Siguen los escándalos de tinte universitario

Los escándalos no cesan en el país situado en el corazón de América. Hace unos días, saltó el caso de los supuestos “narcouniversitarios que, por efecto cascada, afectó la “honorabilidad” de la facultad de derecho. Una facultad que por décadas está ligada al poder político del país. En tiempos pasados eran muy populares las luchas internas para lograr la conducción del centro de estudiantes, pues llegar a la presidencia de ese gremio, era un puente para ingresar al mundo de la política, y, en consecuencia, arañar el poder. En los últimos tiempos, este afán de conquistar ese gremio estudiantil se ha opacado un tanto; sin embargo, hace unos años se ha mediatizado la puja entre dos candidatos a la presidencia del centro: Alejandra Vera y Manuel Maoili. La puja la ganó Alejandra Vera. En esa parte de la historia, Maoili había acusado de “narcogremialismo” al equipo contrario, según las fuentes noticiosas de ese tiempo.

Volviendo a los supuestos “narcouniversitarios”, aún fresca la noticia, los medios bombardearon con publicaciones sobre estos jóvenes universitarios que estaban metidos en el presunto tráfico de drogas. Es lamentable que el narcotráfico haya atrapado a gente joven, a jóvenes que estaban encaminados a enderezar lo desviado que está nuestro país en cuanto a la administración de la justicia. De hecho, que no se puede poner en una bolsa todos los estudiantes de la carrera de derecho, por un grupito que se aventuró a obtener dinero rápido por medios oscuros y antijurídicos.

Uniendo los hilos de los escándalos de tinte universitario, hace unos días se visibilizó un caso que involucra a la Universidad María Serrana, en la cual se ha detectado falsificación de firmas de certificados de estudios, pasantías fantasmas en hospitales, entrega de títulos falsos, entre otras anomalías. La respuesta del decano de la universidad cuestionada, doctor Ignacio Mendoza, no se hizo esperar; acusó al presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), Narciso Velázquez, de mentiroso. El doctor Mendoza, según las fuentes noticiosas, informó que la carrera de medicina estaba en proceso de acreditación por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

El escándalo con los supuestos narcouniversitarios y el recién salido del horno, la supuesta entrega de títulos falsos a varios estudiantes de la carrera de medicina de la universidad mencionada, no es otra cosa que la realidad palpable de la situación del sistema educativo del país. Desde el nivel primario hasta el terciario está en agonía. La venta de títulos y notas, falsificación de certificados, plagios de tesis, compra de tesis, funcionamiento de carreras universitarias sin tener el mínimo requisito, cierre de instituciones que ofrecen carreras por no tener el aval legal correspondiente, en fin, una serie de hechos antijurídicos con los cuales el ciudadano común y corriente está cuasi obligado a vivir.

Causa desazón saber que las dos instituciones rectoras para el buen andamiaje de la educación superior tengan que estar en el tapete de las irregularidades. En mi inocente entender de esta problemática, me pregunto: ¿cómo se les ha pasado a estas instituciones el control férreo de esta universidad en particular, y de otras, que en el pasado han funcionado irregularmente? Se subentiende que estas instituciones tienen sus órganos de control y un equipo técnico que deben estar estirándoles las orejas a las universidades para que se pongan al día con sus obligaciones documentales.

Para un ciudadano común, hoy en día, es un sacrificio enorme ingresar a la universidad, casi un milagro es ingresar en alguna universidad nacional, amén de todo tipo de gastos que implica estudiar en una universidad: desde el cursillo de ingreso hasta la culminación de una carrera. Debido a estos obstáculos, se podría inferir, han aparecido como hongos las universidades llamadas de “garaje”, en la que, con una cuota económica y popular, cualquiera podría matricularse. Basta con pagar la matrícula y cuota para ostentar el rol de estudiante universitario. Por supuesto, que estos dardos no van hacia las universidades legalmente constituidas y certificadas, sino hacia aquellas que aún insisten en andar por el camino equivocado y amparadas por la degradación nacional que nos ha traído la corrupción generalizada.

El CONES y la ANEAES deben, imperativamente, ejercer un control más meticuloso para salvaguardar la formación universitaria del país, especialmente de las carreras que tienen que ver con la salud y la justicia. Los estamentos del gobierno, encargados de la educación del país, deben tomar cartas en el asunto y olfatear a estas instituciones para cerciorarse si realmente están haciendo bien los deberes.

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