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Exigen prudencia al Senado ante inicio de análisis de inflado PGN

Sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Foto: Senado

Sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Foto: Senado

La Cámara de Senadores empezará a dar trámite este martes al estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2023, plan de gastos que se encuentra altamente contaminado e inflado por las presiones electorales de los diferentes sectores de poder. Desde el Ministerio de Hacienda volvieron a solicitar a los parlamentarios más prudencia al analizar punto por punto la propuesta. El PGN 2023 fue aprobado en Diputados con un mayor gasto rígido, previendo la creación de cientos de cargos públicos, además de ampliaciones y aumentos salariales.

En el Senado hay una perspectiva de mayor deterioro, considerando que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control, en sus dictámenes en mayoría, recomiendan la aprobación del proyecto de Diputados e, incluso le sumaron otros aumentos y cargos. “Desde el sector privado esperamos responsabilidad y prudencia de parte de cada uno de los senadores”, expresó el economista y exministro de Hacienda, César Barreto.

Mencionó que las modificaciones introducidas hasta ahora solo empeorarán la rigidez de un presupuesto ya destartalado por años a causa de decisiones equivocadas.

El Ministerio de Hacienda, a través de una nota dirigida al presidente del Senado, Óscar Salomón, advirtió de los riesgos de aprobar un presupuesto sin sustento técnico como prever el aumentar ingresos en más de G. 156.000 millones (US$ 22 millones), lo cual podría generar inconvenientes a la hora de que estos no se logren recaudar efectivamente, dejando menor margen al Tesoro y mayor presión sobre el déficit fiscal.

Asimismo, también alertaron sobre el impacto en los gastos rígidos que representará la creación de más de 1.300 cargos en distintas dependencias del Estado y nivelaciones o aumentos salariales en algunos sectores, ese es el caso del personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Caja Ferroviaria, entre otros.

Mayor conciencia del impacto

Barreto indicó que esta situación se viene dando en cada periodo, y que ya se debería tener mayor conciencia del impacto y riesgos en el aumento de los gastos rígidos. “En vez de estar discutiendo sobre estos temas deberíamos hablar de las reformas necesarias para mejorar la eficiencia del gasto público”, expresó Barreto.

A su vez, Ernesto Figueredo, titular de Cámara Nacional de Comercio y Servicio del Paraguay, lamentó que el ambiente electoral nublara la razón de los que tienen que tomar decisiones.

“Esperamos que los senadores demuestren prudencia y no prosperen los aumentos aprobados por diputados, ya que los mismos socavan el margen para hacer las inversiones y dan mayor rigidez al PGN. Como ciudadanos debemos exigir más reformas y una mejora en la calidad del gasto”, afirmó.

Ante los riesgos mencionados, el Ministerio de Hacienda pidió a la Cámara de Senadores que corrija y ajuste los aumentos aprobados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023 en la Cámara de Diputados, ya que la suba salarial y creaciones de cargos no solo afectarán las finanzas del próximo año, sino también la de 2024 y de los siguientes ejercicios. Por esas razones solicita la aprobación de un presupuesto razonable y administrable.

Más detalles

Las modificaciones recomendadas se realizan mediante reasignaciones presupuestarias y aunque se efectúa dentro del tope de déficit fiscal de 2,3 % del PIB solicitado por el Poder Ejecutivo, los gastos rígidos crecerán y ponen en riesgo la ejecución de programas sociales e inversiones, según alertaron desde el Ministerio de Hacienda.

En la plenaria prevista para este martes, se proyecta que los legisladores terminen aumentando el gasto público, pensando en los votos de los funcionarios para las próximas elecciones partidarias y las generales de 2023.

El plan de gasto para el próximo año aprobado por Diputados asciende a poco más de G. 105,2 billones (US$ 14.834 millones), lo que implica más de G. 118.000 millones (US$ 17 millones) con respecto a lo solicitado por el Ejecutivo incluyendo la suba el tope de déficit de 1,5 % a 2,3 % del PIB.

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