Tránsfuga electoral genera caos en el Congreso

Un nuevo escándalo sacudió días atrás el Congreso de la Nación, considerado por algunos analistas como el peor en la historia política del Paraguay, al menos en la era democrática. Esta vez, y probablemente no sea la última, el protagonista del bochornoso episodio fue Jatar “Oso” Fernández, un tránsfuga político. El incidente ocurrió en un recinto que, en teoría, debería estar ocupado únicamente por personas brillantes, educadas, intelectuales y, sobre todo, patriotas que busquen lo mejor para la nación.

Según se pudo observar en las transmisiones en vivo de la sesión, Jatar se levantó de su curul para enfrentarse al diputado Raúl Benítez, luego de que este último se negara a firmar un documento relacionado con su proyecto “Oso Bus”. El incidente no pasó a mayores, ya que Benítez tuvo que abandonar el recinto, protegido por una de sus colegas. Ante el caos desatado, el presidente de la Cámara de Diputados llamó a un cuarto intermedio.

El transfuguismo político en este período gubernamental se ha convertido en una de las prácticas más deleznables de la historia democrática del país. Varios legisladores, incluido Jatar, ingresaron al Congreso bajo la chapa de Cruzada Nacional, liderada por Payo Cubas, pero, al jurar como parlamentarios, “vieron la luz” y se pasaron al mejor postor. No fue una decisión política ni democrática, sino motivada por intereses personales. Esto se evidencia en sus recientes actuaciones, apoyando proyectos del Ejecutivo o del movimiento Honor Colorado. No solo Jatar se alineó con el cartismo, sino también otros legisladores del Partido Liberal, quienes, por una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral, podrán regresar a su partido de origen, del cual fueron expulsados.

Ante este escenario confuso, podría considerarse una estafa hacia los electores, pues si confiaron en sus respectivos partidos, sus representantes deberían ser consecuentes y leales a sus votantes. En general, este tipo de situaciones pueden tolerarse dentro del juego político, pero lo que no se puede aceptar son los insultos, difamaciones, ataques personales y un sinfín de acciones que atentan contra la convivencia democrática. Lo más preocupante es que estos episodios se han vuelto recurrentes, especialmente con este legislador devenido en parlamentario, sobre quien pesan acusaciones de indisciplina e incluso algunas denuncias en su contra.

En contraste, ahora se plantea la posibilidad de sancionar a la senadora Celeste Amarilla por haber insultado a Antonio Barrios, un referente del cartismo, a quien llamó “perro de Cartes”. Un adagio popular acuñado durante la dictadura encaja perfectamente en esta situación: “para los amigos, todo; para los enemigos, garrote”. Mientras los excesos de Jatar, ahora aliado del cartismo, son ignorados o justificados, en cambio, la senadora Amarilla, representante de la oposición, enfrentaría sanciones. Son hechos que solo se ven en el contexto político paraguayo.

En líneas generales, el pueblo democrático debe oponerse firmemente a estas prácticas que erosionan el Estado de derecho, la convivencia democrática y el orden jurídico. Es imperativo insistir en la educación y formación cívica de la población para mejorar la calidad del próximo gobierno en 2028.

Es momento de madurar en la elección de futuros legisladores y transformar el espectro político para evitar lamentar otros cinco años perdidos, como ocurre en este período gubernamental, donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido incapaces de consensuar acciones en beneficio de la nación.

Por otro lado, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia parecen anestesiadas ante el caos reinante entre los poderes del Estado. ¿La culpa? Tal vez recaiga en estos tránsfugas que traicionaron a sus electores o, quizás, en la ambición desmedida de los actores políticos que compran conciencias. ¡Quién sabe!

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