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Política

Senado analiza endurecer penas por abuso de menores

Abuso sexual infantil. Foto referencial.

Abuso sexual infantil. Foto referencial.

El Congreso se encuentra en la etapa final del análisis de un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra los abusadores de menores de edad, elevando la condena máxima a 30 años de prisión en casos específicos. La Cámara de Senadores tratará este miércoles, como cuarto punto de su orden del día, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal, establecidos en la Ley N° 1160/1997.

La propuesta legislativa, respaldada por las comisiones de Legislación y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud del Senado, incluye modificaciones sustanciales en el artículo 135 del Código Penal, que regula el delito de abuso sexual en niños. Según el texto actualizado:

1. Aumento de la pena básica:

Los actos sexuales con un niño o la inducción de estos serán castigados con penas de cinco a dieciocho años de prisión.

Quienes realicen actos sexuales manifiestamente relevantes dirigidos a un niño o lo induzcan a realizarlos también enfrentarán la misma pena.

2. Casos agravados:

Si el abuso involucra coito, la pena será de quince a veintiocho años de prisión.

En casos en que la víctima sea menor de 10 años, el castigo no podrá ser menor de veinte años y alcanzará la pena máxima de treinta años de cárcel.

Camino legislativo

El Senado había aprobado previamente elevar la pena máxima a 28 años. Sin embargo, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones para aumentar este límite a 30 años en casos agravados. De aprobarse estas enmiendas, el proyecto será sancionado y enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La propuesta ha sido impulsada como respuesta a la creciente preocupación por la protección de la niñez en Paraguay. Los legisladores buscan endurecer las sanciones para garantizar justicia a las víctimas y prevenir futuros delitos. No obstante, la aplicación de penas más severas ha generado debate entre sectores que consideran la necesidad de implementar políticas complementarias de prevención y atención integral a las víctimas.

El tratamiento de este proyecto representa un paso significativo en el fortalecimiento del marco legal para la protección de los derechos de los niños y niñas en Paraguay. Con esta medida, se busca enviar un mensaje claro de rechazo a la violencia contra los menores y reforzar el compromiso del Estado en la lucha contra este flagelo.

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