Perú: medidas desproporcionadas de un gobierno sin rumbo ante protestas

La agudización de las protestas de transportistas y agricultores llevaron al Gobierno de Pedro Castillo a decretar un toque de queda, que, según expertos, es inconstitucional y revela su incapacidad para gobernar.

Un hombre que era trasladado el lunes a un hospital de emergencia de Lima murió dentro de una ambulancia debido al bloqueo de una carretera. Las vías estaban inhabilitadas por el paro de transportistas y agricultores que protestaban debido al alza de precios del combustible. El descontento social ha cumplido ya una semana, en la que han muerto cuatro personas y otras 20 han resultado heridas.

Durante el lunes circularon en redes sociales imágenes de buses de transporte público incendiados, autos particulares vandalizados, tiendas saqueadas y comerciantes desesperados. Frente a ello, casi a la medianoche, el presidente peruano, Pedro Castillo, anunció la inmovilización social en Lima y Callao desde las dos de la mañana hasta las 11:59 de la noche de este martes. Una medida que distintos sectores han criticado fuertemente por ser desproporcionada.

Las suspicacias

Sin embargo, según medios locales, los videos que mostraban buses quemados o los rumores de saqueos en la capital peruana habrían sido falsos, y se habrían compartido rápidamente para generar pánico en la población. Por ejemplo, el material sobre un bus de transporte público en llamas fue grabado en 2021. Otras de las imágenes que generaron desconfianza muestran a vándalos encapuchados saqueando negocios, llevándose artículos que no son de primera necesidad, como cajas de cerveza.

“Había un grupo pequeño de gente buscando azuzar la existencia de esos saqueos, pero todas esas informaciones fueron desmentidas. A pesar de ello, esa es la información que habría detonado la decisión presidencial de emergencia”, explica a DW José Alejandro Godoy, politólogo y docente de la Universidad Católica de Perú. Para Godoy, el problema también está en que el país se encuentra atrapado entre dos extremos: la derecha extrema, que quiere sacar de la presidencia a Castillo, y la izquierda extrema, que pide una nueva Constitución para solucionar los problemas sociales.

Los propios gremios de transportistas formales, por su parte, se han deslindado de los actos de violencia. Pero pese a los diálogos que han sostenido con el Ejecutivo aún no se ha llegado a un acuerdo. Por otro lado, llama la atención que el desborde de este conflicto social ocurra mientras se incendia el edificio de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía, donde se investiga, entre otros, actos de corrupción del actual gobierno y que el país, uno de los más golpeados por la pandemia, aún no cuente con un nuevo ministro de Salud, desde que el último, Hernán Condori, fuese censurado por el Parlamento.

Toque de queda “desproporcionado”

El hecho de que se haya aclarado la circulación de noticias falsas, sin embargo, no significa que la gente no esté molesta por el alza de los precios, que, entre otros factores, también tienen relación con la guerra en Ucrania, según Adriana Urrutia, directora de la Asociación Civil Transparencia, que trabaja por la democracia y representación política en Perú. Por ese motivo, medidas extremas como las del estado de emergencia para contrarrestar las protestas podrían provocar más caos.

“El contexto en el que se aprueba el toque de queda es poco transparente. Esta medida, sin duda, viola el derecho al libre tránsito, información, trabajo, salud y educación. La medida no se justifica a la luz de los hechos ocurridos. Y ahora ya hay gente llamando a movilizaciones para rechazar esta medida”, sostiene Urrutia. Mediante un comunicado, la organización Transparencia ha pedido al Gobierno peruano el cese de medidas que restrinjan injustificadamente los derechos ciudadanos.

Al respecto, el politólogo Godoy también opina que el toque de queda declarado por Castillo es una medida “absolutamente desproporcionada”: “Se podía tomar cualquier otro tipo de previsiones, como salvaguardar los mercados o poner mayor seguridad en las tiendas frente a estos rumores de saqueos, pero tomar una medida tan drástica, encerrando a 10 millones de personas en Lima y Callao, es prácticamente absurdo e inconstitucional”. Entretanto, la Defensoría del Pueblo de Perú presentó una medida judicial para declarar nula la inmovilización social obligatoria dictada el lunes.

Incapacidad para gobernar “evidente”

A primeras horas de este martes, el panorama en la capital parecía tranquilo y no se registraban detenciones policiales. Muchas personas se movilizaron de forma privada a sus centros laborales. Pero también hubo sorpresa y desconcierto porque muchos se enteraban apenas de la medida que fue anunciada a la medianoche. Debido a ello, en redes sociales se resaltaba que el Gobierno de Castillo no tenía capacidad para organizar y controlar “siquiera” su propia medida.

“Todo esto evidencia la incapacidad de Pedro Castillo de consolidar un gobierno. Lo que es más lamentable aún es que, con estas últimas medidas y la reacción de los ciudadanos frente a su presidente, se debilita la institución presidencial que forma parte del sistema democrático”, apunta la directora de Transparencia.

En este punto, Urrutia recuerda que su asociación, junto a otras organizaciones civiles, conformó la plataforma Vigilantes para dar seguimiento a compromisos asumidos por el presidente Castillo en la segunda vuelta electoral. A partir de esos compromisos se establecieron una serie de indicadores, como uno que está en “estado de alerta muy grave” desde el mes de diciembre: “El indicador referido a la capacidad de nombrar personas idóneas en ciertos puestos”, indica Urrutia.

Ante el llamado de distintos sectores políticos que piden con más frecuencia la renuncia de Castillo a la presidencia de Perú, los expertos consultados por DW no se niegan a esa posibilidad, pero creen, sobre todo, que es necesario tender puentes y garantizar la institucionalidad. Al politólogo Godoy, la opción del otro bando tampoco le da muchas esperanzas: “Cada vez más gente pide la renuncia de Castillo, pero el problema no se acaba con ello porque también es cierto que si uno mira hacia el otro lado -al Congreso, que ya ha intentado destituirlo dos veces- tampoco existe una figura que pueda garantizar una transición ordenada”.