Guachiré y su verdad sobre los coquitos que no eran de oro

El ciberactivista e investigador, Alfredo Guachiré, volvió a hacer de las suyas en el Twitter, pero esta vez para contar su propia historia de vida y su verdad sobre el sonado caso de los “coquitos de oro”, que finalmente fue demostrado que no brillaban como tal en el ámbito judicial.

Esta historia se inició en el año 1997, a los 13 años, cuando dejó su comunidad del departamento de Canindeyú para salir a buscar oportunidades de trabajo y estudio; propósito que pudo concretar terminando su secundaria e incluso una carrera universitaria en Asunción.

Su relato también está cargado de sueños de un país mejor, ante las necesidades económicas durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. “Con casi un integrante de cada familia viajando a España para trabajar, no podía quedarme con los brazos cruzados”, recordó.

Así inició su  activismo político en 2006 participando de la campaña “Que viajen ellos”, haciendo alusión a que eran los políticos, como Galaverna y Nicanor, quienes debían viajar y no nuestros seres queridos.

Esta campaña la desplegaron por Orkut y repartiendo afiches casa por casa. Archivo

Ingreso a la función pública

En 2008 ganó la oposición por primera vez al Partido Colorado y la esperanza de muchos paraguayos crecía aún más. En esa época,  era docente de un colegio privado y al inicio de 2009 recibió una invitación para ocupar un cargo de confianza en la Secretaría de Emergencia Nacional.

En ese tiempo se declaró emergencia nacional por la sequía que azotaba al país y la SEN debía atenderla. Paralelamente, algunos diputados denunciaron en la fiscalía irregularidades contra las autoridades de la SEN. Los denunciantes fueron los diputados Tuma y Soler.

Posterior a esta denuncia de los diputados, asumió el cargo de director de la UOC de la SEN el 23 de septiembre de 2009; días antes un fiscal derivó la denuncia a la Contraloría en base a un dictamen que concluía que no existían pruebas y que no ameritaba abrir una causa.

Aparentemente la causa ya estaba desestimada, pero en febrero de 2010 la reabren y entra en escena Arnaldo Giuzzio, allanando 14 veces la SEN sin encontrar nada y que por cierto, en el juicio en su contra no utilizaron un solo documento secuestrado en los allanamientos, algo muy sugestivo.

“La imputación en 2010 en mi contra no tenía pies ni cabeza. Como dije, Arnaldo Giuzzio realizó 14 allanamientos, pero finalmente me imputó comparando los precios de alimentos que compraba la SEN con los precios a granel del Mercado de Abasto”, subrayó Guachiré.

Aparentemente la causa ya estaba desestimada, pero en febrero de 2010 la reabren y entra en escenario Arnaldo Giuzzio, allanando 14 veces la SEN sin encontrar nada y que por cierto, en el juicio en mi contra no utilizaron un solo documento secuestrado en los allanamientos. pic.twitter.com/EePlKGxz6l

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) January 7, 2022

Fijación de Giuzzio por los coquitos

Por otro lado,  Giuzzio también lo imputó por compras de coquitos y para encontrar el supuesto daño, el fiscal realizó la misma operación, solicitando un presupuesto al Centro de Panaderías y comparó esto con los precios de la SEN. Esa diferencia de precios para el entonces fiscal constituía delito.

“Voy a presentar tres casos en los que Arnaldo Giuzzio cometió claramente daño patrimonial sobrefacturando en varios productos, superando los precios históricos de la institución y no una simple comparación de precios del Mercado de Abasto. como utilizó en su momento para imputarme”, respondió el ciberactivista.

“Giuzzio sobrefacturó en compra de ‘vaka’i de oro’. Siendo ministro del Interior pagó 127 % más del precio de la institución pagando G. 18.250 por unidad”, denunció

“Otro caso que voy a usar como ejemplo es el ‘paté de oro’ que compró Giuzzio siendo ministro de la Senad, cuando terminó pagando G. 20.000 por unidad, sobrefacturando 363 % más que la última compra de la institución. Mientras en Luisito se vende a G. 7.125”, siguió comentando.

“El último caso ocurrió recientemente; Giuzzio compró ‘pistolas de oro’, superando el precio histórico del Estado, pero Giuzzio no está imputado, aunque estas comparaciones las hice analizando los precios históricos y no comparando con precios del Abasto”, remató.

El juicio del coquito

En resumen, la forma correcta para determinar un indicio de daño patrimonial es comparando precios que paga cada institución según determinadas condiciones, no comparando con el precio del Mercado de Abasto o el Centro de Panaderías con condiciones totalmente distintas.

“En ese entonces la pericia determinó que era inaceptable comparar precios ofertados en el mercado con los precios ofertados por los proveedores al Estado, por las propias exigencias que tiene el vender al Estado y la pericia confirmó que no existió daño patrimonial”.

Siguió diciendo: “Luego de las observaciones de la pericia, y vulnerando mis derechos, la fiscalía modificó la imputación original e introdujo nuevos elementos en la acusación”.

En la misma utilizaron un presupuesto de coquitos de la empresa Supermas, que fue entregado por el exdiputado Oscar Tuma.

“Lo peor de todo fue que la fiscalía me llevó al juicio por el supuesto hecho de compras de coquitos cuando ni siquiera era todavía director de la UOC. Me plantaron hechos que ocurrieron desde el 25 de mayo de 2009, siendo que mi designación se hizo recién el 23 septiembre de ese año”.

“Como si fuera poco, la fiscalía otorgó sobreseimientos a 2 exadministradores de la SEN con dudosa credibilidad. Se trata de Ana González y Gonzalo Deiró, ambos reconocieron que falsificaron facturas, pero salieron libres y la fiscalía los utilizó como testigos en mi contra”, recordó.

El proceso

Algunos lo llaman “chicanero”, sin saber que solo una vez presentó recusación y la resolvieron de inmediato. En otra ocasión suspendieron su audiencia porque su abogada no estaba en país. Durante el juicio presentó otros pocos incidentes y resolvieron en menos de 24 horas.

El 4 de mayo de 2020 solicitó a la Dirección de Auditoría una revisión sobre las supuestas “chicanas”. Solo a modo de ejemplo se puede ver que la causa estuvo parada por casi dos años en la Sala Constitucional sin que las autoridades resuelvan una acción pendiente.

Por la cabeza de Camilo

Mi causa judicial dio un giro en el 2019, cuando gente cercana a Mario Ferreiro me pidió entregar la cabeza de Camilo Soares en el juicio, ya que este "molestaba" y a cambio me ofrecieron recursos, abogado y hasta una fiscal amiga que me ayudaría a zafar del caso judicial. pic.twitter.com/iPzp3uoLUx

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) January 7, 2022

Su causa judicial dio un giro en el 2019, cuando gente cercana a Mario Ferreiro le pidió entregar la cabeza de Camilo Soares en el juicio, ya que este “molestaba” y a cambio le ofrecieron recursos, abogado y hasta una fiscal amiga que le ayudaría a zafar del caso judicial.

“Grabé todas estas conversaciones y antes que ceder a la presión, decidí denunciar por coacción al exintendente y a otros, pero días después de la denuncia y un día después del allanamiento de la municipalidad, recibí la notificación del inicio del juicio como clara represalía”, rememoró.

Su juicio inició en mayo de 2020 y el tribunal que respondía a Mario Ferreiro cometió prevaricato, ya que lo condenaron usando la ley 2051 de Contrataciones, siendo que los recursos de emergencia eran rubro 800 y las compras se hicieron en el marco de la Ley 2615 de Emergencia.

El tribunal integrado por Zárate, Capurro y García cumplieron el pedido de Ferreiro, pero dejaron evidencias de prevaricato, ya que en otro caso absolvieron a la exministra de la SEN argumentando que no existió delito porque las compras estaban fuera de la ley de contrataciones.

Hasta el final

Los coquitos nunca fueron de oro y eso lo confirmó la pericia al revisar que otras instituciones estaban pagando más que la SEN y que el precio promedio era incluso más bajo que el de otras instituciones, y que era improcedente comparar con precios del Centro de Panaderías.

“La irresponsabilidad del exfiscal, Arnaldo Giuzzio, al recurrir a artimañas plantándome pruebas para imputarme por hechos que ocurrieron antes de mi designación al cargo de director de la UOC me valieron años de proceso judicial, gastos, difamación y ataques denigrantes”, dijo el entrevistado.

Estas irregularidades fueron apeladas por su abogado defensor público solicitando la anulación del juicio oral, pero finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entendió que la causa ya estaba prescripta antes del juicio y correspondía el sobreseimiento definitivo.

“Ante la imposibilidad de un nuevo juicio, me veo obligado ahora a presentar una nueva demanda contra varias personas involucradas, que cometieron delitos como persecución de inocentes, prevaricato, entre otros, apuntando principalmente al exfiscal Arnaldo Giuzzio”, adelantó.

“Viví un calvario que duró 10 años, siendo rehén del sistema judicial, mientras veía que la justicia era más que benevolente con los verdaderos corruptos, pero conmigo fue injustamente implacable, situación que me llevó a publicar más de 176 denuncias de corrupción solo en el Twitter”, recordó.

Por eso se propone ir hasta las últimas consecuencias y descubrir a quienes operaron en su contra. “No soy funcionario público, ni candidato y no voy a callar jamás. El silencio no es mi idioma, así que mientras tenga fuerzas voy a seguir luchando. Gracias totales por leerme”, remató el hilo tuitero.

Respaldo documental

Los prints de documentos a continuación avalan las declaraciones del ciberativista.

En ese entonces la pericia determinó que era inaceptable comparar precios ofertados en el mercado con los precios ofertados por los proveedores al Estado, por las propias exigencias que tiene el vender al Estado y la pericia confirmó que no existió daño patrimonial pic.twitter.com/rOTwuDfrRc

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) January 7, 2022

Lo peor de todo fue que la fiscalía me llevó al juicio por el supuesto hecho de compras de coquitos cuando ni si quiera era todavía director de la UOC. Me plantaron hechos que ocurrieron desde 25 de mayo de 2009, siendo que mi designación se hizo recién 23 septiembre de ese año. pic.twitter.com/SoodCmmIZm

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) January 7, 2022

Como si fuera poco, la fiscalía otorgó sobreseimientos a 2 exadministradores de la SEN con dudosa credibilidad. Se trata de Ana González y Gonzalo Deiró, ambos reconocieron que falsificaron facturas, pero salieron libres y la fiscalía los utilizó como testigos en mi contra. pic.twitter.com/zU1hMMuFjK

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) January 7, 2022

El tribunal integrado por Zárate, Capurro y García cumplieron el pedido de Ferreiro, pero dejaron evidencias de prevaricato, ya que en otro caso absolvieron a la exministra de la SEN argumentando que no existió delito porque las compras estaban fuera de la ley de contrataciones. pic.twitter.com/nDcD5nTSRW

— Alfredo Guachiré (@GuachireM) January 7, 2022