Negociado con Guaidó: Diputados interpela hoy a Villamayor

El jefe de Gabinete del gobierno de Mario Abdo Benítez, Juan Ernesto Villamayor enfrentará esta mañana su interpelación en la Cámara de Diputados por el escándalo de las negociaciones secretas por la deuda de PETROPAR con la petrolera venezolana PDVSA, reveladas nada menos que por el diario estadounidense The Washington Post, el mismo que en 1974 forzó la renuncia de Richard Nixon por el caso conocido como Watergate.

Villamayor deberá rendir cuentas sobre una negociación que, aunque fallida, prometía una generosa quita del 50% a la deuda de PETROPAR con PDVSA, de U$S 370 millones, y una jugosa comisión de casi U$S 27 millones para el abogado argentino de la petrolera caribeña Sebastián Vidal, que curiosamente también es abogado de un tío de Abdo Benítez, el empresario rioplatense Carlos Abdo.

La publicación del Post vinculó al entorno del exdiputado Juan Guaidó, a quien el gobierno paraguayo reconoce como “presidente interino” de Venezuela en desmedro de Nicolás Maduro, con quien no hay relaciones diplomáticas pero que en la práctica tiene el control efectivo del país, con una red de negocios sucios por la astronómica cifra de U$S 40.000 millones.

El diario estadounidense situó en el eje de este supuesto esquema para negocios ilícitos con los activos venezolanos en el exterior, al empresario Javier Troconis, quien se reunió con Villamayor en el Palacio de López el 11 de noviembre de 2019, ocasión en que hubo un intercambio de borradores del acuerdo que nunca se firmó, y que el jefe de Gabinete se vio forzado a hacer público.

La revelación periodística derivo en el segundo mayor escándalo del gobierno, que enseguida se convirtió en la segunda “acta secreta” de Abdo Benítez, luego de la que firmó con Brasil por Itaipú, en 2019, y que lo puso al borde del juicio político, y cuyo desenlace comprometió la suerte del resto de su gestión.

El pedido de interpelación de Villamayor, impulsado por legisladores de la oposición y acompañado por la mayoría de las bancadas, se aprobó el 13 de enero, en una sesión donde los diputados rechazaron la convocatoria del titular de PETROPAR Denis Lichi, uno de quienes estaban al tanto de la negociación secreta con PDVSA, y también en el ojo del huracán por otro episodio con características similares, que involucró a la empresa TEXOS OIL y le costó el cargo al procurador Sergio Coscia, donde la petrolera paraguaya iba a entregar U$S 7 millones para desactivar un juicio por una deuda de U$S 31 millones, que según Coscia ya estaba perdido.

Villamayor está llamado a responder por la falta de transparencia en las negociaciones, porque no dio participación a la Cancillería, y por las contradicciones sobre la responsabilidad política de lo actuado en secreto, entre su versión y la que ofrecieron el mismo Guaidó y el empresario Troconis, quienes cargaron la responsabilidad en el gobierno y en los buenos oficios del abogado del tío del presidente Abdo Benítez, organizador de la reunión secreta.

Chavistas acusan

A la par, en las últimas horas, el diputado chavista Jorge Rodríguez, presidente de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, surgida de las elecciones de noviembre pasado donde el chavismo obtuvo una victoria que podría considerarse pírrica a juzgar por la baja participación electoral, cargó contra lo negociado por el hombre de Guaidó en Asunción con Villamayor en la reunión hecha pública por el diario estadounidense.

“Cómo es posible que la directiva del Parlamento Venezolano haya hecho negocios con unos ladrones de Paraguay para que una deuda que tiene este país con la República Bolivariana de Venezuela, de más de U$S 300 millones, fuera completamente condonada”, dijo Rodríguez.

“Según información publicada en medios paraguayos e internacionales y denuncias de parlamentarios de Paraguay, la comisión cobrada por los ladrones es de unos U$S 30 millones”, dijo el legislador venezolano sobre la parte que en teoría le tocaba al intermediario Vidal.

Rodríguez adelantó que promoverá la conformación de una comisión legislativa especial que investigue las denuncias del Washington Post que ubican a Guaidó y su entorno en maniobras poco claras con recursos del Estado venezolano.

De hecho, Troconis, y el otro empresario señalado por el diario norteamericano, Sebastián Blasi, ya fueron investigados por una comisión legislativa conformada por la misma oposición venezolana, que encontró “desprolijidades”, pero no “pruebas contundentes”, según lo afirmado por Guaidó al Post en una carta que envió poco después de aparecidas las denuncias.

Ambos están también investigados por el fiscal del gobierno de Maduro, Tarek William Saab, que los asocia con una “red de sobornos”, y por el buró federal de investigaciones FBI, de Estados Unidos, por las mismas sospechas.