Paraguay será sede de próximo congreso regional sobre acceso a la información pública

En el XXV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), el Ministerio de Justicia será el anfitrión del evento internacional que se llevará a cabo en noviembre de 2023. El director de acceso a la información pública Mario Ovelar, destacó la elección y la asumió como un compromiso de gestión y reconocimiento a los avances que muestra el Paraguay.

La decisión fue tomada en plenaria, en torno al XXIV Encuentro de Asamblea en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, sesión oficial del bloque que sirvió para actualizar políticas públicas sobre el “Fortalecimiento de la Democracia: Políticas de Transparencia, Participación Social y Derechos Humanos”.

En ese sentido, representantes del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron los principios actualizados sobre la “Privacidad y la Protección de Datos Personales”.

Otro de los puntos analizados fue la vinculación de la organización con el Centro para el Derecho y la Democracia en la “Metodología para evaluar la solidez de la implementación de las leyes de acceso a la información”.

En uso de palabra, el director de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia de Paraguay Mario Ovelar, proyectó el encuentro en Asunción como un ámbito para intercambiar ideas acerca de cómo mejorar el acceso a la información en nuestros respectivos países, y para asumir compromisos concretos.

“Creo que todos sabemos los importantes retos que enfrentamos en cuanto al acceso a la información. En un mundo cada vez más complejo, es fundamental que la sociedad de toda América tenga acceso a una información completa y transparente de todas las acciones que realizamos como gobierno”, dijo Ovelar.

En 2010, con el apoyo del Banco Mundial y cinco países, se fundó la RTA como un espacio de intercambio de experiencias, diálogos y buenas prácticas de acceso a la información y transparencia, con el objetivo de apoyar la implementación y alcance de estos derechos en la región.

La red está integrada por 35 autoridades de 18 países iberoamericanos, una fundación internacional, una red internacional, una red federal de Argentina, dos organismos internacionales y una autoridad observadora, según informaron desde el Ministerio de Justicia.