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Política

Cartismo estaría negociando instalar a Velázquez en el poder

Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, en el pasado. Foto de archivo

Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, en el pasado. Foto de archivo

Son fuertes las versiones que hablan de supuestas negociaciones del cartismo con la oposición para avanzar en el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, y salvar al vicepresidente Hugo Velázquez, para que asuma la Presidencia y no el titular del Congreso Oscar Salomón, quien no es del agrado del expresidente Horacio Cartes. Esta hipótesis encendió la temperatura, en redes sociales.

Conscientes de su poderío, y de que la única manera que tienen los opositores de ver aprobado el libelo acusatorio contra Abdo Benítez es con sus 22 votos, el cartismo sabe también que en este contexto de gran agitación social, quedar pegado a un gobierno cada vez más impopular y más débil que nunca, puede no resultar un buen negocio.

Las denuncias, que liberales y aliados oficializaron este lunes en Diputados, que es la cámara de origen de la tramitación según lo establecido en la Constitución Nacional, acusan al Presidente y Vicepresidente de mal desempeño en sus funciones.

Primeramente, los legisladores repasan las acepciones que juristas, constitucionalistas y teóricos del derecho, otorgan al mal desempeño de funciones de un funcionario público.

Las citas recogen las afirmaciones del constitucionalista y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, quien en su libro “Derecho Constitucional, parte orgánica”, señala que el concepto tiene “una laxitud considerable y permite un juicio discrecional amplio, pues se trata de la falta de idoneidad no solo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que determine un daño a la función, o sea a la gestión de los intereses generales de la nación”.

Mal manejo de pandemia

Los legisladores acusan a Abdo Benítez de “ineptitud en el manejo de la pandemia”. Señalan que “el gobierno fue negligente en preparar el sistema sanitario para afrontar con solvencia la emergencia, pese a que contó con los recursos financieros y todas las herramientas legales y administrativas”.

“El parlamento, como nunca ha ocurrido, autorizó por unanimidad al Ejecutivo a endeudarse por USD 1.600 millones para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, por la infame negligencia del presidente de la República y su gabinete, la sociedad paraguaya fue sometida a un durísimo sacrificio por dos meses, el encierro que generó aislamiento, soledad, pérdida de empleos, cierre de empresas, el paro del comercio, era para mientras tanto equipar hospitales, médicos y personal de blanco”, puntualiza el escrito.

Afirma que “el vulnerable y deficiente sistema de salud paraguayo recibe a la pandemia con 1,6 millones de personas por debajo del umbral de pobreza, y 700 camas de terapia intensiva”.

Repasa los indicadores de deterioro económico producto de la emergencia, como la caída del 80% en la actividad de hoteles, bares, restaurantes; 7% en transporte, y 6,1% en servicios a las empresas. “Para julio de 2020, 5.952 empresas recurrieron a la suspensión de contratos, dejando sin empleos a 87.460 personas. Para diciembre, ya se habían pagado G. 7.200 millones sólo a trabajadores suspendidos del sector educativo, el 7% del total de suspendidos”, afirma.

“La torpeza, la falta de gestión, la negligencia, o lo que sería peor, el contubernio con delincuentes disfrazados de empresarios, hicieron que 75 días después de declarada la cuarentena no tengamos una sola cama nueva, un solo respirador, un solo equipo protector para médicos, ni siquiera mascarillas”, señala.

“Al año de iniciada la pandemia, cuando el país llegó a poco más de 1.000 internados (0,01% de la población), 250 de ellos en terapia intensiva, se produjo el colapso; ya no quedaban en el Ineram, el hospital insignia de la pandemia, ni siquiera sedantes para intubar a los pacientes graves”, describe.

Afirma que “la ineptitud del manejo de la pandemia lesiona gravemente los derechos a la salud que nos otorga el artículo 68 de la Constitución Nacional”.

Compra tardía de vacunas

En las denuncias, los legisladores tachan al gobierno de “arrogante”, al anunciar en mayo del año pasado que recién en 2021 “se habrá de vacunar al 50% de la población. “Una vez más se le pide al pueblo que resista, que muy pronto íbamos a recibir las vacunas”, afirman.

El escrito, revela que el gobierno de Abdo Benítez se equivocó dos veces en las transferencias de pagos por vacunas; primero, en octubre de 2020, donde enviaron el dinero para la compra de 4,2 millones de vacunas del mecanismo Covax, cerca de U$S 7 millones, a la Fundación GAVI, del magnate estadounidense Bill Gates, y no a la OPS; y una segunda vez, cuando la OPS le comunicó que se debía hacer una segunda transferencia de U$S 2,8 millones para la entrega de las vacunas, en que volvió a enviar el dinero a la organización de Bill Gates.

“Debemos suponer que ya se recuperaron de GAVI los U$S 9,6 millones mal transferidos, pero lo que es evidente es que no se recuperaron los días perdidos, pues a raíz de este manejo negligente hoy somos los últimos en iniciar el proceso de vacunación en la región”, señalan.

Cuestionan a Abdo Benitez también por el pago a Rusia de U$S 4,8 millones por un millón de dósis de Sputnik V, de las que el país recibió solamente las risibles 4.000 que llegaron en febrero y apenas sumaron para inmunizar a 2.000 trabajadores de blanco, entre médicos y personal de enfermería.

Señalan que la demora en las compras no solo produce la muerte de miles de personas, sino que obliga al Estado a quedar a merced de la especulación de los laboratorios por los precios.

Los famosos insumos chinos

En el escrito también reluce el escándalo por la compra, entre abril y mayo, de los famosos insumos chinos de las empresas Imedic y Eurotec, por unos U$S 13,5 millones, que finalmente fueron rechazados por no ajustarse a lo requerido en el pliego de bases y condiciones de la licitación adjudicada por Salud Pública a estas dos empresas.

“El daño que causó este caso en la población fue enorme, destruyó la credibilidad en el gobierno, dejó al descubierto que han tratado de apropiarse de la plata que el país había prestado para enfrentar al mortal Covid”, afirma el texto.

“Con los hechos citados se demuestra que hubo complicidad, o cuanto menos extrema negligencia, impericia e imprudencia (los tres elementos de la culpa) de parte de funcionarios superiores, directores generales, viceministros, Ministro de Salud y subsidiariamente el Presidente de la República”, agrega.

También, señala al Presidente por la falta de los medicamentos Atracurio y Midazolam, que terminó encendiendo la mecha de las sucesivas protestas ciudadanas que terminaron impulsando a la oposición a encaminar este pedido de juicio político.

Recuerda que al inicio de la pandemia, el Congreso asignó a Salud U$S 426 millones, del préstamo de U$S 1.600 millones, del que “solo han ejecutado el 41% en 11 meses”.

Por último, en relación a Abdo Benítez, lo denuncian por las incompatibilidades existentes en las compras que el Estado ha hecho a la empresa Nevado, de la familia de la primera dama Silvana López Moreira, por más de G. 1.000 millones.

Velázquez, traición a la patria

En la denuncia para el juicio político al vicepresidente, Hugo Velázquez, los legisladores opositores lo acusan de haber “deshonrado el cargo y la investidura”, e incurrir en “mal desempeño de funciones, involucrándose en graves hechos de corrupción pública y traición a la patria”.

En el pedido de juicio político, la oposición acusa a Velázquez de “traición a la patria” por su participación en la trama que condujo a la firma del acta bilateral secreta con Brasil por Itaipú, del 24 de mayo de 2019, que se hizo pública con la renuncia del entonces presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira.

En la ocasión, tanto él como Abdo Benítez estuvieron al borde del juicio político, en un escenario donde también fueron salvados por el cartismo.

También, lo acusan de “incumplimiento grave de los deberes y atribuciones establecidos en el artículo N° 239 de la Constitución Nacional, y el uso indebido de recursos públicos para proselitismo político, esto último relacionado con el vuelo de Velázquez en un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya para participar de mítines políticos de su movimiento político.

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