechazo entre la población, quienes consideran que prioriza intereses personales sobre las necesidades del país. Líderes de movimientos sociales y referentes de la oposición cuestionaron la falta de austeridad y el desinterés en destinar recursos a áreas críticas como salud, educación e infraestructura.

Contexto presupuestario

El presupuesto aprobado incluye otros puntos controversiales, como la asignación de partidas consideradas excesivas en varios sectores gubernamentales. En contraste, el presupuesto para áreas clave como programas sociales y fomento del empleo registra aumentos mínimos o incluso estancamientos.

Mientras la ciudadanía expresa su indignación en redes sociales y convocatorias de protesta, los legisladores defienden la medida como “necesaria para el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, la desconexión entre la percepción ciudadana y las prioridades del Congreso sigue alimentando el descontento social.

La discusión sobre el PGN 2025 y sus implicancias continúa, marcando un nuevo episodio de tensión entre las demandas ciudadanas y las decisiones del poder político.