Inminente promulgación de Ley ONG

El presidente Santiago Peña analiza actualmente si promulgará o vetará la ley sancionada que incrementa la regulación sobre las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay, conocida popularmente como la “ley garrote”. Durante un encuentro con los medios, el mandatario afirmó que, desde una perspectiva legal, no hallaron motivos para considerar que esta normativa represente un retroceso o que cercene derechos fundamentales.

“Cuando tome la decisión, la van a conocer”, afirmó Peña al ser consultado por la prensa sobre su postura definitiva respecto a esta ley, la cual fue aprobada por el Congreso hace aproximadamente un mes.

Presión internacional y debate local

La ley ha generado controversia tanto en el país como en el exterior. Recientemente, el Financial Times informó sobre la presión que enfrentaría Peña debido a esta normativa impulsada desde el cartismo. Sin embargo, el presidente no se refirió a dicha publicación específicamente, limitándose a describir la ley como un documento “muy debatido” y a insistir en que nadie debería oponerse al control y la transparencia en el país.

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“Creo que el control y la transparencia son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado desde hace muchos años”, declaró el jefe de Estado, reiterando su compromiso con estas políticas. Peña subrayó que su intención no es apoyar acciones de persecución ni discriminación, sino defender un control equilibrado que aplique para todos los sectores.

Discusión en el Congreso y preocupaciones del Ejecutivo

Peña recordó también que el Poder Ejecutivo manifestó en su momento “preocupaciones” sobre el texto aprobado en el Senado, proponiendo modificaciones en la Cámara Baja que buscaban afinar ciertos puntos. Estas propuestas fueron criticadas por algunos senadores, incluyendo a Gustavo Leite, quien calificó las enmiendas como “boludeces”.

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La ley ha sido particularmente cuestionada por organizaciones dedicadas a temas de corrupción y transparencia, quienes consideran que podría restringir sus actividades. La oposición, por su parte, advierte que el proyecto representa un intento de persecución hacia la sociedad civil para limitar su capacidad de fiscalización y crítica hacia el Estado.

Transparencia sin vulnerar derechos

A pesar de las críticas, el presidente reiteró que, hasta el momento, no han encontrado razones legales para suponer que la normativa significaría un retroceso en derechos. “Estamos siempre abiertos a seguir trabajando y escuchando”, aseguró Peña, reafirmando que la transparencia debe implementarse sin vulnerar derechos establecidos en la Constitución.

Peña ahora enfrenta la decisión final sobre la ley, en un contexto en el que la sociedad civil y la comunidad internacional observan atentamente su determinación y sus implicaciones para las libertades democráticas en Paraguay.