Gremios dudan que Senado avance con pedido de destitución a parlamentarios

Los gremios de productores agroganaderos, industriales y cooperativistas no creen que el Senado avance con el pedido de pérdida de investidura de los senadores del Frente Guasú Hugo Richer y Sixto Pereira, y del PDP Pedro Santacruz, que presentaron el viernes por las supuestas arengas de éstos en favor de más invasiones entre las familias que ocupan tierras del establecimiento ganadero Pindo, en Naranjito, departamento de Canindeyú.

Desde la asesoría jurídica de la ARP se dio a entender que la nota dirigida al presidente del Congreso Oscar Salomón no pasará del golpe de efecto, ya que consideran “muy probable” que el escrito, que lleva la firma del presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, Eugenio Schöller, de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), de la UIP Gustavo Volpe, y el presidente de los ruralistas Pedro Galli, entre otros, termine en el archivo. “Si son consecuentes deberían perder la investidura”, se limitó a decir, precisamente, Galli.

Si bien la Presidencia del Senado y la bancada de Patria Querida, que se metió de lleno en la polémica, eligieron guardar silencio sobre el tema, se descuenta que el pedido de los gremios jamás vea la plenaria, o por lo menos no de inmediato, por cuanto la Cámara se encuentra en medio de un debate dirigido a reglamentar el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura, luego de las repercusiones que tuvo el caso de Rodolfo Friedmann. Incluso, esta semana se anunció que la destitución del cartista Javier Zacarías Irún, impulsada por la bancada del ganadero Fidel Zavala, se tratará recién después de zanjar el supuesto “vacío legal” del 201, tal como anunció El Nacional el 3 de octubre.

Nota de los gremios productivos a la Cámara de Senadores sobre los hechos de público conocimiento que involucran a los Senadores Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santa Cruz. pic.twitter.com/9O7PpTjK2v

— Unión de Gremios de la Producción (@UGP_Py) October 8, 2020

El tema tomó estado público mediante publicaciones periodísticas basadas en dos videos sobre la visita de los parlamentarios a Pindó, subidos a Facebook por la Asociación de Productores “Joaju”.

Richer, Santacruz y Pereira reconocen haber visitado Pindó y Guaraní del Este, en Alto Paraná, como miembros de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, de la que Santacruz es presidente, pero niegan haber incitado crimen alguno.

El pedido de los gremios de productores a Salomón se apoya, precisamente, en estas publicaciones periodísticas que el escrito consigna incluso con nombre del medio, fechas y los números de páginas donde aparecieron.

Sin embargo, en los videos que sirvieron a estas denuncias periodísticas no se escucha a ninguno de los parlamentarios denunciados pronunciar las frases que se le adjudican, e incluso el periodista de uno de los medios que se hizo eco del tema reconoció más tarde que no estuvo en el lugar y que pudo no haber reproducido fielmente lo dicho en la reunión.

Los gremios de productores señalan, empero, que “la reunión (de los parlamentarios) con invasores o campesinos que irregularmente ingresaron en propiedades de la Agroganadera citada (Pindó), y que la ocupan hace más de 8 años, demuestran la total falta de respeto a los organismos del Estado, a los principios y normas constitucionales que establecen la división de los poderes”.

“La presencia de senadores en tierras invadidas y sus expresiones en el asentamiento, denotan o demuestran la clara aptitud (Sic) de apoyo a la invasión de tierras privadas, al invitar a la ocupación de tierras de todo el país, a la expulsión de los sojeros, y seguir luchando contra sectores empresariales como la UIP y la ARP”, agrega el escrito.

Finalmente, señala que “estos actos son intolerables y deshonran la dignidad que invisten (Sic), por lo que solicitamos al Senado de la Nación que considere los hechos referidos en el marco del artículo 201 de la Constitución Nacional como uso indebido de influencia como funcionarios públicos en apoyo de actos de ocupación ilegales (…)”.