“Mbururu”, electo senador, es condenado a 15 años por abuso sexual de una niña

Rafael Esquivel, conocido como Mbururu, fue sentenciado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual contra una menor de edad. El fallo fue emitido por un Tribunal de Sentencia luego de un juicio oral y público que concluyó este viernes. El caso, que ha generado indignación en la comunidad, se remonta a un hecho ocurrido hace varios años, cuando la víctima, entonces de 12 años, fue llevada a un motel por Esquivel con el consentimiento de su madre.

La investigación, iniciada en 2023, fue impulsada por la fiscal Vivian Coronel, quien solicitó la aplicación de la metodología de la cámara Gesell para recabar evidencia. Durante esta prueba, la víctima, ahora de 16 años, confirmó los hechos, a pesar de que en etapas previas del proceso había negado las acusaciones. Además, el examen médico forense realizado arrojó resultados positivos de violación, lo que reforzó la posición de la fiscalía.

La madre de la adolescente también fue imputada inicialmente por proxenetismo, pero fue absuelta debido a un error en el procedimiento judicial durante la investigación. Según el tribunal, no estuvo presente durante las pruebas realizadas en la cámara Gesell, lo que llevó a su liberación. Sin embargo, la adolescente declaró en una investigación paralela por violencia doméstica que su madre había denunciado a su concubino porque estaba molesta por no poder seguir lucrando con ella.

Esquivel, quien ya cumplía una condena de 10 años por coacción grave y robo agravado en un caso ocurrido en Itakyry en agosto de 2022, ahora enfrentará una pena adicional por este nuevo delito. En el caso anterior, fue identificado como el instigador de un ataque en el que 14 indígenas agredieron a una familia, incluyendo a una anciana que sufrió coacción sexual. Además, tiene otras condenas menores por coacción y resistencia en incidentes separados.

La identidad de la víctima y su madre ha sido protegida en cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la divulgación de información que pueda afectar la privacidad de los menores involucrados. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de abuso sexual y ha generado un amplio debate sobre la eficacia de los procesos judiciales en delitos de esta naturaleza.