Proyecto de ley busca prohibir venta de cigarrillos electrónicos

Un grupo de parlamentarios de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que prohíbe la producción, importación, distribución, venta, uso, consumo y publicidad de cigarrillos electrónicos y/o vapeadores en el territorio paraguayo”.

La iniciativa, firmada por los legisladores Carlos Godoy (ANR-Caaguazú), Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Néstor Castellano (ANR-Central) y Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí), señala en su exposición de motivos que estos productos «se han vuelto una herramienta aparentemente inocua, pero al mismo tiempo altamente nociva para la salud de la población mundial».

En esencia, el proyecto de ley “prohíbe la producción, importación, distribución, venta, uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos y/o vapeadores conteniendo o no nicotina, a los fines de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produce”.

Los argumentos esgrimidos indican que el uso de estos dispositivos “propicia el consumo en alta dosis de nicotina que el consumidor desconoce y, por tanto, abusa del mismo”. Asimismo, advierten que estudios científicos recientes han arrojado “resultados altamente dañinos” sobre su utilización.

La propuesta destaca que en la región, 21 países de las Américas ya regulan, de alguna manera, el Sistema Electrónico de Administración de Nicotinas (SEAN), como los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Señala, igualmente, que 8 de ellos, incluidos Argentina, Brasil, México y Uruguay, incluso han prohibido su venta.

Añade que Paraguay se encuentra entre los 14 estados que aún no cuentan con ningún tipo de regulación o prohibición sobre estos productos, lo cual “promueve la proliferación de personas adictas a la nicotina” y el “uso indiscriminado de dichos aparatos que también contienen otros productos químicos dañinos”.

Los diputados firmantes consideran “recomendable la prohibición” de los cigarrillos electrónicos y vapeadores “desde su ingreso hasta el uso y consumo en todo el territorio paraguayo”.

La iniciativa, de ser aprobada, establecerá sanciones que van desde multas de hasta 50 jornales mínimos diarios por el consumo de estos productos, hasta multas de hasta 10.000 jornales por su importación, distribución, producción, venta o publicidad.

Además, contempla el decomiso y destrucción de los materiales, así como la clausura de los locales donde se contravengan las disposiciones.

Los recursos recaudados por estas multas, se establece, serán destinados en un 30% al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram); otro 30% al Instituto Nacional del Cáncer (Incán); y el 40% restante para financiar los gastos derivados del cumplimiento de la ley.