Nayib Bukele utiliza el régimen de excepción contra sus opositores

Tras la masacre de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó, el 27 de ese mes, la suspensión de garantías constitucionales con el argumento de que la medida serviría para perseguir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a las que atribuyó la matanza. Luego, a principios de abril, el Congreso aprobó reformas a varias leyes para, dijeron los diputados oficialistas, dar al gobierno más armas con que enfrentar a las pandillas.

Las medidas cuentan con el aval de un buen porcentaje de salvadoreños de acuerdo con encuestas publicadas luego, pero han sido cuestionadas por organizaciones que velan por los derechos humanos.

“Las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador en respuesta a la ola de violencia cometida por las pandillas violan garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños”, dijo Human Rights Watch en un comunicado que publicó el 8 de abril. Las enmiendas, destacó HRW, permiten encarcelar a niños de 12 años, restringen el debido proceso y atentan contra la libertad de prensa.

Llegó, en ese contexto de pérdida de libertades civiles, el 1º de mayo, día internacional del trabajo. Organizaciones sociales críticas de Bukele, como el BRP al que pertenece Aguirre, habían convocado, semanas antes, una marcha para conmemorar la efeméride y protestar en la calle contra las medidas de excepción, que a esas alturas ya habían llevado a unas 20,000 personas a prisión.

Rolando Castro, el ministro de trabajo de Bukele, había advertido dos días antes que a quienes asistieran a las marchas del 1º el gobierno los vería como aliados de las pandillas y, por tanto, como sujetos de persecución criminal.

“Los que están convocando desde diferentes puntos serán grupos que van a marchar en defensa de las pandillas en El Salvador y el pueblo debe de tenerlo claro… son grupos vinculados a los grupos criminales en el país que están queriendo desnaturalizar el día internacional de la clase trabajadora”, dijo Castro en una conferencia de prensa el 28 de abril, la cual aprovechó para anunciar que el gobierno organizaría, en un hotel de San Salvador, en evento alternativo de conmemoración para los “verdaderos trabajadores”.

Castro es uno de los funcionarios más controvertidos del gobierno Bukele. Él mismo fue sindicalista. Saltó a la opinión pública a principios de siglo como defensor de los negocios de Enrique Rais, un empresario que maneja el tratamiento de desechos sólidos en varios municipios de El Salvador, incluida la capital, y que hoy es prófugo de la justicia salvadoreña por delitos de corrupción. Tanto Rais como Castro han sido nombrados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la llamada Lista Engel como actores antidemocráticos y corruptos.

El nombre de Rolando Castro, además, aparece en una investigación que la Fiscalía General abrió a finales de la década pasada a una red de negocios ilícitos controlada por las pandillas que operan en el centro de San Salvador. De acuerdo con una publicación del portal InSight Crime de 2020, operadores pandilleros se comunicaron con Castro y con Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Bukele, en el marco de esas operaciones.

El 8 de mayo de 2022, la advertencia del ministro Castro se hizo realidad para Giovanni Aguirre. “Después de varios registros en su casa fue detenido y no le dieron información a la familia”, confirmó a Infobae Mishelle Linares, concejal de oposición en la alcaldía de San Salvador, donde Aguirre trabajaba desde el 3 de noviembre de 2016, cuando Nayib Bukele era alcalde de la ciudad.

“La detención ocurrió después de la marcha. Habían hecho inspecciones en su casa antes de la marcha pero no encontraron nada”, dijo Linares, quien ha estado en contacto directo con la familia de Aguirre. “Estamos dando seguimiento para garantizar que los derechos laborales de él sean respetados. Es preocupante”, aseguró la concejal.

Infobae conoció, por fuentes diplomáticas, que al menos dos embajadas acreditadas en El Salvador dan seguimiento al caso de Giovanni Aguirre y que representantes extranjeros se han comunicado con el fiscal general de Bukele, Rodolfo Delgado, para interesarse por el destino del sindicalista y de otros presos cuyas capturas han sido denunciadas como arbitrarias por sus familiares.

Al de Aguirre se han sumado las capturas de cuatro sindicalistas del sector gubernamental el 17 de mayo, según denuncias públicas de las organizaciones a las que representan. A principios de mayo también habían sido capturados los sindicalistas municipales José Leonidas Bonilla Torres y Dolores Victoria Almendares Alvarado, trabajadores en los municipios de Mejicanos y Cuscatancingo, ciudades dormitorio aledañas a San Salvador.

Varias organizaciones internacionales han expresado preocupación por el alcance del régimen de excepción de Bukele, que el Congreso salvadoreño renovó a finales de abril y que se dispone a ampliar por un mes más la próxima semana, según fuentes legislativas consultadas. Amnistía Internacional y HRW advirtieron que la restricción de garantías constitucionales, además de atentar contra los derechos humanos de los salvadoreños, es una estrategia fallida en el combate a organizaciones como las pandillas.

A principios de abril, la oficina de la chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, advirtió: “Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen esos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción”.

Esta semana, además, nuevas revelaciones periodísticas confirmaron el pacto que Nayib Bukele tiene con las pandillas a las que dice combatir desde que es presidente, lo cual ha levantado interrogantes sobre el objetivo real del régimen de excepción.