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Diputados habilita al IPS a emitir millonarias deudas en plena época electoral

Cámara de Diputados. Gentileza

Cámara de Diputados. Gentileza

La Cámara de Diputados aprobó en la jornada del lunes el proyecto de ley que habilita al Instituto de Previsión Social (IPS) a adquirir préstamos para cubrir sus deudas con proveedores del fondo de Salud por cerca de US$ 240 millones. La normativa, tras su presentación en el estamento legislativo, levantó el rechazo de varios sectores debido a que su vigencia, afectaría la solvencia de los fondos jubilatorios de la entidad, tornándose incluso inconstitucional.

Ahora con su aprobación, el proyecto pasa al Senado y habilita a la previsional a “bicicletear” su deuda con proveedores de medicamentos y otros insumos, dando “cheque en blanco” a sus cuestionados administradores en pleno año electoral. Los diputados pusieron una cláusula que menciona que dicha deuda no podrá ser cubierta con los fondos de los jubilados de la entidad.

El Instituto de Previsión Social (IPS) viene acarreando hace años una millonaria deuda con proveedores -según su titular, Vicente Bataglia- asciende a G. 1,6 billones (unos US$ 218 millones), pero que según los diputados, llega incluso a US$ 240 millones. Esto motivó la amenazas de dejar de proveer medicamentos y otros insumos básicos a los asegurados, por lo que una mayoría de Diputados aprobó la habilitación a la previsional, para que adquiera préstamos a largo plazo para “bicicletear” sus obligaciones.

Varios diputados opositores reconocieron que no existe ninguna garantía de que las autoridades de IPS manejen transparentemente estos fondos, pero aún así dieron quorum y votaron a favor, alegando que tampoco se podía dejar sin medicamentos a los asegurados.

“Estamos en uno de los países más corruptos, pero no podemos decirles a los asegurados de IPS que no van a tener medicamentos porque hay corrupción”, alegó la diputada Norma Camacho (PEN), que también se sinceró diciendo que “mucha gente estará preocupada con este préstamo y tiene razón porque no hay confianza”.

“Cierto, hay una bicicleteada de años y años. US$ 60 millones de dólares era la deuda en 2019, pero seguía siendo compatible con el Fondo de Salud, pero el problema se multiplica durante la pandemia”, dijo el diputado Arnaldo Samaniego (ANR, oficialista), principal promotor de esta iniciativa.

El mismo intentó justificar este proyecto de ley diciendo que “el problema está” y lo que se busca es dotar a IPS de una herramienta para buscar una “salida”.

“No se puede legislar pensando en la trampa”

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) también argumentó su permanencia en la sesión, diciendo que tampoco ponía las manos en el fuego por nadie, y menos por las autoridades de la previsional, que no se puede legislar “pensando en la trampa”.

Amarilla afirmó que solicitarán auditoría de la deuda para saber por qué no les pagaron a los proveedores o si se “comieron los US$ 240 millones que le deben”, pero independientemente a ello, no podía rechazar esta iniciativa por la amenaza de “desabastecimiento”. “O rechazamos todo y pateamos el tablero y que se vea este gobierno inepto” o “vamos a tener 50.000 asegurados que no van a tener ni analgésico”, refirió.

El proyecto fue aprobado con modificaciones, incluyendo taxativamente una cláusula que indica que estas deudas no podrán ser cubiertas con el Fondo de Jubilaciones.

El saqueo constante al IPS

Los fondos jubilatorios que pertenecen a todos los aportantes del Paraguay corrían peligro de desaparecer si los responsables continuaban emitiendo deuda, según advertía el ex gerente Pedro Halley.

En su versión original, el proyecto resultaba inconstitucional porque trasgredía la Carta Orgánica del IPS, específicamente en el art. 25, donde habla expresamente que: “Los usos indebidos de fondos jubilatorios son un crimen de lesa humanidad”. Además, este artículo es el comentado nada más y nada menos que en el art. 95 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, estas normativas se pueden cambiar solo con una reforma constitucional y no por una Ley del Congreso.

Además, la propuesta levantó indignación ciudadana porque implicaba dotar de siderales sumas de dinero a las autoridades en plena época electoral. Toda esta serie de irregularidades se suman a la falta de medicamentos e insumos, insuficiencia de médicos especialistas, el constante maltrato que denuncian los pacientes y sus familiares, entre otras cosas.

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